El segundo máximo accionista de Azul Azul interpuso una medida prejudicial precautoria contra el presidente de la concesionaria, que le impide celebrar actos sobre sus acciones.
Leslie Ayala
Periodista de La Tercera Domingo
Durante años el TC fue duramente cuestionado por su fuerte componente político, por cambiar criterios según su composición (cuoteo binominal izquierda-derecha), afectando la previsibilidad jurídica. Sin embargo, el "cese de cargo" dictaminado en contra de la senadora Isabel Allende (PS) desestabilizó al poder político y cómo entendía el rol de un organismo que en el primer proceso constituyente estuvo a punto de desaparecer. Las ministras de sensibilidad progresista, dos de ellas nominadas por el Presidente Boric, dieron un golpe de timón, pero a su vez -junto a las juezas cercanas a la DC- abrieron una "caja de Pandora" que -se prevé- será difícil de cerrar: la destitución vía TC de autoridades electas por votación popular.
El 10 de marzo, tal y como lo anunció por televisión el fiscal regional Mario Carrera, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, declaró como imputado en la arista del caso Audio que involucra a su amigo de la universidad, Luis Hermosilla, y al exfiscal Manuel Guerra. Sobre la incorporación de este último a la Universidad san Sebastián una vez que dejó el Ministerio Público aseguró que él no tuvo nada que ver, ya que era un profesor más y que quien lo fichó fue directamente el fallecido Luis Cordero. "Había una relación de amistad que yo desconocía en el grado de profundidad que se aprecia en ellos", dijo sobre los chats.
La defensa del exalcalde comunista había recurrido hasta el tribunal de alzada capitalino para sustituir la actual medida cautelar que pesa sobre él por una de menor intensidad como la firma quincenal o arresto nocturno. La Cuarta Sala de la Corte determinó que la gravedad de los hechos que se le imputan hace necesario su privación domiciliaria.
El exfiscal regional de la zona Oriente está siendo investigado luego que sus conversaciones privadas, vía Whatsapp, con el penalista Luis Hermosilla fueran reveladas. Lejos de hacer un "mea culpa" por el tono de los intercambios, algunos que se leen bastante serviles y que han llevado al CDE a querellarse por cohecho, asegura a La Tercera que no reveló secretos a quien en esa época consideraba un amigo. ¿Por qué entonces está en esta situación? Manuel Guerra, sin tapujos, apunta sus dardos hacia Ángel Valencia. "Soy un personaje incómodo y no es casualidad que uno a uno fuimos cayendo todos los que no estuvimos en su campaña para fiscal nacional, piense: Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus, Carlos Palma... yo".
El abogado Héctor Mery, quien actualmente integra el Tribunal Constitucional (TC), presentó un amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago acusando la ilegalidad de la diligencia de la que fue blanco la semana pasada por parte de la Fiscalía Regional de O'Higgins. Sus abogados piden que de plano se declare nula la pesquisa y se requiera al Ministerio Público por haber dirigido medidas intrusivas para una persona que no tendría calidad de imputada en el caso que remece al Palacio de Tribunales.
La millonaria compra de un sistema que, supuestamente, mejoraba las interceptaciones telefónicas derivó en una investigación penal por fraude al Fisco. El caso tiene como imputado al exjefe de Drogas del organismo, Luis Toledo, que hoy trabaja en la USS y cuyo teléfono la PDI incautó hace unos días. Y hay más... Luego de que se allanara la Fiscalía Nacional, el viernes pasado, Ángel Valencia reasignó el caso y lo trasladó sin explicación desde Santiago a Valdivia.
Los abogados del chileno –hoy preso en una cárcel de Francia– iniciaron los trámites para solicitar su liberación. Esto luego de que la Corte de Casación (la Suprema de ese país) determinara vicios y anulara, hace más de un mes, el juicio donde se le condenó a 28 años de cárcel por el asesinato de la estudiante japonesa y expareja, Narumi Kurosaki.
El Ministerio Público recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago para pedir que se reimponga la prisión preventiva de Luis Hermosilla, quien dejó la cárcel la semana pasada. Entre sus argumentos, la Fiscalía cuestiona que se hayan considerado informes sociales pese a que existe peligro para la sociedad. "No es un análisis social, sino que jurídico”, plantea.
El magistrado del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, Edgardo Gutiérrez, determinó cerrar la etapa de investigación por presunto abuso en contra del actor Cristián Campos. Ahora se prepara su sobreseimiento definitivo, tras una reapertura del caso motivada por testimonios contradictorios de los también actores Pedro Campos y Simón Pesutic.
En el marco de la investigación sobre presuntos delitos de corrupción en nombramientos del Poder Judicial, trascendió que el excoordinador de seguridad para la Macrozona Sur estuvo a punto de ser allanado, pero la medida intrusiva fue rechazada por el tribunal pues Fiscalía no detalló el domicilio del abogado. El abogado, quien hoy participa del comando de Evelyn Matthei, evaluó congelar su colaboración, pero echó pie atrás tras ser notificado por la policía de su condición en la indagatoria.
La diligencia, de la Fiscalía de O’Higgins, fue dirigida en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, quien es investigado por sus chats con el abogado Luis Hermosilla en la que hablaban sobre presuntas influencias en nombramientos en el Poder Judicial el 2021. También contra Héctor Mery, actual ministro del TC y el exasesor de Presidencia Andrés Sotomayor.
La diligencia se dio con una orden judicial y corresponde a la investigación por el presunto tráfico de influencias en los nombramientos judiciales. También se allanó el domicilio del ministro del Tribunal Constitucional (TC) Héctor Mery.
El diputado (ex UDI) enfrenta una situación judicial igual de compleja que su esposa, quien hoy está privada de libertad. La PDI elabora un lapidario informe con el que la Fiscalía pedirá su desafuero. Maniobras de fraude al Fisco durante cinco años y el sospechoso robo de su computador están entre las acusaciones.
Hace cinco meses que la institución, encargada de brindar defensa a quienes no optan o no pueden pagar un abogado privado, está descabezada. Esto, luego de que el Presidente Gabriel Boric decidiera no renovar al penalista Carlos Mora, quien había sido elegido por el gobierno anterior. Ahora, en manos del Ministerio de Justicia ya está la "cuaterna", es decir los cuatro candidatos, de más de 20, que pasaron los exámenes del Servicio Civil. Al interior del organismo aseguran que corre con ventaja la actual defensora regional de Santiago, Daniela Báez, por su cercanía a La Moneda, aunque la " gran sorpresa" la dio Pablo Carvacho, un profesor de "tomo y lomo".
