Un centro bajo fuego

LA DECISIÓN de la Democracia Cristina de congelar su participación en el comité político de La Moneda exigiendo mejorar la interlocución y la coordinación entre el gobierno y los partidos, ha puesto en el tapete el desempeño del equipo político. Nos referimos a los ministerios del Interior, Segegob y Segpres. Dichas unidades forman parte de lo que se denomina el "centro de gobierno". Se ha venido entendiendo por tal el conjunto de instituciones y unidades administrativas que proveen a la presidencia de capacidad de análisis, pensamiento estratégico, supervisión y monitoreo de los compromisos programáticos, coordinación entre prioridades políticas y presupuestarias y puesta en marcha de las políticas públicas así como comunicación política. Existe relativo consenso en que, durante el actual mandato, los problemas de conducción política han sido más recurrentes que en otros periodos, incluso a pesar del radical cambio de gabinete de mayo del 2015 donde dicho equipo fue todo modificado, titular de Hacienda incluido. Forma parte también de este paisaje el llamado Segundo Piso, que viene siendo objeto de crítica intermitente desde que se creara, en el año 2000. El hecho de que no esté institucionalizado ni pague costo alguno saca particulares ronchas y, ante el embate de los partidos, ha devenido en una mezcla de zona de confort presidencial y última reserva de influencia.

Aunque se desconoce su relación directa con el éxito de un gobierno, una cierta intuición indica que es cada vez más determinante a la hora de enfrentar los desafíos de conducción de un país. Hablamos, no sólo de una ciudadanía más empoderada sino de una inflación de poderes autónomos, la judicialización de la política, la creación de más ministerios, el déficit de gestión estatal y un ambiguo avance hacia una mayor descentralización. Estos mismos dilemas convierten en ilusorio pensar que las correcciones pasan por una sola persona, por muy providencial que se la considere. Es el caso del exministro Insulza a quien, dicho sea de paso, le tocaron tiempos muy distintos. El análisis de las mejores prácticas sugiere la necesidad de reorganizar las funciones y unidades del escalón superior del Estado, dotándolo de mayor institucionalización, permanencia de equipos y capacidad técnica. Pero dichas condiciones no se avienen bien con el cuoteo de gobiernos de coalición que, además, son de corta duración. El debate en Chile está en ciernes, quizás por los límites que coloca el hecho de que su conformación sea atribución privativa de una presidencia que, sin "balas de plata" de por medio como fue para el caso del escándalo MOP-Gate y la agenda corta de modernización del Estado, difícilmente de autoimpondrá restricciones. Por otra parte, en los estudios realizados hasta el momento, subyace una idea del poder que no se aleja de las convenciones ni logra dar cuenta del agotamiento de la jerarquía como principio ordenador de las sociedades. Futuras reflexiones sobre el tema debieran comenzar a mirar El fin del poder, de Moisés Naim y El poder del poder, de Pablo Ortúzar, como libros de referencia.