¿Es ésta la reforma que necesitan las universidades estatales?

Las universidades estatales todavía esperan por una reforma a su marco regulatorio. La mayoría es gobernada por los mismos estatutos que les fijó el general Pinochet, cuando el sector era diez veces más pequeño y la profesión académica y las instancias de representación estudiantil eran sujetas a un férreo control gubernamental. El gobierno universitario era ejercido por rectores militares, el financiamiento no había sido diversificado (en múltiples líneas independientes) y la competencia por prestigio no cumplía un papel importante en la operación de estas instituciones. Sin embargo, es útil notar que la reforma de 1981 no sólo definió los estatutos de las universidades estatales, sino que también fijó el tipo de relación que emergería entre el Estado y sus instituciones formativas de nivel superior. Siguiendo la recomendación de Bruce Vogeli, se impuso el criterio que el Estado debía ser muy estricto con sus universidades, para evitar su expansión descontrolada a costa del sector privado y el erario nacional.

La ausencia de una agenda que permitiera reconfigurar esa relación ha sido la constante durante los años siguientes. El último esfuerzo sustantivo de reforma – el proyecto de ley de 1997 – no tuvo ningún destino. En la mirada del ejecutivo, la culpa fue de las universidades: no fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre un modelo común de estatutos. Desde entonces, y a falta de un modelo de gobernanza común, los gobiernos han insistido en aplicar un modo de relación con todo el sector que presta poca atención a las universidades estatales a la vez que enfatizan un trato "igualitario" para todas las instituciones de educación superior, dentro del contexto competitivo que han contribuido a crear las políticas públicas. Esa consistencia discursiva, sin embargo, no se aviene bien con los múltiples controles que se imponen a las universidades del Estado.

La administración de la Presidenta Bachelet apuesta hoy por una nueva reforma, pero su avance es incierto pues ella es resistida desde las universidades estatales. Amparadas en la defensa de su autonomía, las comunidades académicas no quieren adecuar su estructura de gobierno a una mayor injerencia externa, en particular, desde el mundo político y la industria. También se oponen a que los funcionarios del gobierno y los partidos tengan mayores atribuciones explícitas para el desarrollo de nuevas políticas universitarias. Por su parte, los rectores y directivos celebran discretamente la posibilidad de ser liberados de los controles burocráticos, tanto administrativos como financieros, que afectan su propia gestión.

Este modo de discusión de la reforma de las instituciones del Estado – que coloca al frente el interés de cada universidad – ha postergado un análisis más global sobre el sentido (y posibilidades) que puede tener esta iniciativa para fortalecer la educación superior pública. Por lo pronto, no define el lugar que las universidades estatales deben ocupar en el sector. Esto es importante porque, en menos de tres décadas, ellas pasaron de tener más del 80% a menos del 20% de la matrícula a nivel nacional a medida que el sistema se expandía de la mano de una provisión privada pobremente regulada. Vale la pena notar que el actual proyecto de ley no aspira a generar nuevas estructuras ni producir recursos, como la renovación y ampliación de las plantas docentes, para expandir la oferta académica estatal.

Por el contrario, la iniciativa legal en trámite en la Cámara de Diputados parece buscar una competencia más justa entre todas las instituciones, aligerando el control administrativo sobre las universidades públicas. Eso, que en el corto plazo puede ser útil para que ellas mejoren su posicionamiento, también conlleva riesgos sistémicos importantes. Exacerbar la competencia en un sector tan competitivo como la educación puede acarrear nuevos problemas de corrupción. Especialmente, cuando la matrícula total se contrae en 2017 por primera vez desde la reforma de 1981, como reporta INDICES del CNED. A su vez, un renovado énfasis en la competencia puede desincentivar la colaboración entre universidades y al interior de ellas, limitando un uso más eficiente de los recursos que el país invierte en educación superior.

Por otra parte, el proyecto desdibuja la identidad de las universidades estatales y la función que cumplen en el sector. ¿Están llamadas a ser instituciones de referencia, centradas en el desarrollo de la ciencia y la tecnología? ¿Deben ser la guía que oriente el desarrollo de los procesos formativos de las nuevas universidades privadas? Si el objetivo consiste en que las universidades estatales ocupen un nicho de excelencia (aunque acotado) dentro del sector, la principal consecuencia de la normativa propuesta será que el acceso masivo a la educación profesional y técnica quedará reservado para las instituciones privadas de absorción de demanda, sin ningún contrapeso desde lo público. Los gobiernos deberán confiar que la regulación será suficiente para evitar el desbande de la oferta privada. Difícilmente tendrán otra alternativa, aunque la experiencia acumulada por las agencias de evaluación de la calidad sugiera que este resultado es bastante incierto.