En el actual escenario de estrechez fiscal y con una creciente deuda pública es clave mejorar la eficiencia del Estado. Para ello no sólo se requiere ajustar los gastos sino avanzar hacia acuerdos que trasciendan los ciclos políticos.
Editorial La Tercera
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Con el ingreso del reglamento a la Contraloría se dio el último paso para aplicar la ley que, si bien regula un serio problema de orden público, revela un fracaso del Estado, incapaz de responder de manera enérgica ante ese fenómeno y hacer cumplir las normas vigentes.
El proyecto que modifica el sistema está en las etapas finales, pero en su larga tramitación legislativa dejó en el camino valiosas reformas que simplificaban los procedimientos.
Tener un dato consolidado de ese tipo de delitos es un paso valioso, pero la autoridad debe cumplir con los plazos comprometidos para entregarlo, limitar el rezago e, incluso, aumentar su frecuencia para permitir un seguimiento más efectivo a las políticas de seguridad.
Es urgente que la institucionalidad combine altos estándares de sostenibilidad con plazos razonables de tramitación de los proyectos de inversión. Esto no implica debilitar la protección ambiental sino establecer procesos más predecibles y eficientes.
La decisión de publicar una información por parte de la prensa responde no al eventual carácter ilícito de los hechos o el aporte a una investigación sino por su interés público. En el caso de los chats de la diputada Cariola y la exalcaldesa Hassler esto es evidente.
Los enfrentamientos en el noroeste del país, entre grupos afines al antiguo régimen y fuerzas del gobierno, han encendido las alertas sobre el riesgo de que el país vuelva a caer en un espiral de violencia.
Con la eliminación por parte del gobierno del umbral de votación para que los partidos puedan entrar al Congreso no se apunta al corazón del problema, la creciente fragmentación política. De no abordar ese tema, cualquier reforma será insuficiente.
Las declaraciones de varios ministros pidiendo explicaciones al Ministerio Público por las diligencias en la investigación de la presidenta de la Cámara de Diputados e incluso los dichos del Presidente generan una presión indebida y olvidan el carácter autónomo de ese organismo.
Pese a que el gobierno había dado señales de apertura a modificar algunos de los puntos más cuestionados del proyecto de financiamiento de la educación superior (FES), las indicaciones ingresadas esta semana están lejos de ello.
Chile registra la mayor caída de la natalidad de toda América Latina, con una tasa de 1.17, lejos de del nivel de reemplazo. Un problema que se debe abordar con urgencia y seriedad, porque de mantenerse tendrá severas consecuencias para el país.
La situación revelada por este medio en el barrio Bellavista da cuenta de una grave realidad, propia del crimen organizado, que debe ser enfrentada con todo el peso de la ley para evitar que termine enquistándose en la sociedad y sea imposible de erradicar.
El adelanto de los resultados del desempeño escolar por segundo año consecutivo es un paso positivo que ayuda a tomar decisiones a tiempo, pero los datos deben estar disponibles para toda la comunidad educativa, incluyendo las familias.
Más allá de la cifra positiva de enero, la economía chilena enfrenta desafíos estructurales y coyunturales que podrían dificultar la consolidación de una verdadera recuperación.
El principal desafío del gobierno durante los próximos meses será recuperar los equilibrios fiscales. Un objetivo complejo para el ministro de Hacienda, porque deberá ser capaz de ajustar los gastos en un año electoral, cuando la tendencia de toda administración es a desembolsar recursos y no a contenerlos.
