Con casi 24 millones de contagios y 640 mil muertes por Covid-19, Sudamérica es uno de los epicentros globales de la pandemia. A este cuadro se suma la crítica situación en México, donde los casos suman más de 2,3 millones y los decesos superan los 214 mil.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha mostrado preocupación ante el avance de la pandemia en América Latina en las últimas semanas, donde varios países del continente han sufrido récords de contagios y muertes.

“Las variantes altamente transmisibles se están extendiendo y las medidas de distanciamiento social no se observan tan estrictamente como antes (...). No estamos actuando como una región en medio de un brote que se agrava”, dijo Carissa Etienne, directora de la OPS.

Pero al margen de la situación sanitaria, el avance de la segunda ola de la pandemia en América Latina ha agudizado el fenómeno de la polarización política en varios países de la región, según dan cuentas los analistas. “El problema es que nuestra región estaba viviendo cierta hegemonía de una subjetivación neoliberal que justamente constituye un obstáculo enorme para cualquier respuesta colectiva”, comenta a La Tercera el sociólogo argentino Daniel Feierstein, autor del libro Pandemia: un balance social y político de la crisis del Covid-19, editado en 2021. “La gestión de la pandemia hubiese sido mejor con una articulación regional”, reconoce.

En medio de este escenario, los debates originados en torno a la pandemia se han polarizado en varios países de la región. Así, en Brasil la criticada gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno de Jair Bolsonaro llevó al Congreso a abrir una Comisión Parlamentaria de Investigaciones (CPI), que pondrá su foco en los “errores” cometidos por el mandatario negacionista del Covid, quien califica de “activismo judicial” la decisión de la Corte Suprema de avalar esta comisión.

En Argentina, en tanto, el retorno a las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires desató una dura disputa política entre el gobierno de Alberto Fernández y el alcalde macrista Horacio Rodríguez Larreta, que finalmente zanjará la Corte Suprema.

A comienzos de abril, el exministro de Salud de la administración de Jair Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, señaló en entrevista con La Tercera que “el gobierno federal aún no ha entendido la gravedad de la crisis provocada por el Covid-19”. Para el primero de los ya cuatro ministros de Salud que suma el mandatario brasileño desde su llegada al poder en 2019, si la “megaepidemia” que, a su juicio, ya se inició en Brasil por culpa de la variante de Manaos se desborda, “y hace que el mundo vuelva al punto de partida por este negacionismo del presidente, creo que él va a ser llevado directamente de aquí a La Haya”.

Con más de 14 millones de contagios y sobre 380 mil muertos por el Covid-19, Brasil es por lejos el país más afectado por la pandemia en la región. El peak de más de 4.000 casos diarios registrados a comienzos de mes en el país llevó al Congreso a debatir la instalación de una Comisión Parlamentaria de Investigaciones (CPI) sobre la pandemia. La semana pasada el pleno del Tribunal Supremo Federal de Brasil (STF) refrendó, por decisión de 10 votos contra uno, una medida cautelar propuesta por el magistrado Luís Roberto Barroso para la instalación de esta comisión, que Bolsonaro calificó de “activismo judicial”.

“Vamos a investigar hechos. Brasil tuvo conocimiento de la pandemia en noviembre de 2019 y no hizo nada. Llegó el carnaval de 2020 y se festejó como si nada ocurriera. No hubo barreras sanitarias”, dijo Omar Aziz, senador que comandará el organismo. “No es normal que un país como el nuestro, con poco menos del 3 % de la población mundial, tenga entre el 27% y el 30 % de los muertos por coronavirus por día”, comentó.

La CPI fue originalmente propuesta por el senador del partido ambientalista Rede Sustentabilidade, Randolfe Rodrígues, para “las acciones y omisiones del gobierno federal en el enfrentamiento a la pandemia de Covid-19 en Brasil y, en especial, en el agravamiento de la crisis sanitaria en el estado de Amazonas, con la ausencia de oxígeno para los pacientes internados”.

Pero lo cierto es que la pandemia azota con fuerza a todo el país. “Quizás el principal motivo es la falta de una coordinación central efectiva del gobierno federal, con una gran infraestructura de apoyo a los ciudadanos en términos financieros, de comunicación y organización de los servicios de salud”, explica a La Tercera Rodrigo Gaete, investigador de la Universidad de Sao Paulo y consultor de informática en salud.

Además, empiezan a faltar en todo el país insumos hospitalarios y medicamentos, con equipos de salud agotados, servicios de salud subfinanciados, un sistema funerario entrando en colapso y plan de vacunación poco efectivo.

Rodrigo Gaete, investigador de la Universidad de Sao Paulo

Sobre este último punto, el diario O Globo señala que la baja cobertura de vacunación en el país en la segunda ola del Covid-19 es una gran preocupación para los estados y municipios. En audiencia pública en el Senado el jueves, el Consejo Nacional de Secretarías de Salud (Conass) y el Consejo Nacional de Secretarías Municipales de Salud (Conasems) señalaron la necesidad de un aumento en el presupuesto para garantizar el enfrentamiento de la pandemia, especialmente en vista de la previsión de un escenario de escasez de dosis para los próximos dos meses, dijo Carlos Eduardo Lula, presidente de Conass.

De hecho, el nuevo ministro de Salud, Marcelo Queiroga, anunció que las metas de vacunación para los grupos prioritarios se postergó hasta septiembre y no para mayo como había prometido su antecesor en el cargo, el general Eduardo Pazuello. “No haber alcanzado la meta de los 78 millones se debe al atraso de entrega de vacunas en todo el mundo y a aspectos regulatorios”, justificó.

