Un gran paso dio este miércoles el proyecto de ley de permisos sectoriales, más conocido como permisología. La iniciativa que ingresó a discusión legislativa en marzo del 2024 superó la Comisión de Hacienda del Senado y la despachó a la sala del Senado.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Economía, busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales. La iniciativa apuesta por una simplificación y modernización de los procesos administrativos, sin comprometer los estándares regulatorios vigentes.

La propuesta legislativa incorpora diversas medidas orientadas a agilizar y hacer más eficiente la tramitación de autorizaciones sectoriales. Entre las más relevantes, destacan: habilitación de declaraciones juradas y avisos en casos de bajo riesgo, lo que simplificará procesos para trámites menos complejos.

También habrá una aplicación del silencio administrativo, estableciendo plazos máximos para la resolución de solicitudes, con el fin de evitar demoras injustificadas y normas de procedimiento claras, que facilitarán la predictibilidad y la certeza jurídica para quienes requieran permisos.

Estas medidas buscan dinamizar la economía y fomentar la concreción de proyectos de inversión, tanto públicos como privados.

Al término de la sesión, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Ximena Rincón, (Demócratas) afirmó que “hemos terminado de tramitar el proyecto de permisos sectoriales que es tan importante para poder avanzar en sacar adelante muchas iniciativas que por exceso de trámite de permisos se han demorado o ralentizado. Esto además hay que analizarlo a la par de la ley que reformula la evaluación de impacto ambiental que esperamos comenzar a verlo la próxima semana”.

La senadora destacó como un cambio relevante dentro de la tramitación en esta instancia “es el hecho de que no se podrá volver a pedir un certificado o permiso adicional a materias que ya se vieron por el lado de los permisos ambientales”. Mencionó además que “habrá responsabilidad de los privados y de los funcionarios públicos cuando se mienta en las declaraciones juradas”.