Políticas de Educación Superior y la economía del pub

La economía del pub es una noción planteada por el economista Lorraine Dearden, de University College London. Alude a una institución británica, donde cualquier persona puede venir, beber alcohol y conversar, a menudo a voz en cuello. Por eso, el concepto se refiere a la posibilidad de expresar opiniones, sin necesidad de mucha justificación. Dentro de él, las políticas públicas se justifican en axiomas genéricos, más que en estudios detallados y rigurosos, desentendiéndose de los principios constitutivos de la ciencia económica. Así, se renuncia a un  análisis de los factores y procesos específicos que están en la base de las situaciones que las políticas buscan intervenir. Más bien, enmascara las preferencias ideológicas de los economistas que participan de ella. Sus efectos tampoco parecen neutros: muchas veces implican un aumento innecesario de los subsidios públicos o una mayor ineficiencia del gasto fiscal.

La educación superior chilena ha sido un territorio fértil para la economía del pub. Tómese, por ejemplo, el desarrollo del sector lucrativo. Algunos círculos económicos sostienen que amplía la competencia y multiplica las opciones para las familias, si ofrece educación de calidad. Además, ha sido naturalmente acomodado dentro de la educación terciaria. Así ha ocurrido, también, en otros países de la región, como Brasil, Colombia y Perú. Sin embargo, distintos estudios y reportes sugieren que el resultado de estas acciones refleja una realidad más compleja.

El modelo de negocios de las instituciones lucrativas y las dificultades asociadas a su regulación han planteado dudas entre los economistas especializados en el tema. Países como Australia y Nueva Zelanda, que se abrieron a la provisión lucrativa, también han ido cambiado de opinión. ¿Cuál es la explicación? Para ser rentable, el sector lucrativo necesita ser masivo y, por eso, apunta a estudiantes no tradicionales. El problema es que la sustentabilidad de su operación de largo plazo depende de asegurar flujos de ingresos estables, lo que resulta difícil, cuando éste se concentra en estudiantes de primera generación o de bajo (o variable) nivel de ingresos, como ha sido la norma durante las últimas décadas.

Por eso, estas instituciones han explorado otra solución: han conseguido que los gobiernos las incorporen a los sistemas estatales de ayudas estudiantiles, bajo la promesa irresistible de expandir rápidamente la participación en educación superior. Eso les permite cobrar aranceles altos, cuyo pago se difiere en el tiempo, una fórmula atractiva para los estudiantes no tradicionales, como ha descrito Stephen Hunt, del Centre for Global Higher Education.

Con todo, los sistemas de fiscalización y control que se han implementado para moderar al sector lucrativo han sido débiles, susceptibles a la presión política y extremadamente formales. Por eso, no necesita una inversión intensiva en recursos educacionales, no tiene que hacerse cargo de los significativos niveles de abandono académico que presentan,  ni debe responder por las dificultades para encontrar empleo que enfrentan muchos graduados. Un completo reporte del senado norteamericano, de 2012, detalla esos y otros serios problemas que  ha causado este sistema y que resuenan en muchos países en desarrollo.

¿Cuál es, entonces, el efecto de las políticas que favorecen la expansión del sector lucrativo? En general, han producido un aumento explosivo del gasto público en educación superior que, a su vez, ha ayudado a engrosar explosivamente los resultados bursátiles de las corporaciones transnacionales que lo sostienen, como describe en detalle Suzanne Mettler, de Cornell University. Es interesante constatar que la pregunta sobre la eficiencia de este mayor gasto queda muchas veces escondida, pues la discusión pública tiende a concentrarse en cuanta más gente entra a la educación superior y no se enfoca propiamente en cuantos nuevos graduados se producen ni los empleos que obtienen ni la remuneración que logran en el largo plazo.

En Chile es casi un lugar común notar que más del 85% de la matrícula terciaria está distribuida en instituciones privadas, muchas de ellas lucrativas. Menos se repite que ese es el resultado de una política pública de ayudas estudiantiles orientada a producir una rápida expansión de la tasa de participación a través de la provisión privada: el Crédito con Aval del Estado. Como consecuencia, el gasto público en educación superior se ha expandido explosivamente durante la última década y la mayoría de ese nuevo gasto ha ido a parar a manos privadas fuera del CRUCH. Según datos de la DIPRES, el 67% de los recursos públicos destinados a créditos estudiantiles tuvieron ese destino en 2015. Sin embargo, no sabemos con certeza si esa tremenda inversión está contribuyendo a mejorar la vida de las personas.

Ahora, que se acerca la discusión de la Ley de Presupuestos 2018, y se anticipa un encendido debate sobre la gratuidad, sería muy oportuno que los miembros de la profesión económica local hicieran un serio esfuerzo por informar sobre el debate de las políticas públicas con mejor evidencia y análisis más completos. El interés del país y las futuras generaciones demanda ir dejando atrás la economía del pub.