Ciudad está en crisis

La crisis institucional de nuestras ciudades no da para más. Ejemplos que vemos en la hiperdensidad de los llamados "guetos verticales", el deterioro del transporte público y el incremento del transporte privado, los proyectos de infraestructura postergados o en conflicto, la inaceptable segregación social de miles de familias o la persistente contaminación ambiental, son solo los síntomas de la enfermedad política de nuestras ciudades. 

Durante años, la urgencia de dar respuestas a estos síntomas nos llevó usar las herramientas públicas que disponíamos. Pero por más creativos que fueran los planes, normas, programas o proyectos sectoriales, los problemas no se han reducido.  Por el contrario, en muchos casos nuestras políticas habitacionales, de transporte o infraestructura tuvieron efectos secundarios tan graves como la propia enfermedad.

A pesar de los notables avances sociales y económicos del país, nuestras ciudades están enfermas debido a nuestra miopía para comprender la íntima relación entre las principales demandas sociales de los ciudadanos y el desarrollo de sus ciudades. Por eso, no sería extraño, que para variar estas nuevas demandas por calidad de vida urbana queden reducidas a un par de párrafos, o peor aún,  a medidas coyunturales, en los programas de los candidatos presidenciales.

Con esta preocupación, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, entidad asesora presidencial público-privada, ha impulsado consensos político y técnicos de largo plazo, para implementar cambios de fondo al gobierno, planificación y gestión de las ciudades chilenas, que redunden en mejoras tangibles y sostenibles en calidad de vida.

Estos consensos valoran los notables avances de nuestras ciudades en las últimas décadas, pero reconocen que la forma de gobernar y planificar nuestras ciudades se basa en un marco institucional y sectorial de más 50 años que se encuentra completamente obsoleto. Por eso las medidas coyunturales ya no dan resultado y requerimos de voluntad política y un acuerdo nacional para impulsar las dos grandes reformas urbanas postergadas: Gobiernos Metropolitanos y Planificación Urbana Integrada.

En primer lugar, priorizar y perfeccionar las reformas institucionales para la creación de Gobiernos Metropolitanos, otorgándoles todas las competencias para guiar en forma participativa el desarrollo de sus territorios. Dos de cada tres chilenos viven dependen del desarrollo de nuestras diez áreas metropolitanas. Estas ciudades están expuestas a una alta fragmentación municipal, dispersión de políticas sectoriales y las mayores desigualdades en calidad de vida. En segundo lugar, urgen dictar en una nueva Ley General de Planificación Urbana, que termine la dispersión de potestades legales, y nos dote de modernos instrumentos integrados para gestionar y planificar nuestras ciudades, que supere los obsoletos planes reguladores, amplié los mecanismos de financiamiento urbano, regule los mercados de suelo y terminen con la descoordinación entre proyectos de infraestructura, transporte o vivienda.

Tenemos la esperanza que nuestras propuestas puedan transformarse en la hoja de ruta del Estado chileno más allá del Gobierno de turno, ya que éstas son producto de un consenso político para impulsar reformas urbanas que se traduzcan en mejorar en forma equitativa la calidad de vida de todos los que habitamos las ciudades, pues la ciudad es de todos.