El 17 de agosto pasado, la Segunda Sala del máximo tribunal resolvió si es que va a notificar o no a los querellados en una causa que reabrió el país europeo, pero el caso quedó "en acuerdo", es decir, a la espera de que se redacte la decisión. Se investiga al Banco de Chile para determinar si esta entidad bancaria ayudó a Augusto Pinochet, y a sus asociados, en el presunto blanqueo de dinero y alzamiento de bienes, hechos que habrían ocurrido entre 1998 y 2004. Previo a la discusión, la fiscal judicial Lya Cabello recomendó a los ministros visar la petición extranjera basándose en el Tratado de Extradición y de Asistencia Judicial suscrito entre ambos países.

Jorge Bermúdez expuso hace algunos días en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre los actos de las policías en control del orden público. "A la fecha, las sanciones propuestas por la CGR no han sido aplicadas por el general director, pese a que existen dos generales inspectores que fueron ascendidos durante la sustanciación del procedimiento disciplinario", cuestionó. Además, escribió un editorial en la última edición de la revista interna de Carabineros donde planteó que "quienes quieran actuar al margen de la ley siempre buscarán nuevas maneras de hacerlo. Eso nos obliga a crear nuevos mecanismos de prevención y control para detectar oportunamente las irregularidades".

Hoy, el Tribunal Constitucional acogió una medida cautelar presentada por Marco Enríquez-Ominami y ofició al Servel para que lo incluya en el padrón electoral y así poder inscribirse como candidato presidencial. Esto luego de que perdiera su derecho a sufragio por estar acusado por la fiscalía y arriesgar cárcel, proceso que el organismo aún tiene que resolver en el fondo. Pese a la resolución favorable para ME-O, el Servel informó que no puede incluir al periodista Cristián Warner (exbrazo derecho del fundador del PRO) en los registros de quienes están habilitados para sufragar en las próximas elecciones de noviembre y que sólo lo haría mediante una orden del Tribunal Electoral. ¿En qué terminará esta pugna de poderes?

El subcomisario de la PDI Eduardo Villablanca Inostroza declaró ante la fiscalía y personal del OS-7 de carabineros en junio pasado y se convirtió en un testigo clave de las maniobras que se indagan respecto al exdirector de la PDI Héctor Espinosa, quien será formalizado en los próximos días por presuntos delitos de corrupción. En total se investigan 53 depósitos en efectivo por cerca de $140 millones que provendrían de gastos reservados, pero que habrían sido usados para su beneficio personal.

En los ocho meses y fracción que el exministro lleva como consejero, Espina ha conocido de 646 casos vistos en el consejo pleno y de 520 revisados en el Comité Laboral Medioambiental, del cual forma parte. La mayoría de las causas de las cuales se abstuvo de participar tiene que ver con hechos que se cruzan por haber sido ministro de Defensa.

El Ministerio Público le imputa haber infringido las normas sanitarias en el marco de la pandemia de Covid-19 al no portar un permiso emitido por Comisaría Virtual para desplazarse en toque de queda, la noche del 25 de abril. En su defensa, el candidato presidencial argumentó que "sí contaba con el Salvoconducto y permiso de desplazamiento", emitido por el Departamento Seguridad Presidencial Grupo Guardia de Palacio. El monto de la infracción es de 6 UTM y el tribunal fijó audiencia para el 1 de octubre.

En octubre se van a cumplir dos años de la muerte de Álex Núñez, atribuible -según indaga el Ministerio Público- al accionar de Carabineros en medio de las manifestaciones por el estallido social. Hasta ahora la fiscalía no ha podido dar con los responsables. Una de las últimas declaraciones es la de un carabinero que ya denunció ante la policía, en 2020, a dos de sus compañeros de querer encubrir una paliza que dieron a otro detenido en el mismo sector el día que falleció el mecánico de 40 años.

