Una reforma al currículum de la educación media

La Ley General de Educación, promulgada en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, estableció nuevos objetivos generales de la educación básica y media. Este cambio no fue trivial, pues es equivalente a cambiar la "meta" que esperamos alcanzar como resultado de la escolaridad. Estos nuevos objetivos plantean un perfil del estudiante exigente e integral, que aún estamos muy lejos de alcanzar en todo nuestro sistema educacional. Uno de los desafíos de política que esta modificación generó fue una reforma al currículum escolar, emprendida por el gobierno anterior, y que cubrió de 1° básico a 2° medio, más las especialidades de la educación técnico profesional. El presente gobierno ha debido abocarse, en esta área, a la elaboración de los años pendientes: 3° y 4° año medio.

Los cambios curriculares son conflictivos por definición. Mal que mal, se trata de establecer cuáles deben ser los conocimientos, conceptos, habilidades, valores y actitudes que se le intentará trasmitir a la totalidad de la población mediante doce años de educación financiada con los recursos de todos. Y por lo tanto es esperable que las distintas visiones de sociedad que existen en el país estén en desacuerdo respecto a cómo debiera ser el currículum nacional y que breguen por impulsar sus puntos de vista. Es probable que para el caso de la reforma de 3° y 4° medio la conflictividad se intensifique mucho más allá de lo razonable, tal como demostró el episodio de las horas de filosofía.

Sin perjuicio de lo anterior, la reforma es necesaria, y no solo por criterios legales. Hay un alto grado de acuerdo en que la formación ofrecida en los dos últimos años de enseñanza está desactualizada, es insatisfactoria y poco relevante para los estudiantes, lo que es aún más grave para la formación diferenciada. A esto se agrega la enorme distorsión que introduce la PSU y su "temario" en la enseñanza y aprendizaje de esta etapa de la escolaridad. Es necesario que el currículum de esos años se ponga a la altura de lo que el país necesita, y que  esté cargado de sentido para los jóvenes que están entrando rápidamente a la esfera pública.

Antes de referirse específicamente a la estructura y los contenidos de dicho currículum, para lo cual este espacio es algo reducido, creo que vale hacer una advertencia respecto del proceso. En primer lugar, el gobierno debe ser cuidadoso de que su obsesión con la participación (que en el fondo es un desprecio a la representación y a la autoridad que empero posee) no termine por convertir el currículum en un cúmulo de ideas inconexas para dejar a todos contentos. Es apropiado llevar a cabo una consulta pública abierta y amplia, que transparente qué opiniones se consideran y cuáles no, tal  como se ha hecho en todos los procesos anteriores. Y debe preocuparse, por supuesto, de representar en lo posible aquello en lo que todos estamos de acuerdo. Pero no se debe permitir ni la inmovilidad ni la captura por grupos de interés.

Si la inmovilidad es negativa para una reforma que es urgente iniciar, la captura por grupos de interés es aún peor. Hay muchos actores cuyos intereses (gremiales, laborales, ideológicos) se pueden ver afectados por cambios en el currículum, y en consecuencia, es también esperable que estos actores usen todos los medios para frenar cualquier modificación, por muy insatisfactoria que sea la situación actual. En un año electoral, es más probable que el gobierno se vea amedrentado o literalmente chantajeado por grupos organizados de estudiantes, por el Colegio de Profesores o por otras organizaciones que intenten promover sus intereses o visiones particulares. Para evitar aquello, no bastan los criterios técnicos, ni mucho menos los argumentos académicos. Se requiere conducción política sólida y visión de Estado que permita tomar decisiones a veces impopulares, pero correctas. Si el Ministerio de Educación no logra estar a la altura, esta tarea quedará en el Consejo Nacional de Educación.