Pero el exsecretario de Comunicación de la Presidencia Fabio Wajngarten afirmó en una entrevista con la revista Veja que el atraso del gobierno en la adquisición de las vacunas fue motivado por la “incompetencia” e “ineficiencia” del Ministerio de Salud.

La crisis política que afecta a Perú ha tenido enormes consecuencias en el manejo de la pandemia. Así, el Presidente Francisco Sagasti tuvo que hacer frente a esta situación apenas asumió en noviembre del año pasado, tras la vacancia de Martín Vizcarra. El país posee la segunda tasa más alta de muertos por millón de habitantes de la región (1.758), solo superada por Brasil, y actualmente se encuentra en medio de una segunda ola de Covid, con el correspondiente colapso de los sistemas de salud y falta de insumos. El mismo Sagasti calificó la situación epidemiológica como “terrible”, mientras que adelantó que el gobierno sigue negociando “con por lo menos cinco o seis laboratorios” para conseguir más vacunas.

La crisis sanitaria ocurre, además, en medio de la campaña electoral de cara al balotaje del 6 de junio, en el que el izquierdista Pedro Castillo se enfrentará a Keiko Fujimori. “Estamos en plena segunda vuelta electoral, entonces eso le está robando cámara a la pandemia, luego de que la misma pandemia le robó cámara a todo lo demás. El debate principal es cómo disminuir la cifras de mortalidad que están entre las mayores del mundo”, explica el columnista de El Comercio, Fernando Vivas, quien añade que otro tema de preocupación es la demora en las vacunas.

En ese sentido, el Ministerio de Salud confirmó que a partir del viernes 30 de abril empezarán las jornadas de vacunación para los mayores de 70 años.

“Falta mucho. El gobierno se jactaba de que en anteriores oportunidades, en otras enfermedades, se había batido el récord de eficiencia y que en 45 días se habían vacunado millones. Pero ahora no hay ocasión de poner a prueba la vacunación masiva. El problema es la falta de llegada de vacunas”, añadió Vivas. Actualmente, hay 787.764 inoculados en el país.

Mientras Perú ya reporta 1,7 millones de infectados y más de 58.000 decesos, Sagasti ha defendido a las autoridades al señalar que están haciendo “todo lo posible para evitar la propagación de este virus y para evitar mayores contagios”. En ese mismo sentido, descartó decretar un nuevo confinamiento. “Por razones económicas no es posible y tampoco por razones epidemiológicas tiene un impacto tan grande como se imagina alguna gente”, señaló.

“Hay un mal recuerdo, el de la cuarentena el año pasado, porque a pesar de que tuvimos la cuarentena más rígida de la región, la mortalidad fue excesiva”, concluyó Vivas.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, advirtió este miércoles que Argentina “está viviendo el peor momento de la pandemia desde el 3 de marzo del año pasado y este es el momento de más riesgo”, al defender el decreto de necesidad y urgencia del gobierno que suspendió por 15 días las clases presenciales en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Y es que la polarización política de Argentina se ha trasladado a la educación. Muchas escuelas privadas de la ciudad de Buenos Aires abrieron el lunes sus puertas, mientras que la mayoría de las públicas no recibieron alumnos porque casi todo el personal docente se sumó a la huelga convocada después de que un fallo judicial de la ciudad habilitara las clases presenciales, que habían regresado al modo virtual por dos semanas por decreto presidencial.

La pelea por la educación en la ciudad entre el Presidente Alberto Fernández y el alcalde Horacio Rodríguez Larreta, del opositor Juntos por el Cambio, ocurre en medio de una segunda ola del Covid-19 con récord de casos y tiene en el horizonte las elecciones legislativas de octubre próximo.

Según destaca el diario El País, el 21 de marzo se registraron 8.160 nuevos contagios en Argentina. Tres semanas después, la cifra era ya más del triple: 29.472. Ante esta escalada, el Ejecutivo de Fernández anunció nuevas restricciones, entre ellas la suspensión de las clases presenciales en el AMBA. Pero Rodríguez Larreta, del partido del expresidente Mauricio Macri, llevó esa decisión ante la justicia municipal por considerar que las escuelas no son un foco de contagio. Según los datos oficiales, entre el 17 de marzo y el 12 de abril se infectó el 0,71% de la comunidad educativa.

Con todo, la disputa ahora está en manos de los tribunales. El gobierno apeló al fallo ante la Justicia federal, pero será la Corte Suprema la que tenga la última palabra.

Adolfo Rubinstein, epidemiólogo y exministro de Salud durante el gobierno de Macri, dijo a La Tercera que la suspensión de clases presenciales “claramente fue una decisión política probablemente impulsada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no puede controlar la pandemia y que equivocadamente dio argumentos para que el Presidente, influido claramente por él y por la vicepresidenta, tomara la decisión inconsulta, intempestiva y no respaldada que provocó un enorme rechazo social, porque se volvió a dar así como el año pasado la dicotomía falsa de salud versus economía, ahora es salud versus educación, lo que generó un enorme disputa política”.

Con solo el 1,9% de la población del país totalmente vacunada, según Our World in Data, Rubinstein cree que “probablemente no se llegue a vacunar al 60% o al 70% de la población este año”. A su juicio, la inmunidad de rebaño en Argentina sería alcanzada “recién en el segundo semestre del año próximo”.