Hay una tentación en interpretar los eventos de hace cinco años como una simple expresión de criminalidad. La invitación que hacemos es a superar esa postura miope y a conversar sobre cómo diseñamos instituciones que puedan atacar de raíz los problemas que aquejan a nuestra política.

A un año del 7 de octubre, recordamos las vidas de quienes fueron masacrados por el terrorismo de Hamas y de quienes viven como sus prisioneros. Esos rehenes que parecen ser olvidados por Netanyahu y su banda.

Establecer un mínimo común de diálogo democrático, además de una prioridad de los temas de largo plazo, debiese ser nuestra principal meta como país.

El financiamiento público de los partidos políticos no es una bala de plata que resuelve todos los problemas, pero sí ha sido uno de los avances positivos de nuestra regulación de la política.

El ascenso de la ultraderecha no se da por casualidad o simple coincidencia, sino que por una constante falla de los gobiernos democráticos de cumplir las expectativas de la ciudadanía. Hay varias razones para esto, algunas estructurales y otras más coyunturales.

Uno de sus efectos más relevantes de la cuenta pública no tiene que ver con lo que diga el Presidente o cómo, sino en cómo se da la discusión entre oficialismo y oposición después de la cuenta pública. La hostilidad entre facciones puede ser más atractiva en el corto plazo, pero nos debiese hacer reflexionar sobre el formato, la utilidad y la necesidad de las cuentas públicas.

La competencia política es vital en una democracia, y que los adversarios sean firmes y duros en sus críticas es lo que les permite crear confianza en que tienen una alternativa real al gobierno de turno. El problema es que la derecha radical -la de Kast, Milei, Meloni o Le Pen– no comulga con ese principio básico de la democracia.