Los controvertidos planes de Trump para sus anunciadas deportaciones masivas de inmigrantes

A menos de un mes de haber ganado las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el mandatario electo Donald Trump ya confirmó que tenía la intención de declarar una emergencia nacional y utilizar al Ejército de alguna forma para ayudar en sus planes de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, una de sus principales promesas de campaña.

En su plataforma de redes sociales, Truth Social, Trump respondió a una publicación hecha a principios de este mes por Tom Fitton, quien dirige el grupo conservador Judicial Watch, y quien escribió que la administración republicana “declararía una emergencia nacional y utilizaría activos militares” para abordar la inmigración ilegal “a través de un programa de deportación masiva”. “¡¡CIERTO!!!”, dijo.

Trump recuperó la Casa Blanca prometiendo una amplia ofensiva contra la inmigración y justamente ese tema fue el eje central de su campaña de reelección en la que prometió deportar a una cantidad récord de inmigrantes, una operación que el compañero de fórmula del republicano, JD Vance, estimó que podría expulsar a un millón de personas por año.

Según explicó el diario The New York Times, “el Congreso ha otorgado a los presidentes amplios poderes para declarar emergencias nacionales a su discreción, desbloqueando poderes de reserva que incluyen la redirección de fondos que los legisladores habían asignado para otros fines”. De hecho, recordó el periódico, durante su primer mandato, por ejemplo, Trump invocó este poder para gastar más en un muro fronterizo de lo que el Congreso había estado dispuesto a autorizar.

El principal asesor de política migratoria de Trump, Stephen Miller, dijo en noviembre del año pasado que los fondos militares se utilizarían para construir “grandes instalaciones de detención que funcionarían como centros de concentración” para los inmigrantes a medida que sus casos progresaran y esperaran a ser trasladados en avión a otros países.

Las acciones ejecutivas y revisiones en curso incluyen el regreso del programa conocido informalmente como “permanecer en México”, que requiere que los migrantes se queden en México durante sus procedimientos migratorios en Estados Unidos, la revisión de las restricciones de asilo, la revocación de las protecciones para los migrantes cubiertos por los programas de libertad condicional humanitaria de Joe Biden y que se deshagan las prioridades de aplicación de la ley del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según dijeron a CNN dos fuentes informadas sobre las discusiones sobre la política de transición.

Otra orden ejecutiva que se está considerando haría obligatoria la detención y exigiría que se pusiera fin a la liberación de migrantes, algo que suele ocurrir en diferentes administraciones debido a la limitación de los recursos federales. Según las fuentes consultadas por la cadena televisiva, es ese tipo de orden ejecutiva la que allanaría el camino para la detención y, en última instancia, la deportación de personas a gran escala.

El equipo de Trump también está analizando la capacidad regional para albergar a los migrantes, un proceso que probablemente conduzca a la consideración de la construcción de nuevos centros de detención en áreas metropolitanas más grandes, según dos fuentes. Los funcionarios de Seguridad Nacional han identificado previamente varias ciudades en las que se podría aumentar la capacidad de detención en preparación para las oleadas de migrantes en la frontera.

Los planes también incluyen restablecer la detención familiar, que ha sido ampliamente criticada por los defensores de los inmigrantes y una práctica a la que el presidente Joe Biden puso fin.

Los planes que Trump busca llevar adelante ocurren en momentos en que se ha registrado un aumento de las caravanas migrantes. Las caravanas son la punta del iceberg del fenómeno migratorio en México, donde entre enero y agosto de 2024 se reportaron más de 925.000 eventos de personas en situación migratoria irregular, un aumento del 131% respecto al mismo período del año anterior, según datos oficiales.

Así, desde finales de octubre, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha redoblado la provisión de asistencia móvil en el sur de México, brindando cientos de consultas médicas en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, ante el drástico aumento de las caravanas de migrantes, que se mueven en grupos intentando disminuir la exposición a eventos de violencia en su camino hacia la frontera con Estados Unidos. MSF ha hecho un llamado a las autoridades a proporcionar vías seguras de migración y reforzar los servicios básicos disponibles para las personas en movimiento.

Los equipos de MSF realizaron 855 consultas médicas tras asistir en la llegada de ocho caravanas compuestas por unas 5.000 personas entre el 24 septiembre y el 8 de noviembre, seis de ellas en las últimas tres semanas, y que habían partido originalmente de la ciudad de Tapachula, en la frontera con Guatemala. En los próximos días las autoridades esperan la formación de nuevas caravanas masivas y su tránsito por diferentes puntos del sur de México.

