El pasado 17 de enero comenzó una racha de incendios en la región del Ñuble y Biobío que arrasó con más de 34 mil hectáreas y dejó -hasta la fecha- a 21.708 damnificados entre ambas regiones, 21 muertos y 3.266 viviendas destruidas.

Actualmente, la región más afectada es Biobío, concentrando 31.826 hectáreas quemadas, lo que corresponde a un 92% del total. Mientras que en Ñuble se han quemado 2.591 hectáreas. Respecto a las viviendas destruidas, 2.965 del total son del Biobío y 301 son de Ñuble. Esto es en base a los catastros de Conaf y Senapred, los cuales se actualizan a diario.

Una de las incógnitas sigue siendo el costo de la reconstrucción. Esto, porque el gobierno todavía no entrega un balance oficial. Por eso, Pulso consultó al exdirector de Presupuestos y académico de la Universidad de Los Andes, Matías Acevedo, quien cifró de manera preliminar que el costo de la reconstrucción será entre US$450 millones y US$500 millones, asumiendo un aporte por vivienda de entre UF 1.300 a UF 1.600.

Esta cifra va en línea con los cálculos que entregó el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien señaló al Mercurio que estará entre US$300 millones y US$ 600 millones.

Se trata de una cifra preliminar dado que tanto Senapred como Conaf siguen actualizando sus cifras mediante el trabajo en campo y las fichas 2 y FIBE, desarrolladas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Desarrollo y Familia, respectivamente.

Financiar la reconstrucción

Una de las interrogantes que se mantiene presente en la discusión son los recursos para el financiamiento. Esto porque no están claros en el Presupuesto. De acuerdo a la economista de Libertad y Desarrollo (LyD), Macarena García, plantea que debería ser “con reasignación importante de partidas menos prioritarias”.

Asimismo, la economista añadió que “no creo sea necesario recurrir al 2% constitucional, ya que el nuevo gobierno se ha comprometido en cumplir con las metas de balance estructural que se imponga. Ahora bien, dado que no hay glosa republicana y que además se requerirán recursos adicionales para financia el reajuste del sector público, tendrán que hacer reasignaciones importantes”.

Si bien García plantea que “hay espacio para reasignaciones, es un gran trabajo identificar dónde cortar sin generar efectos indeseados en aquellos apoyos que se estima se seguirán dando a las personas”. En todo caso, García acota que “por lo que se ha sabido, llevan un tiempo largo analizando este punto por lo que me imagino tienen elegidas las partidas”.

Acevedo menciona que “en general esto se financia de resignaciones. El presupuesto es bastante flexible. Hay un porcentaje de emergencia que pueden ocupar los gobiernos regionales”.

Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, asevera que “hay diversos esquemas para financiar la emergencia y el proceso de reconstrucción. El gobierno central activo el uso del Fondo Nacional de Reconstrucción, sumado a medidas de carácter tributario, así como recursos regionales provenientes del GORE del Bio Bio, dónde estas suman $35 mil millones. Sin embargo, dado el tamaño de la zonas afectadas, es previsible que dichas medidas sean insuficientes y sea necesario implementar reasignaciones presupuestarias”.

Sin embargo, Ortiz afirma que “para esto último no se han anunciado en forma concreta las medidas de resignación. En este sentido, dado el alcance de la tragedia, tal como expuso la Dipres sobre los diversos mecanismos para financiar el reajuste del sector público, también es pertinente indicar el proceso concreto de reasignaciones en el corto plazo.

Plan de ayuda inmediata

El presupuesto de 2026 contempla, según lo estipulado en el artículo 40 de la normativa, un Comité de Ayudas Tempranas integrado por la Subsecretaría de Servicios Sociales y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (o Senapred).

Este comité tiene por objeto proponer un plan del Gobierno Central en ayuda inmediata a los afectados. Este plan debe ser presentado posteriormente a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para aprobar su financiamiento.

En base a esa normativa se entregó el bono de Recuperación, el cual se divide en dos tramos, $1,5 millón por afectación alta y $750.000 por afectación media, totaliza $4.886 millones, los cuales serán distribuidos entre 3.372 hogares afectados por la catástrofe.

Frente al desastre, el gobierno reactivó también el Fondo Nacional de Reconstrucción, creado en 2010 y que se alimenta a través de donaciones privadas de personas y empresas, las cuales cuentan con beneficios tributarios. No es un fondo que reciba directamente dineros fiscales.

Dicho Fondo podrá recibir aportes por un periodo máximo de 2 años, y las donaciones podrán acogerse a los beneficios establecidos en la Ley 20.444, ya sea en forma de créditos o gastos aceptados para efectos tributarios.

Cabe mencionar que este fondo ha sido abierto en otras ocasiones como lo fue para las lluvias de 2023 que afectaron a 1.055 viviendas tanto de la Región Metropolitana como de Biobío. La recaudación total fue de $648.554.289, canalizado a través de reasignaciones internas del Fondo, donaciones en especies y aportes monetarios genéricos y específicos.