La consultora calcula que este proceso demandará a nivel mundial un gasto de capital en activos físicos de US$ 275 billones (millón de millones) a 2050.

De acuerdo al informe mensual de Aduanas, las compras desde el exterior subieron 48,3%, que si bien es un aumento relevante, es el más acotado desde abril de 2021. En tanto, las exportaciones subieron 7,2%, la menor alza desde septiembre de 2020.

Aprobada en general por la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, establece la caducidad de los derechos de aprovechamiento de aguas, sin indemnización para la minería, agroindustria y sanitarias, entre otras. Eduardo Bitran, exministro de Obras Públicas de Bachelet, crítica fuertemente la iniciativa y asegura que la nueva Carta Magna debiera consignar el uso público del agua y las prioridades de su uso.

Respaldada por 22 constituyentes de pueblos originarios, Chile Digno y Pueblo Constituyente, la normativa indica: “Cadúquense los derechos de aprovechamiento de agua, que fueron entregados bajo la vigencia del Código de Aguas 1981″. Por otra parte, se rechazó que las aguas en territorio indígena “son de propiedad de comunidades, personas naturales y organizaciones indígenas en general".

Apoyada por convencionales de Colectivo Socialista, Chile Digno, Independientes No Neutrales y el Frente Amplio, contempla, por ejemplo, una transición de cinco años para que quienes tengan concesiones mineras vigentes, que son indefinidas, se adecuen a la nueva normativa.

Durante el actual gobierno, según información de la Subrei, entraron en vigor 12 instrumentos comerciales, otros dos están en tramitación legislativa, tres negociaciones concluyeron y esperan su ingreso al Congreso y ocho procesos de negociación siguen aún en curso.

Desde Sonami y el Consejo Minero reaccionaron a la moción. En tanto, constituyentes llaman a la calma, en consideración de que esto sólo abre la discusión sobre la minería y que hay otras normas que abordan el asunto y no plantean una nacionalización inmediata.

Esto de acuerdo al Índice de Restricción del Comercio de Servicios (STRI) de la entidad, en el que sólo Japón y República Checa se imponen a nuestro país.

La economista además coincidió con los exministros de Hacienda Nicolás Eyzaguirre e Ignacio Briones, y con la consejera del CFA, Paula Benavides, respecto a que la Constitución consigne el principio de justicia intergeracional, el cual guíe la política fiscal.

Entre los desafíos a enfrentar en la región, el FMI señala que hay tres principales: “asegurar la sustentabilidad de las finanzas públicas; aumentar el crecimiento potencial; y hacerlo de una forma que promueva la cohesión social y enfrente las desigualdades sociales”.

Así lo afirma el director de la nueva Oficina de Finanzas Verdes de la cartera, Cristóbal Gamboni, quien explica las tareas que tendrá este nuevo departamento.

Su ruta partió como director ejecutivo en representación de Chile en el BID, institución a la que volvió más tarde para formar parte de su staff. Luego sería la hora de la OCDE y, posteriormente, el Banco Mundial, donde estuvo a cargo de 900 personas. "Va a traer una gran experiencia y al mismo tiempo un gran compromiso social", dice un excolega mexicano.

Uno de los referentes mundiales de la tesis del decrecimiento, el economista de la Universidad de Barcelona y coautor del libro The case of degrowth, asegura que las metas de emisión cero de carbono son insuficientes para atender la emergencia climática y además difíciles de lograr si no hay una transformación profunda del modelo económico.

El aumento de 3,5 puntos porcentuales es similar al experimentado en pobreza extrema, la que llega a 4,5%. En tanto, la desigualdad medida en coeficiente Gini aumentó 4,6%, según el organismo multilateral.

"El Comité espera que pronto sea apropiado elevar el rango objetivo para la tasa de fondos federales”, se lee en el comunicado difundido hoy.