Gratuidad universal

EL GOBIERNO de la Nueva Mayoría ha concebido "el programa" como sagrado y por lo mismo, como un compromiso intransable. Aunque los recursos no existan. Aunque la mayoría de los sectores involucrados no quede conforme. Aunque surjan otras prioridades. La tónica ha sido usar la mayoría circunstancial en el Parlamento, para sacar adelante las reformas a como de lugar. Esa es la sensación que queda. Y, al menos en la Cámara de Diputados, el gobierno ha tenido éxito. La aprobación de la gratuidad universal es un triunfo para la Presidenta Bachelet.

El problema es que está por verse si, tal como está saliendo la reforma de su primer trámite legislativo, tendrá las consecuencias que se espera de ella: la educación superior será un derecho social garantizado para todos y todas, con el objetivo de lograr la igualdad que la inspira.

¿Cumplirá la gratuidad universal esa expectativa?

Nadie podría objetar que para el 50% o 60% de estudiantes más vulnerables, la gratuidad es un beneficio enorme. Los quintiles de más bajos ingresos accedían a becas con aranceles de referencia que no cubrían el costo de las carreras y debían endeudarse para cubrir el total. Muchas familias quedarán liberadas de pagar la educación de sus hijos y muchos estudiantes de pagar un crédito posterior a su egreso.

Pero también está el otro lado de la medalla. Hay instituciones de educación superior que se han incorporado a la gratuidad que reciben ingresos menores por los estudiantes con gratuidad y tienen déficit que no saben si van a poder solventar si siguen aumentando los alumnos con gratuidad. En el 2017, al menos 15 instituciones han tenido déficit que, en conjunto, suman $20 mil millones y con el aumento de la gratuidad al 60% será aún mayor. Por este motivo, muchas universidades deciden no incorporarse a ella. Otras, reportan déficit que -como han señalado rectores de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado- les impedirán mantener los estándares de calidad que se han propuesto.

De allí que no esté para nada garantizado el objetivo de la igualdad. Al contrario, las brechas podrían agrandarse. Si el sistema no incluye a todas las instituciones a la gratuidad, seguirán existiendo instituciones para los más ricos e instituciones para los más pobres. Con el agravante de que las que la asuman puedan deteriorar su calidad y que, quienes no lo hagan, pierdan alumnos de los quintiles más pobres. O sea, la segregación podría llegar a ser mayor.

Por último, ¿qué sentido tiene dejar comprometida la gratuidad universal para los próximos decenios? Vale comentar que el costo de la gratuidad en el 2017 es de US$ 1.200 millones para 44 instituciones. El aumento al 60% puede ir entre US$ 200 millones sin aumentar instituciones y US$327 millones más si entran nuevas instituciones.

Por lo tanto, se trata de una reforma que tiene un enorme costo. Lo sensato será evaluar los efectos de su implementación antes de comprometer lo que puede ser una ilusión cara e injusta con otras necesidades urgentes del país.