Aunque las cifras crecen, expertos apuntan a que esto refleja una mayor disposición a denunciar, impulsado por movimientos como el #MeToo. Sin embargo, la falta de pruebas y recursos en el sistema judicial complican la investigación, resultando en altas tasas de casos archivados y bajas condenas.

El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, abrió una investigación penal por un presunto "acceso indebido" o "ilegal" a la denuncia que pesa sobre el Presidente Gabriel Boric. Esto, ya que los abogados -para poder visualizar una causa en que un cliente tiene calidad de imputado- se deben acreditar sí o sí ante el Ministerio Público. Y para ello deben tener un RUC, que no fue el caso según la cronología de lo que ocurrió en Punta Arenas.

La mujer que denunció por difusión de fotos íntimas al Mandatario cuenta con al menos seis causas penales en las que está involucrada y que van desde desórdenes, pasando por un robo y hasta denuncias por violencia intrafamiliar con quien ha aparecido como su abogado o "representante".

Antes de quedar en prisión preventiva, el tribunal había ordenado a la plataforma de contenido para adultos Onfayer retener los ingresos de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga.

Un informe del Instituto Libertad asegura que en las 76 comunas a nivel nacional en la que se aplicó la iniciativa de gobierno, los asesinatos aumentaron 7,6%. A nivel regional, la zona norte es la única en la que disminuyeron los homicidios, mientras que en el sur la situación es "dispar". Desde el ministerio del Interior discrepan.

La exautoridad de Interior llegó hasta la Fiscalía Oriente a inicios de esta semana para comparecer ante los fiscales del caso por sus presuntas gestiones en el proyecto Parque Capital, donde se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias. La audiencia se desarrolló en absoluta reserva.

La abogada Luppy Aguirre dejó su cargo luego de ser mencionada durante la audiencia de formalización este martes, ya que habría sido parte de las comunicaciones que realizó el entonces exsubsecretario Manuel Monsalve antes de que estallara el caso por el que fue formalizado por violación. Desde que se conoció de la denuncia, se ha removido a dos altas jefaturas encabezadas por mujeres: la exjefa de Inteligencia de la PDI y ahora la destacada profesional que venía del CDE.

Carlos Mora trabajará junto a Felipe Polanco en la defensa del fiscal que -según revelaron las conversaciones con Luis Hermosilla- habría realizado gestiones para cerrar el caso Penta. La Fiscalía ha señalado que también investiga presuntas injerencias en más casos y que ya emitió una alerta a la PDI para que avise si Guerra sale del país.

Tras una audiencia que se extendió por más de 14 horas, el juez Mario Cayul poco antes de la medianoche de este miércoles determinó que los elementos expuestos por el Ministerio Público son suficientes para sostener, en esta etapa procesal, que el imputado violó y abusó sexualmente de la denunciante. Dispuso su ingreso inmediato a una "cárcel pública" y fijó cuatro meses de plazo para la indagación.

El exjuez recurrió al Tribunal Constitucional (TC), en paralelo a las acciones judiciales emprendidas luego de que la Corte Suprema negara entregar los antecedentes recabados por la Comisión de Ética del máximo tribunal. Mientras se tramite aquello, la defensa de Muñoz pide que se suspenda la tramitación de la causa ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Querellantes del caso, como el diputado Andrés Celis (RN), han pedido una serie de diligencias en la causa en contra de personeros como la ministra Carolina Tohá, el director de la PDI, Eduardo Cerna; o funcionarios como Camilo Araneda, muy cercano al Presidente, a quienes han pedido requisar sus teléfonos. Piden que para mayor imparcialidad investigue estas aristas Carabineros. En paralelo, también han surgido cuestionamientos a un posible mal uso de gastos reservados por parte de la exautoridad, sospecha instalada por el importante uso de efectivo en sus actividades personales.

Si bien el máximo tribunal determina que la iniciativa de tres senadores "persigue objetivos loables y se basa en un diagnóstico plausible", sostiene que propone algunas normativas que podrían ir en contra de los derechos humanos o de las potestades de los tribunales.

La exalcaldesa de Peñalolén dejó atrás su pretensión parlamentaria y la semana pasada aceptó integrar el equipo de seguridad del Presidente, quien la designó como subsecretaria de Prevención del Delito. “Yo no vengo a partir de cero, sino que sobre la base de lo que ya se está ejecutando”, afirma la exmilitante de la DC.

Ambos, reconocidos abogados, una como defensa y el otro como persecutor, en más de una ocasión se "enfrentaron" este viernes durante la audiencia de formalización del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La abogada, y exconsejera del CDE, incluso se dirigió directamente a los fiscales para cuestionar la detención.

El Ministerio Público por primera vez abrió 31 días de peritajes, testimonios y análisis de cámaras, con los que concluyó que el exsubsecretario Manuel Monsalve tendría participación como autor de un delito de violación consumada y un abuso posterior. El fiscal Xavier Armendáriz relevó que la víctima estaba tan ebria la noche de los hechos que fue incapaz de hacer valer su consentimiento, lo que fue aprovechado por el imputado. A esta hora se debate la prisión preventiva solicitada por los investigadores.