Los socios de Azul Azul, Daniel Schapira Eskenazi y Eduardo Schapira Peters, dueños del 24% de la concesionaria, presentaron una querella criminal ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago contra Michael Clark e Inversiones Antumalal Limitada por presunto fraude en la omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).
Las empresas del retail protagonizan un conflicto judicial por la restitución de cinco locales comerciales, en el que Abc acusa a la subarrendataria de incumplir los plazos de devolución, generando pérdidas por más de $852 millones, mientras que Fashion’s Park argumenta que los contratos forman parte de un acuerdo integral y acusa a Abc de actuar de mala fe al no cumplir con la entrega de otro inmueble clave en Talca.
El Cuarto Juzgado de Garantía solo decretó la firma mensual para el socio de Larraín Vial, Manuel Bulnes, pese a que la Fiscalía pedía arresto nocturno y arraigo nacional. Rodrigo Zegers, abogado del director de finanzas, Felipe Porzio, destacó que el tribunal rechazó las medidas cautelares más restrictivas. "Lo consideramos un avance importante", dijo.
La jueza Cheryl Fernández ordenó la firma mensual para los socios de Larraín Vial Manuel Bulnes, y Felipe Porzio, en circunstancias de que la Fiscalía había solicitado arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
El dirigente gremial lideró en tres períodos no consecutivos la Sociedad Nacional de Agricultura, y entre 2001 y 2003, la CPC. En la Enade de 2001, y ante más de 1.500 empresarios, le dijo a Ricardo Lagos: "Señor Presidente, por favor, déjenos trabajar tranquilos".
La minera acusa que el exsuperintendente de Seguridad Vial y Emergencias de la firma lideró un esquema fraudulento que provocó un perjuicio patrimonial de $1.353 millones. La querella, patrocinada por el penalista Cristián Muga, fue interpuesta en el Cuarto Juzgado de Garantía. La defensa del acusado cuestionó la acción judicial.
Este jueves a las 14 horas la jueza Cheryl Fernández del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago citó a las partes para dar a conocer si acoge o rechaza las medias cautelares solicitadas en contra de los imputados.
Un escrito de 38 páginas contiene los descargos que entregó su defensa ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En el documento, Álvaro Jalaff, fundador de grupo Patio acusado de ser parte de un esquema defraudatorio, alertó por el precedente que sienta la acusación del regulador.
Tras perder en primera instancia y en la Corte de Apelaciones, la empresa presentó su apelación el 15 de enero. Según el escrito de la CLC, “si hubiese analizado y aplicado el estatuto jurídico invocado por CLC en la demanda, la conclusión de la sentencia debió necesariamente ser que la demanda indemnizatoria debió ser acogida”.
Leonardo Battaglia, defensor del ex socio de Patio, denunció que había preacordado con dos fiscales una medida cautelar de menor intensidad, aunque reconoció que ello estaba supeditado a la decisión de la fiscal regional, Lorena Parra. Finalmente, el Ministerio Público pidió prisión preventiva para Jalaff. "Uno entendería que la fiscal regional tiende a apoyar el trabajo de sus subalternos en una institución jerarquizada, pero esta vez no fue el caso", dijo.
El abogado Cedric Bragados afirmó que las deudas del ex socio de grupo Patio "no tenían un origen ilícito, porque existía una documentación de respaldo". Otro de sus defensores, Leonardo Bataglia, anunció un acuerdo con uno de los querellantes, Fintrust. "La única estafa imputada a Antonio Jalaff Sanz desaparece”, dijo sobre ese arreglo.
Felipe Guzmán, socio fundador y accionista minoritario de Red Megacentro (RMC), inició tres arbitrajes contra directores y ejecutivos de la compañía, acusándolos de operaciones irregulares que habrían perjudicado los intereses de la sociedad. Sus abogados acudieron a tribunales civiles y al CAM Santiago. Guzmán tiene el 5,32% de la compañía.
Este es el segundo intento en cuatro años de Multitiendas Corona para evitar su quiebra. La empresa que opera 51 tiendas pidió más plazo para gestionar una fórmula que incluye el cambio de control de la compañía, prórroga a la que accedieron sus principales acreedores. Ya existiría un grupo interesado que suscribió un acuerdo de confidencialidad.
La defensa de Felipe Porzio sostuvo que “jamás participó en colocación de cuotas serie B, fueron colocadas por STF Corredores de Bolsa. En esa corredora, ni Porzio ni ejecutivos de Larraín Vial tiene participación alguna”, y agregó que "me da vergüenza como chileno que la CMF no hizo su pega”.
“El Estado, por medio de su empresa Codelco, se encuentra autorizado, por ley de quórum calificado, para desarrollar y participar en actividades para la exploración, explotación y comercialización de litio”, dice el dictamen por un recurso de amparo económico presentado por el abogado Juan Francisco Sánchez Silva contra Codelco, sus filiales Salares de Chile SpA y Minera Tarar SpA, y Corfo.
