¿Una "grosería jurídica"?

LA COMUNIDAD nacional ha quedado atónita ante el fallo de la Corte Suprema que restó 8 años de castigo para el cuasi femicida Mauricio Ortega, aduciendo que no tuvo intención de causarle la muerte a su pareja Nabila Rifo, al golpearla repetidamente con dos pedazos de concreto en el cráneo, dejándola abandonada en la acera a merced de una fría noche de Coyhaique.

Se trata de un hombre de físico robusto que solía apremiar a Nabila, madre de sus dos hijos, con palabras amenazantes, además de hachas y armas blancas.

Que los jueces, con la excepción del ministro Milton Juica, hayan declarado que "no lograron hacerse la convicción" de que esa madrugada del 14 de mayo de 2016, Ortega salió en búsqueda de Nabila para arrebatarle la vida, ha sido entendido como carente de la más mínima empatía con el rechazo de la ciudadanía ante el brutal hecho, ofendiendo a la población. "Ha sido una grosería jurídica", se pudo leer en las redes sociales.

La sentencia emanada del Tribunal Oral de Coyhaique enumera las lesiones ocasionadas por Ortega y que provocaron en una Nabila de 28 años, "compromiso de conciencia y riesgo vital", aparte de la "pérdida total e irreversible de la vista".

Para el Ministro Juica, la secuencia de hechos constituye una intención de quitar la vida a una persona, aprobando así la sentencia del tribunal austral y respetando la independencia de este.

Por su parte, el Fiscal de Alta Complejidad Oriente, declaró que el hecho acreditado es efectivamente lo que dice Juica, y que claramente hay dolo en el hecho de golpear a Rifo de la manera en que ocurrió. El fiscal Gajardo agrega que el dolo de matar se infiere, y que golpear reiteradamente en la cabeza causando fracturas, es intención de matar. Esto queda confirmado también en la declaración de la propia víctima, cuando dice "traté de hacerme la muerta", para detener la violenta agresión.

La profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile Rocío Lorca considera extraño interpretar la intencionalidad de Ortega al golpear a la víctima con violencia extrema, basándose en un acto futuro, constituido por el regreso inmediato del agresor con una herramienta para arrancarle los ojos.

Lo más grave no es la rebaja de la pena, sino el mensaje que transmite el tribunal a hombres y mujeres que construyen sus vidas en nuestro país. Ese mensaje contradice todos los esfuerzos realizados para elaborar políticas públicas de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por Chile, y para realizar un trabajo legislativo en consonancia con ello, todo lo cual también significó gasto para el erario nacional.

Como estableció Alf Ross, filósofo del Derecho, "perfeccionar la idea de justicia inherente a él, privilegia la norma jurídica".La ciudadanía ha asistido, ya no a un intento de perfeccionamiento, y en cambio, a una interpretación rebuscada que para algunos no perseguía un mejor acto de justicia, sino la fijación de una pena que se deseaba rebajada.

¿Estamos asistiendo a una demostración de que el Derecho no ha sido capaz de generar sus propios ajustes frente a las necesidades de justicia material?

¿Se está defendiendo una igualdad jurídica, una justicia, que tiene solo lo masculino como referente?

¿Es el criterio jurídico, fragmentario?, ¿o tiene la capacidad de interpretar los hechos con integralidad en su mirada?

Los tribunales son parte del Estado, y así como la administración de este tiene el deber de escuchar la voz del pueblo, integrado por mujeres y hombres, los demás poderes también deben hacerlo.

Y hacer propuestas en línea con las demandas de más y mejor democracia y el deseo de creer en la justicia del propio país.