Periodista de La Tercera
El Internado Nacional Barros Arana vivió quizás la jornada más negra de su historia, luego de que la manipulación de -aparentemente- una bomba molotov terminara con más de una treintena de estudiantes quemados de diversa gravedad. De ellos, siete tienen mayor compromiso y uno se encuentra en serio riesgo vital.
Tanto el Hospital San Juan de Dios como la Mutual de Seguridad, establecimientos hasta donde se trasladaron la mayoría de los alumnos más graves, entregaron más antecedentes de la condición en que quedaron los 15 estudiantes que llegaron hasta sus dependencias.
Una de las primeras labores del nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, fue continuar con el trabajo que venía realizando Manuel Monsalve, hoy investigado por una presunta violación, para avanzar en la promesa que hizo la titular de la cartera, Carolina Tohá, y que consistía en que, a la brevedad, habría resguardo policial en los establecimientos más críticos.
El Sótero del Río, el San Borja Arriarán -recientemente en la polémica por filtraciones de aguas servidas-, el San Juan de Dios, el de La Serena y el Padre Hurtado son los más estrechos financieramente según el informe oficial del primer semestre.
Hace semanas que desde los hospitales acusan que no hay presupuesto para terminar el año, lo que se ha traducido en dificultades para entregar atención 100% continua. Pero, además, enfrentan un severo problema de seguridad.
Eduardo del Solar, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), cuenta cómo su sector está viviendo la crisis financiera que atraviesa la red asistencial. "Tenemos cerca de cuatro meses de venta que no nos han pagado", acusa.
El servicio del que depende el recinto asistencial decidió asignarle tres personas para supervisar y coordinar diversas tareas del establecimiento, envuelto hace varios meses en polémicas de gestión y mal uso de licencias médicas, entre otros aspectos.
Este lunes las autoridades sanitarias y la directora de la Dipres asistieron a la Comisión de Salud del Senado, para abordar la falta de recursos que enfrentan algunos establecimientos de la red. Sin embargo, la instancia no dejó conformes a los senadores, quienes aseguraron que no se presentaron soluciones ni información clara.
Para finales del primer semestre de este año la deuda de los recintos públicos del país se cifró en 112 mil millones de pesos, mientras que para el mismo periodo del año pasado este monto era de 76 mil millones. Desde el Minsal aseguran que este número es manejable, mientras que expertos advierten que este es otro elemento que grafica la crisis financiera del sector.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció “desde ya” resguardo policial en los recintos sanitarios de mayor criticidad, pero antes de que la medida se ponga en marcha las autoridades deben terminar de zanjar los puntos que necesitan este cuidado.
El dirigente gremial advierte que en un tiempo más la falta de recurso humano será un problema para algunos establecimientos, pues en las zonas con más agresiones ya hay una "fuga" de funcionarios. Aparte, advierte que la crisis financiera afecta varios hospitales y que es urgente que Hacienda autorice las extensiones presupuestarias.
La semana pasada la ministra de Salud reconoció que al interior de su cartera estaban estudiando la medida para algunos centros tras el explosivo aumento de episodios de violencia en estos recintos. Sin embargo, el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, explica que poner en marcha esta estrategia tomaría meses, pues se necesitaría de la aprobación del gobierno, modificaciones legales y recursos, que justamente hoy escasean.
Según cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Minsal, durante los últimos tres años las tres principales causas de fallecimiento son enfermedades cardiovasculares, cáncer y patologías respiratorias. De hecho, de los casi 75 mil decesos que se han registrado durante 2024, el 62% se le atribuye a esas variables.
Si bien el proyecto piloto que comenzó en abril del año pasado ha aumentado sus personas inscritas, sumado a un incremento de las comunas participantes, desde la cartera sostienen que a más de un año de su puesta en marcha no cuentan con el detalle de cuántas personas afiliadas a prestaciones privadas han sido atendidas en los centros de salud. Según expertos, esto impide medir la eficacia del plan y con ello saber si los afiliados a isapre estarían dispuestos a escoger un sistema de salud público.
El viernes 30 de agosto, el Servicio de Salud Metropolitano Norte, del cual dependen distintos hospitales, presentó una denuncia al Ministerio Público tras descubrir que 14 médicos condenados por la comercialización de licencias falsas emitieron documentos para funcionarios que dependen de su red, las que acumuladas superaban los 7 años de ausentismo. 31 funcionarios involucrados corresponderían al Hospital San José, donde el mismo servicio ya había detectado irregularidades similares.
