Periodista de Política de La Tercera
En estado de alerta se encuentran los senadores socialistas que aspiran a retener el cupo en el Consejo del Servicio Electoral. Sin embargo, parlamentarios frenteamplistas promueven a la abogada Antonia Rivas (cercana al FA), quien integró el Comité de Expertos en el segundo y fallido proceso constituyente.
La ministra vocera (s), Aisén Etcheberry, dijo que estaban "abiertos a tomar todas las acciones que sean necesarias para que terminemos en enero con una reforma de pensiones”. Del punto de vista legal y constitucional, el Ejecutivo tiene herramientas para obligar al Parlamento a sesionar en forma extraordinaria.
La evidente copia de contenidos de las reformas que plantean un umbral se debe a que fueron sacadas textualmente de la propuesta de la Comisión Experta que trabajó en el segundo proceso constituyente. En el plano electoral, también hay proyectos con similitudes que buscan fijar la multa por no votar.
La jefa de la bancada comunista cuestiona la efectividad de poner umbrales para evitar la fragmentación política. “No hubiera evitado que el Partido de la Gente llegara al Parlamento”, ejemplifica. Respecto de la reforma de pensiones, señala que sería decepcionante que no se toque la industria y que toda la cotización vaya a cuentas individuales.
En el Ejecutivo está cobrando fuerza la idea de extender el trabajo legislativo durante el verano, debido a que el Congreso solo tendrá nueve días de sesiones antes del receso de febrero. El riesgo de que la tramitación final de la iniciativa sea postergada para marzo complica especialmente al oficialismo, donde temen que el clima electoral altere la base de apoyo de un posible acuerdo.
El ajustado calendario legislativo que resta de aquí a marzo genera una complicación para el gobierno, que apuesta por despachar la reforma de pensiones en enero.
El asesor presidencial Carlos Durán dijo que fue el Presidente quien le pidió no contarles a otros ministros políticos. "No le debía contrarrestar a una comunicación que el Presidente me da”, dijo. Por su parte, Pía Mundaca comentó que inicialmente "la ministra me dio el nombre de una persona y me pidió investigar si esa persona trabajaba en el ministerio..., pero yo en ese momento no sabía que el nombre que me había entregado la ministra correspondía a la historia que íbamos a conocer después”.
La iniciativa, presentada por parlamentarios del PS, PPD, la UDI y RN, establece un umbral del 5% de los votos o un mínimo de 8 legisladores para que los partidos puedan tener representación en la Cámara de Diputados. Además, considera el cese del cargo de los parlamentarios que renuncien a sus colectividades de origen.
La iniciativa, de autoría de los senadores Manuel José Ossandón (RN), Matías Walker (Demócratas), Ximena Rincón (Demócratas) y Luz Ebensperger (UDI), considera una sanción de 0,5 a 5 UTM (desde 32 mil a 325 mil pesos aproximadamente).
Si bien el nombre del abogado Pablo Gutiérrez, propuesto por los senadores socialistas, no recibió un portazo explícito, después de casi dos años el silencio del Ejecutivo ha terminado causando, incluso, más molestia en la bancada PS. Aparentemente, La Moneda tendría otros planes para llenar las vacantes en el organismo electoral.
Los parlamentarios tenían plazo hasta este lunes para ingresar el requerimiento que necesitaba 38 firmas de la Cámara. Al no alcanzar esos apoyos, presentaron un "téngase presente" al TC, un oficio que tiene un menor peso ante el tribunal.
El jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Saéz, confirmó que apoyarán la presentación contra el dispositivo que permite interceptar comunicaciones. Sin embargo, el diputado comunista Luis Cuello aseguró que todavía están "evaluando la mejor estrategia". El problema es que deben reunir 38 firmas de diputados y tienen plazo hasta el lunes.
“Se puede dar el absurdo de que haya distritos en que no se pueda elegir a ningún diputado, porque sus partidos no logran el 5% a nivel nacional”, dijo el legislador, quien es autor de otra reforma que promueve la federación de partidos.
El pasado 29 de octubre, la secretaria de Estado hizo un reproche a toda la institución de guardar silencio ante las denuncias sexuales que han afectado a diputados en ejercicio. “Le invito respetuosamente a reflexionar sobre la posibilidad de retractarse públicamente", dice una carta enviada por la presidenta de la Cámara, Karol Cariola, a la ministra.
A diferencia del despacho del Ministerio de Seguridad, este informe final por la Ley Antiterrorista tuvo un alto costo de tensiones internas para el oficialismo, ya que los diputados de izquierda cuestionaban el uso de dispositivos "IMSI catcher", herramienta para rastrear e interceptar metadatos de celulares.
