En la solicitud realizada por 17 parlamentarios se busca citar a los ministros Marcel y Grau; además de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez y el director ejecutivo del organismo, José Miguel Benavente.

El gobierno y la oposición están enfrentados por el impacto que tendría el creciente número de migrantes habilitados para votar. El sufragio obligatorio y, en especial, el desequilibrio que puede ejercer la comunidad venezolana entrampan el debate por la reforma electoral.

Una peculiaridad del sistema electoral chileno es su apertura para conceder el derecho a votar a extranjeros, aun cuando no estén nacionalizados. Son incorporados al padrón sin su consentimiento y pueden quedar en el registro electoral a pesar de que se hayan ido del país. Ese es el caso de muchas figuras ligadas al fútbol. No solo eso. Hoy la Constitución chilena, además, los obliga a votar.

A partir de marzo y no más allá de abril, el ministro debe tratar de conseguir un acuerdo en torno a las reformas políticas y desatar dos nudos pendientes en materia de leyes electorales: el voto de los extranjeros y la multa por el sufragio obligatorio. Además, debe entrar de lleno a negociar los nombres de dos nuevos integrantes del Servel. Todo ello, antes de que comience formalmente el período de elecciones.

Las enmiendas del Ejecutivo buscan corregir la reforma electoral, aprobada el pasado 14 de enero por el Senado, que regula la multa para el voto obligatorio. Desde el Congreso, las fuerzas oficialistas se cuadraron con la ofensiva de Palacio, mientras que desde la oposición acusaron un cálculo electoral.

Las quejas de legisladores apuntaban especialmente al artículo, que habilita el uso de dispositivos electrónicos, entre ellos el IMSI catcher, para rastrear e intervenir celulares y direcciones de IP.

La arremetida fue promovida por el diputado Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano), quien buscaba que firmaran el requerimiento los 38 parlamentarios que votaron en contra en la Cámara, sin embargo al legislador solo le faltaron tres rúbricas.

El organismo no hizo objeciones sobre el uso de dispositivos IMSI catcher, que permiten rastrear celulares. La norma quedó redactada en términos amplios, y una vez que el Presidente publique la nueva ley, estas herramientas de intervención y detección -que a juicio de la izquierda eran invasivas de la vida privada- pueden servir para delitos terroristas y también para casos de drogas, de control de armas y de crimen organizado.

La Moneda busca que ciudadanos de otros países habilitados para votar en Chile solo puedan ejercer este derecho en comicios municipales y plebiscitos comunales. Además, la ofensiva legislativa, coordinada por el ministro de la Segpres, propone como exigencias que los migrantes presenten un certificado de antecedentes penales para ser incluidos en el padrón y que tengan residencia definitiva, no "temporal".

Una candidatura parlamentaria fallida, un negociador estable de RN con el gobierno y dos senadores escépticos que se convirtieron en aliados fueron parte de las piezas clave del acuerdo previsional.

En esta jornada decisiva para el proyecto previsional, los ministros del Presidente Gabriel Boric sacaron provecho de los reclamos de las controladoras extranjeras de las AFP para alinear a sus últimos disidentes. Este nuevo factor se sumó a la estrategia comunicacional que ya había desplegado el Ejecutivo para utilizar el rechazo del Partido Republicano a su favor. En total fueron 51 votaciones, en las que el texto acordado en el Senado se aprobó en su totalidad por los diputados.

Los ministros del Presidente Gabriel Boric salieron esta mañana a responder a las controladoras extranjeras de las AFP. Este nuevo factor se sumó a la estrategia comunicacional que ya había desplegado el Ejecutivo en las últimas semanas para utilizar el rechazo del Partido Republicano a su favor.

El Presidente Gabriel Boric, además, este martes hizo uso de la facultad constitucional para citar de manera forzosa a la Cámara de Diputados para que debata y vote la iniciativa previsional.

Siete legisladores de derecha votaron en contra, en general, del proyecto; cinco de ellos de Chile Vamos que, en teoría, “estaban dentro” del acuerdo. Además, en señal de rebeldía, Ximena Rincón (Demócratas) no quiso votar y Juan Castro (socialcristiano) no alcanzó a llegar a la sesión, aunque su colectividad igualmente estaba en contra.

El gobierno ingresó el oficio por la secretaría de la Corporación y en la sesión de este martes se dará cuenta a los diputados. Si bien el documento no detalla un día determinado y se remite a lo que señala la norma, para que sea "a la brevedad", la mesa de la Corporación ya acordó que citará este miércoles desde las 10.00 horas.