¿Una esperada buena noticia?

Al presentar la partida de educación del proyecto de Ley de Presupuestos 2017, la ministra Delpiano anunció que una de las novedades del erario es la puesta en marcha del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) de la educación escolar, al parecer, para noviembre de este año.

El SAC se deriva de la Ley General de Educación y la Ley 20.529, de Sistema de Aseguramiento de la Calidad, ambas aprobadas con amplio consenso. Estas leyes entregaron la función de evaluar los resultados educativos (en simple, el Simce, pero en realidad es más que eso) a una nueva Agencia de Calidad de la Educación y la función de supervisar el cumplimiento de la normativa educacional a una nueva Superintendencia. Dentro de sus tareas, la Agencia debe clasificar a los establecimientos por su desempeño, teniendo en particular consideración (1) el contexto donde trabaja la escuela, como la ubicación geográfica y la vulnerabilidad de los estudiantes, y (2) una mirada más amplia de calidad, incluyendo variables como clima escolar y formación ciudadana. Una de las consecuencias de esta evaluación es que los establecimientos que no logren salir de la categoría más baja de la clasificación, tras cuatro años de apoyo y orientación de las instituciones correspondientes, perderán el reconocimiento oficial. Esto permitiría que los malos sostenedores abandonaran el sistema, asegurando que al cabo de un plazo razonable, ningún estudiante chileno fuera matriculado en una escuela que no entregara una mínima calidad o estuviera en una trayectoria de mejora.

Por lo tanto, la implementación del SAC es una muy buena noticia. Tanto hoy como en 2012, cuando se promulgó esta ley, es urgente echar a andar este sistema. Sin embargo, el anuncio de la ministra no deja de llamar la atención, por varias razones que explicaremos.

En primer lugar, el SAC está en condiciones de ser implementado hace años, y se trató de una tarea que el gobierno anterior dejó virtualmente lista. La clasificación de establecimientos quedó en marcha blanca, por sugerencia del Consejo Nacional de Educación, pero podría haber comenzado hace ya dos años. El Ministerio de Educación retrasó la puesta en marcha del sistema al postergar la clasificación de los establecimientos modificando el decreto vigente, y sin explicarle a nadie. Si no le satisfacía la metodología de la clasificación, debió proceder a cambiarla, pero no lo hizo. ¿Qué cambió para decidir implementarlo hoy?

En segundo lugar, el Ministerio ha tenido un comportamiento errático respecto de la implementación del sistema, por lo que sorprende su súbito entusiasmo. Prueba de ello es que en la reforma de desmunicipalización incluía un artículo para eximir a las escuelas municipales de las consecuencias del SAC, desvirtuando su objetivo, al mismo tiempo que el Ministerio publicaba un auspicioso Plan de Aseguramiento 2016-2019 que en teoría lo ponía en marcha y coordinaba las instituciones. Cuesta ver la lógica detrás de los pasos del Mineduc.

En pocas palabras, el Ministerio tiene que resolver de una vez la contradicción que ha mantenido en este tema: debe implementar la ley o seguir postergando la calidad, y asumir los costos políticos que correspondan. A pesar del anuncio, no sabemos aún cuál será la noticia.