La reversión en expropiación de Colonia Dignidad que abordó el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en conversación con La Tercera, ya despertó varias reacciones. Diputados de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, además del exministro de Justicia, Jaime Gajardo, ya se pronunciaron al respecto.

La decisión se enmarca en que el jefe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) planteó que el presupuesto de su cartera está comprometido en un 97% por deudas de arrastre, sumadas al recorte del 3% que Hacienda realizó en todas las carteras.

“Solamente se puede reducir nuestro presupuesto por la vía de proyectos que son faraónicos, que no se justifican, que son muy caros o extremadamente complejos”, dijo.

Es así que determinó recuperar una parte de lo que se pagó por la expropiación de la megatoma de San Antonio y echar pie atrás en la ciclovía de la Alameda, el Club Hípico de Punta Arenas, y en la expropiación de Colonia Dignidad.

Al respecto, José García Ruminot, ministro Secretario General de la Presidencia de Chile, sostuvo en Estado Nacional de TVN que “no tenemos ningún interés en no cumplir con compromisos internacionales y, por lo tanto, es estrictamente por razones financieras y, hasta donde yo sé, es solo por los meses que restan de este año”.

La determinación fue rechazada por el exministro de Justicia y militante del partido Comunista (PC), Jaime Gajardo, quien afirmó que “es una bofetada directa a la memoria de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la ex Colonia Dignidad”.

Asimismo, las bancadas del Partido Socialista (PS) y el Frente Amplio (FA) compartieron, cada uno por su lado, declaraciones en que señalaban su rechazo ante este anuncio por parte del secretario de Estado.

Por un lado desde el PS pidieron al Presidente Kast y al ministro de Justicia, Fernando Rabat, referirse a esta decisión y también llamaron al Gobierno a dialogar y considerar el dolor de las víctimas.

El FA en tanto emplazó al Gobierno a reconsiderar la decisión anunciada por el ministro Poduje y continuar con el proceso de expropiación.

Parlamentarios cruzan opiniones

La diputada Gloria Naveillán, del Partido Nacional Libertario (PNL), quien preside la comisión, respaldó la medida y planteó que lo primero es la reconstrucción en Viña del Mar y Biobío, y responder a quienes llevan mucho tiempo esperando viviendas. “El ministro tiene toda la razón en priorizar qué es más importante y qué va primero”, subrayó en diálogo con este medio.

“Tú no puedes pretender gastar aproximadamente $47.000 millones en un sitio de memoria, donde hay que financiar primero los estudios, la factibilidad técnica, un montón de cosas, antes que usar esa plata en construir o reparar una cantidad no menor de viviendas. Lo mismo corre para el tema de Punta Arenas, lo mismo corre para la ciclovía”, afirmó.

Al ser consultado por la prensa por esta misma situación, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero dijo que “todas aquellas malas medidas que tomó el gobierno anterior que dicen relación con gastos hay que revisarlas”.

Romero dijo que esto entra en el marco de los recortes que todo ministerio debe hacer a solicitud del Presidente y que “hay muchos gastos que se están haciendo y que van a influir en algunos temas que son sensibles para uno y para otro”.

Igualmente, la diputada Ximena Ossandón, de Renovación Nacional (RN), sostuvo que participó de la comisión cuando se recibieron a ambas partes involucradas en el proyecto de expropiación.

“Yo creo que a eso hay que darle una vuelta. Una cosa es expropiar todo el terreno y otra cosa es expropiar la parte más simbólica, más histórica. Me parece bien que se revise, pero tuvimos harta discusión en la comisión de Derechos Humanos, no era un tema tan zanjado y te diría que fue bastante impuesto”, comentó la parlamentaria oficialista.

“Se reversa, eso es lo que yo entiendo, porque se va a revisar y hoy tenemos poca caja, entonces tenemos urgencias que probablemente ese presupuesto se va a tener que reasignar”, añadió.

Por su parte, el diputado Raúl Leiva, del Partido Socialista (PS), hizo hincapié en el plano comunicacional del gobierno de José Antonio Kast: “Se nota que están en problemas, el propio ministro de Vivienda recibe críticas por la forma de enfrentar y coloca otro tema sobre la mesa para ir desvirtuando las problemáticas que tiene el Gobierno”.

“Es curioso que solo le afectan las arcas fiscales y se sacrifican programas sociales, programas para perseguir el crimen organizado”, señaló la diputada Lorena Pizarro (PC), ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

“No me extraña; borrar la brutal historia de la dictadura civil militar es uno de los objetivos, no me cabe duda, de este gobierno, además defensores del pinochetismo”, añadió Pizarro.

El diputado Carlos Cuadrado Prats, del Partido por la Democracia (PPD), sostuvo que “revertir la expropiación de Colonia Dignidad no puede justificarse con una planilla Excel ni con una comparación presupuestaria”.

El parlamentario del PPD agregó además que reducir un lugar a costo de tasación es desconocer el valor inmaterial de la justicia y la memoria. “Lo que ha hecho el ministro Poduje, por orden del inefable ministro Quiroz, no es solo una decisión administrativa: es una señal política y moral profundamente equivocada”, amplió.

“Es muy lamentable conocer por la prensa de una decisión tan relevante como la que describe el Ministro de Vivienda en cuanto a dejar sin efecto los decretos de expropiación de Colonia Dignidad”, declaró el diputado independiente con cupo del Frente Amplio, Roberto Celedón.

“Lo correcto es primero informar a las organizaciones de derechos humanos y a los familiares de las víctimas de Colonia Dignidad de tal decisión”, agregó.

Carolina Tello, expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, manifestó que “revertir la expropiación no es un trámite administrativo: es una señal política que minimiza lo ocurrido y que golpea directamente a la memoria de las víctimas y de todo nuestro país".

“Cuando el gobierno plantea que gobernar es priorizar, aquí queda claro el criterio. Se están poniendo en juego los números por sobre la justicia, la reparación, la memoria y las personas”, añadió.