Un Estado atribulado

Fue como si todos los astros se alinearan. El ritual anual de las movilizaciones por el reajuste salarial del sector público ha venido antecedido por sucesos que nos trasladan a las zonas menos amables del quehacer estatal. En tiempo récord nos escandalizamos, por distintos motivos, con el fracaso de la construcción del puente Cau Cau; las pensiones millonarias en Gendarmería; el abandono de los niños que más protección necesitan por parte del Sename y el fiasco del padrón electoral. Todo ello ha venido ocurriendo al tiempo que se conocen los resultados de la Evaluación de Programas Gubernamentales de la Dipres que arroja que solo cinco, de 22 evaluados, tuvieron un desempeño suficiente. Para guinda de la torta, tuvimos también que saber que servicios tan cuestionados como el Registro Civil y el Sename obtuvieron un incomprensible máximo puntaje por cumplimiento de metas. Como telón de fondo, las exigencias de los gremios del sector público tienen un importante soporte en el último Informe Anual de Derechos Humanos de la UDP. Concluye que el Estado chileno es un pésimo empleador por su combinatoria de desprotección laboral (con la expansión de la subcontratación y el abuso de la condición de contratos a honorarios), favores políticos (destacando la asignación de funciones críticas, con un aumento de 97% en nueve años) y la ausencia de derechos colectivos.

El Estado, por decir lo menos, se percibe atribulado. Un reconocimiento más explícito lo hizo la Presidenta cuando acompañó su "realismo sin renuncia" con una alusión a los problemas de gestión para impulsar sus iniciativas. Quedó en evidencia que mal se pueden acometer reformas si no se reforma también el medio para hacerlas. El último impulso reformista fue el llamado que hizo el exministro Pérez Yoma en Icare, en 2007, del cual emergió el Consorcio para la Reforma del Estado, experiencia inédita que mostró -además- las posibilidades para la cooperación que entraña el tema. Luego de ello han tenido lugar, por agregación, iniciativas como un primer laboratorio de innovación gubernamental, el impulso de mecanismos de probidad y transparencia y las nuevas facultades del Sistema de Alta Dirección Pública, que perfecciona el mecanismo de selección por concursos. Aunque valiosas, no logran poner al Estado a tono con las exigencias de un reformismo estructural y menos con la revolución digital en marcha.

Los aprontes presidenciales entregan la oportunidad para repensar la estatalidad y sus capacidades, más allá de lógicas pendulares. Para la izquierda, cual resorte, problema que surge se traduce en un nuevo ministerio (vamos en 25, algunos de dudosa eficacia) mientras que, para la derecha, basta con emular la gestión empresarial privada. La experiencia comparada indica que el desarrollo está asociado a una expansión de la acción del Estado pero nos visitó, desde Nueva Zelanda, el ministro de Todo. Se trata de una cartera que contiene desarrollo económico, ciencia e innovación, educación terciaria, habilidades y empleo. El potencial para las sinergias resulta evidente.