Reforma de mal aspecto

EL GOBIERNO consiguió que el Senado aprobara una reforma constitucional que, en apariencia, establece la elección de intendentes, que históricamente han sido los representantes del presidente en las regiones. En realidad, los intendentes pasarán a llamarse delegados presidenciales, y lo que hace la reforma es crear una autoridad paralela, el gobernador regional, que será elegido por los ciudadanos, pero cuyas atribuciones son un misterio.

En los hechos, se establece un poder bicéfalo en las regiones, o sea un terreno de disputas y cortocircuitos. La Presidenta Bachelet quiere que los gobernadores se elijan en 2017, pese a que no se han aprobado la ley orgánica constitucional sobre el alcance de la reforma, el texto con las facultades de los gobernadores ni la propuesta de financiamiento.

En posturas opuestas, dos senadores oficialistas discutieron acerca de quién era más leal a la Presidenta. Queda claro: hemos llegado al punto en que se puede reformar la Constitución por "lealtad" a quien gobierna. No importa mucho que surja otra reforma invertebrada, sin visión de Estado, que sólo suma intereses particulares. Se habla de descentralización, pero el debilitamiento del poder presidencial generará una nebulosa sobre el principio de autoridad en todo el territorio. Eso no es descentralizar, sino desarticular. Picazón refundacional.

En la votación del Senado fue determinante el cálculo de los partidos acerca de cuántos gobernadores podrían elegir. Así se explica que el presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade, haya pedido que los actuales intendentes renuncien con suficiente anticipación si desean ser candidatos, petición en la que influyeron los ejercicios de precalentamiento del intendente metropolitano.

Es raro que la Presidenta siga reformando la Constitución que quiere reemplazar. Está comprometida a entregar un proyecto de nueva Constitución con los insumos del proceso constituyente, pero está apurada por aprobar una reforma que provocará serias dificultades al funcionamiento del Poder Ejecutivo cuando ella ya no esté en La Moneda. ¿Qué herencia quiere dejar, realmente? El país no puede perder el tiempo en experimentos dudosos. Hay que modernizar y desburocratizar el Estado, pero este no puede perder cohesión y eficacia. Se habla del traspaso de las competencias presidenciales como si fuera un mero ajuste administrativo financiero, cuando allí se juegan la estabilidad y la gobernabilidad. Los malentendidos pueden ser desastrosos, y los responsables no serán Fernández ni Eyzaguirre, que no parecen inquietarse por estas cosas, sino directamente la Mandataria.

La evolución de Chile es indisociable del Estado unitario. ¿Quiere el gobierno que avancemos hacia un Estado federal, como el de Argentina o Brasil? Si es así, debería decirlo derechamente, para saber a qué atenernos. Lo inaceptable es la displicencia ante el riesgo de tener un Estado híbrido, acosado por el autonomismo regional.

Si prospera esta reforma, el país agregará nuevos problemas a los muchos que ya tiene. Hay que impedirlo.