El fiscal jefe Francisco Jacir ingresó un escrito al tribunal en el que informa que el próximo 23 de diciembre el imputado será conducido hasta su despacho para ser interrogado por el delito de violación. ¿Renunciará a su derecho a guardar silencio?

La acción judicial de la defensa buscaba revocar la prisión preventiva que exalcaldesa de Maipú está cumpliendo en la cárcel de San Miguel desde el 12 de noviembre.

La exalcaldesa de Maipú se encuentra recluida desde el 12 de noviembre en la Cárcel de San Miguel.

El diálogo telefónico, que se dio días después de que el deportista fuera formalizado, se extendió por quince minutos y en él la parlamentaria entregó varios detalles a la denunciante respecto al deportista. Asimismo, le comentó lo que ella conocía sobre el segundo hecho, que por ese entonces se desconocía. Esta fue la primera comunicación entre la diputada del Frente Amplio y la denunciante, que luego tuvo otro episodio.

Por estos días no pocas voces cuestionan la intervención que hizo la diputada del Frente Amplio en la causa por violación que involucra a su expareja Jorge Valdivia. Si bien ante Fiscalía declaró que se contactó con la víctima para ayudarla, fuentes del caso apuntan a que los motivos más bien habrían sido personales, es decir, para protegerse a sí misma: habría buscado que la víctima pudiera hacer alguna gestión para que la PDI sacara del expediente las conversaciones que ella tenía con Valdivia, pues revelaban aspectos íntimos de su relación con él y que nada tenían que ver con los hechos que se investigaban respecto a los delitos sexuales.

A la titular de la Mujer, quien mantiene un historial de desencuentros con la diputada, se le agotó la paciencia y así se lo hizo saber a la mesa de su partido. El contacto de la parlamentaria con la fiscal que investiga el caso de presunta violación cometida por su expareja Jorge Valdivia terminó con que se tomaran cartas en el asunto.

Preocupación generó en el mundo de la defensa de los Derechos Humanos la "celeridad" con que la Fiscalía Occidente actuó para incautar el celular del abogado de la bancada PS, Enrique Aldunate, tras una denuncia respecto a que supuestamente entregaría antecedentes reservados del caso Audio a un medio de comunicación. La abogada experta en la materia asegura que se está dando una señal errónea: "la criminalización de un actor no estatal, como es el caso de este querellante, puede dañar seriamente la libertad de expresión, y da cuenta de cómo los fiscales se lavan las manos de un problema que es de ellos... de hecho, genera un efecto intimidatorio en actores que no tienen el deber de reserva contemplado en la ley".

La exautoridades de gobierno comparecieron ante el fiscal Miguel Ángel Orellana, quien investiga el presunto tráfico de influencias durante la administración anterior por parte de Luis Hermosilla, en favor del proyecto de propiedad de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff.

No han sido semanas fáciles en la Contraloría General de la República y es que desde que el 6 de noviembre, a 48 horas de ser ratificada en el Senado, la contralora Dorothy Pérez emitió un dictamen que cambiaba el criterio de su antecesor Jorge Bermúdez. Una paralización y manifestaciones convocadas por los empleados públicos y una reciente resolución de la Corte de Santiago pusieron en jaque una de las primeras iniciativas de la abogada a la cabeza del organismo.

Si bien el exministro de Vivienda accedíó voluntariamente, cuando declaró ante la Fiscalía, a la revisión de sus cuentas, el Ministerio Público pidió al tribunal que los bancos entreguen los antecedentes bancarios de las dos exautoridades con el fin de conocer si recibieron dineros por apurar la tramitación del proyecto.

El exministro de Vivienda declaró en calidad de imputado el pasado 30 de septiembre, dando cuenta -ante el fiscal Miguel Ángel Orellana- que la ascendencia política que tenía Chadwick lo llevó a reunirse en varias ocasiones con Luis Hermosilla. Además, dijo, porque consideraba al penalista como un funcionario activo de gobierno.

Manuel José Errazuriz, exseremi de Vivienda de la RM durante la administración de Sebastián Piñera, relató ante el Ministerio Público las reuniones que tuvo con el abogado Luis Hermosilla, a las que llegó con el entonces ministro de Vivienda, Felipe Ward. Este, según su versión, además le instruyó "dar todas las facilidades dentro de la legalidad a Luis Hermosilla".

En su comparecencia ante el Ministerio Público, la exautoridad abordó no sólo lo consultado sobre el proyecto Parque Capital, sino que también su relación con el abogado Luis Hermosilla, su vínculo con el gobierno además de una serie de consultas que realizó el fiscal de Alta Complejidad Miguel Orellana.

El magistrado Mario Cayul, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, aprobó el "no inicio" de investigación tras la denuncia interpuesta por su par, el magistrado Daniel Urrutia, en contra de un superior jerárquico de ambos, el ministro del tribunal de alzada capitalino Juan Cristóbal Mera. En definitiva, el Ministerio Público consideró que el juez acusó a otro magistrado sin prueba alguna y por ello la Fiscalía decidió no intervenir en la disputa.

Una funcionaria de Presidencia demandó por vulneración de derechos fundamentales al gobierno luego que tras 13 años fuera despedida por la administración de Gabriel Boric. Antes de seguir adelante con la acción -en que se acusa acoso sexual, desprotección y discriminación política-, el Ejecutivo, representado por el CDE, logró un acuerdo con la mujer, tras un pago visado por el Fisco.