Luego de que se cerrara una extensa investigación en su contra, Juan Miguel Fuente-Alba fue acusado por la fiscalía y se solicitó a la justicia que lo condene a 15 años de prisión por el delito de malversación de caudales públicos. Pero hace unos días el Consejo de Defensa del Estado pidió reabrir la indagatoria. ¿La razón? El 29 de abril pasado, el exmilitar entregó una declaración por escrito -de 94 páginas- intentando desvirtuar una a una las imputaciones del Ministerio Público. Así, el CDE pidió que se hagan una serie de diligencias para "contrastar múltiples afirmaciones contenidas" en su último testimonio.

Un análisis del Observatorio Judicial revela que en los 17 años de funcionamiento de los tribunales orales se han dictado 134.956 sentencias y en un 81% de las veces declararon culpables a los acusados por el Ministerio Público. Y en cuanto a los tiempos que duran estos procesos, se registró un aumento de tramitación de 264 días en 2004 a 602 días en 2019, es decir, crecieron en un 102%. El estudio abre la duda sobre cuánto es un plazo razonable para que una persona sea juzgada y cómo está actuando el sistema judicial en esta materia.

El Ministerio Público ingresó al Juzgado de Garantía de San Bernardo la acusación en contra del excapitán de Carabineros Patricio Maturana, por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de Fabiola Campillai. La mujer perdió la vista y el olfato por el impacto de una lacrimógena que recibió en su rostro cuando estaba en un paradero de San Bernardo, esperando la micro para ir a su trabajo, el 26 de noviembre de 2019. La defensa de Maturana pidió la reapertura de la investigación. Entre las diligencias solicitó que se realice una reconstitución de escena y se hagan pericias de tiro que apoyen la hipótesis de su representado, quien asegura haber percutado la carabina bajo protocolos.

Ministros del Tribunal Constitucional elegirán esta tarde a quien presidirá el organismo, sucediendo a María Luisa Brahm en el cargo, que tiene en sus manos el "voto dirimente" que se impone ante empates. El académico Juan José Romero ya tiene al menos seis votos, pero de ser electo, encabezaría la institución solo por siete meses: en marzo termina su periodo. No son tiempos pacíficos al interior del "guardián de la Carta Magna", pero tampoco lo son en el exterior con el funcionamiento de una Convención Constitucional que podría proponer modificar o incluso reemplazar a esta institución tal y como la conocemos hasta ahora.

El 14 de mayo pasado entregó su testimonio ante la fiscalía el presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó Juan Antonio Poblete. En su declaración ante el fiscal Jaime Retamal, que a ratos fue tensa, se le interrogó respecto a si los antecedentes que recibió como ministro para autorizar las intercepciones del periodista Mauricio Weibel y a cuatro exfuncionarios de la institución, todos denunciantes del fraude en el Ejército, fueron o no verídicos. "Las resoluciones las he adoptado en conciencia y con el mérito de los antecedentes", precisó el exministro del tribunal de alzada de Santiago.

Nicolás Piña Palomera (34), quien está en prisión preventiva por lanzamiento de bomba molotov a un furgón policial y es parte del grupo de los presos vinculados a delitos cometidos durante el estallido social, denunció a través de un recurso de amparo en contra de Gendarmería que la entidad penitenciaria lo obligó a recibir al candidato presidencial el viernes pasado. A raíz de esto, dice que sufrió recriminaciones de sus pares y que posteriormente, en un allanamiento, fue maltratado por personal de la entidad penitenciaria sin justificación.

La justicia española reabrió una investigación que involucra al Banco de Chile, para determinar si esta empresa ayudó a Augusto Pinochet y sus asociados en el presunto blanqueo de dinero y alzamiento de bienes, hechos que habrían ocurrido entre 1998 y 2004. Ahora será el máximo tribunal el que determine si visa o no la petición forastera.

El 15 de enero pasado, el Ministerio de Justicia les ordenó devolver las remuneraciones percibidas por quienes se desempeñen como consejeros de la aseguradora. Sin embargo, la mutualidad, representada civilmente por el abogado Raúl Tavolari, arremetió y presentó una demanda en contra del Estado, pidiendo al tribunal que determine que la repartición, dirigida por Hernán Larraín, carece de atribuciones y competencia para fiscalizarlos y, además, que se declare que las remuneraciones pagadas a los consejeros de la Mutualidad, por el desempeño de sus funciones, son pagos válidos y no sujetos a restitución.