“La violencia a la que están expuestos jóvenes, niños, niñas, mujeres y hombres de todas las edades a su paso por México, incluidos secuestros, extorsiones o violencia sexual, les obliga a desplazarse en caravanas como mecanismo de protección”, denuncia Ricardo Santiago, coordinador de proyectos de MSF en el sur de México. “Las caravanas cada vez son más multitudinarias. Si en septiembre y octubre estaban integradas por unos pocos centenares, ahora van miles de personas”.

Los defensores de los inmigrantes advierten que la iniciativa de deportación de Trump sería costosa, divisiva e inhumana, y que conduciría a la separación de familias y a la devastación de comunidades. Las encuestas de salida de Edison Research mostraron que el 39% de los votantes norteamericanos dijo que la mayoría de los inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente debería ser deportada, mientras que el 56% dijo que se les debería permitir solicitar un estatus legal, consignó Reuters.

Trump luchó por aumentar las deportaciones durante su presidencia de 2017 a 2021. Al contar tanto las expulsiones de inmigrantes como las “devoluciones” más rápidas a México por parte de los funcionarios fronterizos estadounidenses, Biden deportó a más inmigrantes en el año fiscal 2023 que en cualquier otro año de Trump, según datos del gobierno.

Pero una operación de deportación dirigida a millones de personas requeriría muchos más agentes, camas de detención y jueces de tribunales de inmigración. El Consejo Americano de Inmigración, un grupo de defensa de los inmigrantes, estimó que el costo de deportar a 13 millones de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos ascendería a 968 mil millones de dólares en poco más de una década.

Tom Homan, exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que se espera se una a la nueva administración de Trump, dijo a Reuters en una entrevista a fines de octubre que la escala de las deportaciones dependería de los posibles oficiales y del espacio de detención. “Todo depende de cuál sea el presupuesto”, detalló.

Un importante impedimento para la gran operación de deportación que el equipo de Trump ha prometido en su segundo mandato es que el ICE carece de espacio para albergar a un número significativamente mayor de detenidos del que tiene actualmente.

Esto a veces ha llevado a permitir el ingreso de solicitantes de asilo al país mientras esperan las fechas de audiencia con los jueces de inmigración, una práctica que los críticos ridiculizan como “captura y liberación”.

El equipo de Trump cree que esos campamentos podrían permitir al gobierno acelerar las deportaciones de personas indocumentadas que se oponen a su expulsión del país. La idea es que más personas acepten voluntariamente la deportación en lugar de intentar quedarse en el país si tienen que permanecer encerradas mientras tanto.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y grupos de defensa de los inmigrantes se han estado preparando para batallas judiciales si Trump vuelve a poner a prueba los límites de su autoridad legal. Lee Gelernt, un abogado de la ACLU que lideró la lucha contra la polémica política de separación familiar de Trump, dijo a Reuters que más de 15 abogados centrados en inmigración en la oficina nacional de la organización pasaron el año preparándose para la posibilidad de un regreso de Trump a la Casa Blanca.

“Definitivamente necesitamos estar coordinados y tener más recursos, porque creo que vendrán mucho más preparados”, dijo Gelernt.

El Departamento de Estado en particular podría ser un lugar donde Trump actúe más agresivamente que durante su primer mandato, señalaron varios partidarios de Trump.

Un factor clave será si otros países aceptarán a sus ciudadanos, un tema que Trump afrontó con limitado éxito durante su primer mandato. El gobierno del republicano también tuvo dificultades en ocasiones para convencer a otras naciones de la región, incluido México, de que tomaran medidas para impedir que los migrantes se dirigieran hacia la frontera entre Estados Unidos y México.

Ken Cuccinelli, exsubsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante el gobierno de Trump, dijo a Reuters que el Departamento de Estado era un “obstáculo” para la aplicación de la ley migratoria y que designar personas agresivas será clave.

Christopher Landau, exembajador de Estados Unidos en México entre 2019 y 2021, señaló recientemente que estaba frustrado por la renuencia de algunos diplomáticos estadounidenses a abordar la aplicación de las leyes migratorias.

“Nadie pensó realmente que ese era su problema”, comentó Landau en un panel de discusión en octubre del Centro de Estudios de Inmigración, que está a favor de restringir la inmigración.

Aproximadamente la mitad de los 21.000 empleados del ICE forman parte de su unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que se centra en delitos transnacionales como el tráfico de drogas y la explotación infantil, en lugar de en la aplicación de las leyes de inmigración. Varios aliados de Trump dijeron que la unidad tendría que dedicar más tiempo a la inmigración.

HSI se ha distanciado del trabajo de inmigración de ICE en los últimos años, diciendo que el miedo a la deportación dificultaba que sus investigadores generaran confianza en las comunidades inmigrantes.