En el oficialismo y sectores del gobierno apuntan a la abogada como una de las responsables del "bochorno", quien es especialista en derecho público. Ella es quien debe cuidar la legalidad y constitucionalidad de los decretos que firma el Presidente. Pese a las recriminaciones internas, desde ese ministerio insisten en que la responsabilidad es de Bienes Nacionales.
El máximo tribunal quiere dejar atrás la tormenta, recuperar la normalidad y sepultar el que -dicen en sus pasillos- fue su peor año en sus más de dos siglos de historia. Para eso se propuso pasar a segunda línea, evitar los escándalos y bajar la tensión con el Congreso. Aún con cuatro cupos vacíos, tras el fin de la poderosa era de Sergio Muñoz, los supremos han ido reconfigurando los grupos de poder.
Bárbara Figueroa llamó a no generar una "expectativa irreal" respecto del proyecto de pensiones, y admitió que terminar con las administradoras de fondos está fuera de la mesa. En el Frente Amplio, eso sí, insisten en empujar la separación de la industria, algo resistido por senadores del PS.
La exalcaldesa dejó atrás su silencio estratégico y anunció que comenzará a reunirse con economistas y expertos para incidir en las negociaciones por la reforma previsional. Su paso al frente eleva la presión a los senadores de Chile Vamos que están negociando el acuerdo con el gobierno, en medio de una fuerte disputa al interior de la derecha luego de una arremetida del Partido Republicano.
El último comité central de la colectividad estuvo marcado por la preocupación de sus militantes por una reforma previsional que, tal como está la negociación en el Senado, no toca la industria ni la propiedad de las AFP. La preocupación es el reflejo de algo más profundo y que, en realidad, ha atravesado varios temas de lo que se supone era la ambiciosa agenda con la cual conquistaron La Moneda en 2021.
En una resolución dividida, la mayoría del tribunal estimó que pese a que La Moneda no adjuntó toda la documentación requerida en esta parte del proceso e incurrió en un error de forma, el vicio no era suficiente para dejar caer el intento del gobierno para impugnar 14 glosas. La decisión fue parcial ya que hubo algunas normas, como una que estaba vinculada a la Ley Aula Segura, que quedaron fuera.
La Moneda hizo un cambio en su equipo judicial, que estaba previsto de antes, para revertir la decisión y fichó al exministro del TC Gonzalo García. El asunto será tratado sin alegatos en el pleno citado para este jueves. De fondo resuena el precedente de 2021, cuando el mismo organismo encargado de velar por la Constitución le dio un portazo al requerimiento del expresidente Sebastián Piñera en contra del tercer retiro de las AFP.
Por primera vez en mucho tiempo, la centroizquierda no cuenta con figuras competitivas que estén dispuestas a enfrentar una elección presidencial cuesta arriba, y en forma privada los partidos han empezado a explorar salidas. "Al igual que la selección chilena, hoy están todos con la calculadora en la mano y antes de marzo nadie se va a tirar a la piscina”, señala Camilo Escalona.
El acceso total a los dispositivos electrónicos de abogados -como el de Luis Hermosilla, Manuel Guerra o el del exasesor de los diputados PS Enrique Aldunate- revivió un duro dilema jurídico: ¿Hasta dónde puede hurgar un fiscal cuando quiere investigar un delito a través de evidencia que goza de una reserva especial? El asunto preocupa al gremio y, con los avances tecnológicos, las clásicas interrogantes que rodean al mundo judicial se han hecho más complejas, al punto de que el Ministerio Público ha ido sumando fuertes cuestionamientos a su labor.
Cuando a fines del año pasado el gobierno quiso estudiar los factores que determinan el respaldo o la desafección con el Presidente, la Secom dio con un hallazgo que se ha encargado de transmitir en La Moneda, pero también en los partidos. Dicho análisis detectó que la fiel base de apoyo del Mandatario, luego de un cambio biográfico en sus vidas, se termina alejando de la figura presidencial.
Desde noviembre de 2021, el penalista tiene un mandato judicial entregado por el Mandatario para que lo represente en causas judiciales. Desde entonces se fue abriendo camino en el mundo frenteamplista, al punto de que varios reconocen que su estudio de abogados se transformó en el que más ronca en La Moneda. Su rol quedó al descubierto luego de que fuera él quien encontrara la denuncia en contra del Jefe de Estado por una supuesta divulgación de imágenes íntimas.
La moción cuenta con la firma de seis senadores del PS, PPD, RN, UDI y Evópoli. El proyecto es una reforma constitucional que instala el umbral electoral del 5% y la pérdida de escaño para los parlamentarios que renuncien a sus partidos. El gobierno ahora convocará a las fuerzas políticas para buscar consenso y conseguir los 29 votos en el Senado y 89 en la Cámara. La misión se ve cuesta arriba, ya que buena parte del oficialismo está en desacuerdo con las barreras electorales.
La exconsejera Ninoska Payauna publicó una carta en la que transparentó las razones para ponerle fin a su militancia. "Después del plebiscito de salida no existió una instancia para conversar, reflexionar y analizar los resultados, invisibilizando la mirada que pudiéramos tener las personas que fuimos parte del proceso y de la campaña”, se lee en la misiva.
La Fiscalía Regional de Magallanes está investigando una causa que se inició en el mes de septiembre de este año por el delito de difusión indebida de imágenes íntimas. El Mandatario se encuentra en calidad de imputado y dicha causa está desformalizada.
Desde la disidencia del PS, el entonces diputado Manuel Monsalve comenzó a construir una improbable relación con el exdiputado Gabriel Boric que, con el tiempo, lo llevó a La Moneda para hacerse cargo de la seguridad del país. Fue esa misma confianza política la que -a ojos del oficialismo- los terminó arrastrando en una de las crisis más grandes que ha golpeado a Palacio. Mientras el ex subsecretario pasa sus días preso, el Presidente carga con haberle dado el beneficio de la duda y haberse posicionado en el núcleo de un caso que tiene al Ejecutivo sumergido en un complejo caso judicial.
