El plan de Piñera para controlar las expectativas

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El Presidente Sebastián Piñera y el titular de la Segpres, Gonzalo Blumel.

Con el objetivo de evitar abrir flancos, la segunda administración de Sebastián Piñera ha apostado por una estrategia legislativa acotada, sin grandes anuncios. Un diseño que, sin embargo, se ha visto amenazado en los últimos días con una agenda dominada por temas que no estaban en el plan original del gobierno.


"No pueden cobrarnos de nuevo que no acabamos con la delincuencia o la puerta giratoria". Esa es una frase que se repite a menudo al interior del gobierno del Presidente Sebastián Piñera para referirse a la estrategia comunicacional que están impulsando.

La frase hace alusión a una de las grandes promesas de la primera administración de Piñera, en 2010, que finalmente no pudo cumplir y que durante la pasada campaña presidencial -recuerdan en su entorno- fue una de las preguntas más recurrentes.

En ese sentido, uno de los acuerdos que se adoptaron para esta segunda administración -y que se comenzó a implementar durante la campaña para las últimas elecciones- es no realizar grandes promesas para evitar generar muchas expectativas en la ciudadanía. "Hay que mantener las expectativas bajas", afirma un ministro, dando cuenta de este diseño, que ha sido conversado entre los integrantes del comité político.

En el Ejecutivo, sin embargo, comentan que cumplir con ese objetivo no es algo simple, sobre todo porque gran parte de la ciudadanía -dicen- tiene la impresión de que "Piñera solucionará la mayoría de los problemas".

Las mismas fuentes ponen como ejemplo para graficar esta situación que más de un 50% de los encuestados de la medición de Cadem divulgada el lunes 19 de marzo cree que se van a cumplir las promesas de duplicar el crecimiento, reformar el Servicio Nacional de Menores (Sename) y modificar la actual ley de migraciones. De hecho, según la última encuesta divulgada por la misma firma, un 66% de los entrevistados cree que al gobierno le irá bien o muy bien. Y un 69% cree que el país va por buen camino.

Por esta razón, y para evitar "abrir flancos" y cuestionamientos de la oposición, el gobierno ha optado por no hacer grandes anuncios ni ingresar una batería de proyectos de inmediato al Congreso. Así, hasta ahora, han trabajado sobre iniciativas que ya están en el Parlamento, por ejemplo, la que reforma el Sename y el proyecto de migraciones, entre otros.

Asimismo, en los últimos días el Ejecutivo ha informado 19 urgencias legislativas para distintos proyectos. Sin embargo, todas -a excepción de la propuesta que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil (que tiene urgencia suma)- han sido urgencias simples, es decir, aquella que otorga un plazo de 30 días para que sea completamente despachado un proyecto desde la cámara respectiva.

La situación contrasta con el diseño implementado en el gobierno de Michelle Bachelet: la instalación en el Parlamento y en la agenda pública de reformas estructurales que coparon el debate y que fueron -algunas de ellas- tratadas de manera simultánea, lo que generó fuertes críticas de la entonces Nueva Mayoría.

Junto con eso, el Ejecutivo ha puesto énfasis en la coordinación al interior de Chile Vamos y en llamar a cinco grandes acuerdos nacionales (seguridad ciudadana, infancia, paz en La Araucanía, desarrollo económico y salud).

Uno de los grandes desafíos -afirman- es "partir por casa", es decir, persuadir primero a su coalición sobre la necesidad de estar alineados respecto de los diferentes proyectos de ley, para después de eso construir una agenda con los distintos sectores.

Así, de hecho, lo han solicitado en las últimas semanas algunos dirigentes de Chile Vamos.

Flancos inesperados

Sin embargo, pese a este diseño, no han sido días fáciles para el gobierno. Su estrategia de evitar abrir flancos se ha visto empañada por diversos factores. Uno de ellos es que ya debieron enfrentar las primeras críticas de la oposición, bloque que ha cuestionado el diseño detrás de los acuerdos propuestos por Piñera. Esto, principalmente por la modificación que hizo el Ejecutivo del protocolo de aborto en tres causales y porque el Jefe de Estado firmó -durante su visita a La Araucanía, el viernes pasado- indicaciones para modificar la Ley Antiterrorista.

Sobre eso último, en el gobierno argumentan que ese punto quedó fuera de los grandes acuerdos de seguridad ciudadana y paz para esa región, porque reconocen que hay diferencias ideológicas en la materia, lo que podría hacer peligrar las otras áreas en las que buscan consenso. Además, recalcan que no cederán en su programa de gobierno y que son sólo cinco las áreas de acuerdos nacionales. Pese a eso, algunos en el gobierno no evaluaron bien la puesta en escena del anuncio sobre la Ley Antiterrorista y afirman que "los cambios se comieron los otros temas ligados al desarrollo económico y social de la zona".

Otro asunto que generó críticas al gobierno fue la postura adoptada tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que se pronunció en contra del Artículo 63 del proyecto de educación superior, punto que prohibía inicialmente lucrar a los controladores de los planteles. Si bien la decisión del organismo es autónoma del Ejecutivo, la situación fue aprovechada por la oposición para pedir desde ya un acuerdo nacional que incluya reformular las atribuciones y composición del TC, incluso condicionando sumarse a otros acuerdos si no se avanza en esa materia. Sin embargo, el jueves pasado el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que ese tema no se vería inmediatamente. "El Presidente lo ha dicho: hay que ir priorizando, y la prioridad va a estar por los temas más urgentes y exigentes por parte de la ciudadanía", dijo.

De igual manera, el Ejecutivo también ha debido contener las críticas de su propia coalición por las diferencias que ha provocado la idea del Mandatario de sacar adelante el proyecto de identidad de género y el debate que se ha generado respecto de si incluir o no a menores de edad en el cambio registral de sexo.

No obstante, en La Moneda también remarcan que existe otro factor detrás del diseño de no elevar las expectativas de lo que podrá hacer este gobierno: el déficit fiscal. "Tenemos que cumplir con la promesa de duplicar el crecimiento", dicen en Palacio. Y advierten que si no se consigue eso, no podrán cumplir con todos los compromisos.

Por eso mismo, dicen que también se ha puesto énfasis en que el programa de gobierno tiene varias ideas "a ocho años", recalcando que hay iniciativas que son a largo plazo. Esto cumple un doble objetivo: no concentrar todas las expectativas en lo que se pueda lograr durante esta administración y, de paso, proyectar políticamente a Chile Vamos para un nuevo gobierno.

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