En lugar de proteger los intereses de su cliente, Juan Pablo Hermosilla parece empeñado en convertir el caso en un escenario para su propio protagonismo. Es de esperar que su actuar deje de copar portadas y pase al segundo plano que merece.

Las autoridades, de todo tipo, tienen la obligación de actuar conforme a su rango y al respeto que merecen las personas con las que interactúan. Al reducir nuestras expectativas a que una autoridad, simplemente, no cometa delitos, estamos poniendo la vara peligrosamente baja.

El riesgo que corremos es enorme. ¿Cómo podemos exigirle a la ciudadanía que no opte por un sistema autoritario si hoy la libertad es una quimera y el Estado no garantiza su protección? ¿Se puede esperar otra respuesta?

Cambiar en tiempos de incertidumbre plantea enormes desafíos, entre ellos la necesidad de equilibrar el cambio con la preservación de la identidad. Esto implica encontrar el punto de equilibrio donde el cambio la fortalece y no la diluye.

La democracia requiere resultados concretos y efectivos. En seguridad, como en muchos otros temas, la ciudadanía exige que las políticas públicas se traduzcan en mejoras palpables.

Los adultos deben examinar sus propias formas de violencia, comprendiendo que esta no se limita a los actos físicos o al lenguaje directo, sino también se expresa en otras formas de interacción que se instalan como modelos nefastos para las generaciones venideras. La política debería tener esto a la vista.