Educación Superior: una discusión decepcionante

*Esta columna fue escrita junto a: José Antonio Guzmán, Rector Universidad Los Andes; José Rodríguez, Rector Universidad Andrés Bello ; Cristián Nazer, Rector Universidad Finis Terrae; Federico Valdés, Rector Universidad del Desarrollo.

TRAS CASI un año desde su presentación, la tramitación del proyecto de ley de educación superior parece estar llegando a su fin en la Cámara de Diputados. Desde nuestra perspectiva como instituciones privadas -reconocidas por nuestros estudiantes por su calidad y aporte a la sociedad, y por la diversidad de nuestros proyectos educativos- hacemos una síntesis de esta iniciativa y su tramitación antes de que su discusión prosiga en el Senado.

Las características del proyecto se han mantenido más o menos estables tras las múltiples indicaciones. En particular, la persistencia en hacer de la gratuidad universal del pregrado el comienzo, centro y fin de toda discusión al respecto. Una obsesión que ha llevado a perder la oportunidad histórica de mejorar nuestro actual sistema de educación.

A esto se suma el debilitamiento de la autonomía de las instituciones, mediante el aumento del control estatal en elementos que le son ajenos, como el sistema de admisión y fijación de vacantes y aranceles. Además, el proyecto ha mantenido (y extendido) los privilegios de ciertas instituciones -algunas entre las de menor calidad del sistema acreditado- incurriendo en discriminaciones arbitrarias contra nuestros estudiantes. El paso del proyecto por la Comisión de Educación tuvo pocas consecuencias en estos ámbitos. Las audiencias, de las cuales participamos y seguimos, destacaron por su tono crítico. Sin embargo, muy pocos de los comentarios expuestos fueron considerados. Solo se admitieron las visiones de los rectores del Cruch y, en consecuencia, las indicaciones introducidas por el gobierno se limitaron a hacer eco de las presiones de sus universidades.

Un ejemplo concreto es que los aportes basales, que eran reemplazados en el proyecto original por un esquema de financiamiento más razonable y moderno, se mantienen. Pero el aspecto que más llama la atención, es que la comisión dedicó poco y nada de tiempo en discutir la situación y el impacto del proyecto en las instituciones privadas creadas después de 1981, que en su conjunto reúnen más del 70% de la matrícula.

¿Cómo puede una iniciativa que pretende ser una "ley marco" excluir a la mayoría de los involucrados? La máxima expresión de esto es la eliminación, sin reemplazo cierto, del Crédito con Aval del Estado que, si bien puede ser mejorable, es la única herramienta de financiamiento estatal disponible para todos, y que ha permitido ampliar la cobertura de la educación superior.

El paso del proyecto por la Comisión de Hacienda destacó por su premura. Es lamentable que una iniciativa enfocada casi totalmente en el financiamiento y que en régimen le costará al fisco cerca de 1,5% del PIB, se haya discutido en tan solo una semana. Por cumplir plazos irracionalmente cortos, se corre el riesgo de no realizar un análisis responsable y sopesado del impacto fiscal por quienes están llamados a hacerlo. Esto es aún más grave cuando la gratuidad universal está diseñada de tal manera que compromete fuertemente el gasto público futuro. Sin duda, este proyecto merecía una discusión mayor respecto de los recursos asignados.

Por desgracia, todo lo anterior hace improbable que el proyecto mejore en el corto plazo. De esta manera, nuestra esperanza está puesta en el Senado, donde esperamos se consideren las distintas visiones, se sopese de forma responsable el impacto en el erario fiscal, se eliminen discriminaciones arbitrarias y, ojalá, se pueda volver a reflexionar sobre cómo seguir trabajando hacia un mejor sistema de educación superior sin volver atrás en lo avanzado.