El lunes, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, les presentará una nueva tasación a los propietarios de los terrenos. La apuesta es convencerlos de que les vendan a las cooperativas de pobladores, pero esa fórmula no convence a todos. Por la izquierda se levanta un sector organizado por el arquitecto Miguel Lawner (PC) que advierte: “Si el gobierno lleva a cabo el desalojo, nos vamos a defender. Yo voy a estar ahí presente”.
Diego Pereira-Fonfach, representante de los dueños del terreno, tacha las gestiones del Gobierno como "deficientes", todo esto en la previa de la reunión que busca un acuerdo para evitar el desalojo de las 10 mil personas que habitan el terreno de 256 hectáreas.
Con el desalojo programado para el 27 de febrero, el Ministerio de Vivienda trabaja en la constitución de cooperativas habitacionales como alternativa para que las familias hagan una oferta de compra. El aporte inicial que hasta ahora podrían ofrecer los pobladores, sin embargo, dista de los 52 millones de dólares que inicialmente plantearon los dueños del terreno.
Tras la implementación de pistolas taser en Carabineros, municipios de la Zona Oriente solicitaron a la Contraloría pronunciarse sobre el uso de BolaWrap, una herramienta que lanza un cordón para inmovilizar sin causar lesiones. Los alcaldes argumentan que su uso es similar al de los chalecos antibalas y esposas, ya autorizados para la seguridad municipal.
El actual alcalde de Peñalolén presentará una auditoría externa para esclarecer el déficit financiero de $9.100 millones heredado de la gestión de Carolina Leitao (ind.), actual subsecretaria de Prevención del Delito. La medida, que se suma a una indagación de la Contraloría, busca determinar si hubo irregularidades en los últimos años de administración.
El gobierno hoy no está en condiciones de ofrecer una alternativa de vivienda a las personas que deben abandonar los terrenos tomados y busca con desesperación ganar tiempo para evitar la escena de carabineros desalojando familias. Por lo demás, tampoco cuenta con el personal de Carabineros suficiente para concretar la orden de la justicia.
El gobierno hoy no está en condiciones de ofrecer una alternativa de vivienda a las personas que deben abandonar los terrenos tomados y busca con desesperación ganar tiempo para evitar la escena de carabineros desalojando familias. Por lo demás, tampoco cuenta con el personal de Carabineros suficiente para concretar la orden de la justicia.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, descarta que se haya incumplido la orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que obliga a desalojar la toma del cerro Centinela, aclarando que “esto tiene un plazo para ponerse en marcha un conjunto de mecanismos, no es que el desalojo deba ejecutarse inmediatamente”.
Biobío, Los Lagos y La Araucanía aún tienen focos activos. Esta última región, donde ayer nuevamente fue renovado el toque de queda, es la que grafica cómo las altas temperaturas propician los siniestros, pero también ha abierto el debate por su intencionalidad.
Los acercamientos entre alcaldes de distintos sectores se han vuelto más frecuentes tras las elecciones municipales. El edil independencino buscó recomendaciones en su par de Maipú, quien le abrió las puertas a un sistema creado a nivel internacional, asesorado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Luego del maremoto que arrasó con su escuela, al menos dos generaciones de estudiantes del archipélago hicieron toda su etapa escolar en containers. Sin embargo, la reconstrucción del Colegio Insular Robinson Crusoe comienza a tomar forma con la licitación en marcha y recientes visitas técnicas llevadas a cabo. Las obras deberían comenzar entre abril y mayo de este año.
Las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, profundizaron las diferencias ya existentes entre los mienbros de la instancia que busca entregar una solución al conflicto en La Araucanía y donde la piedra de tope ha sido el debate por la restitución de tierras.
La configuración de los concejos municipales ha cambiado el rumbo de varias administraciones locales, obligando a negociaciones y generando disputas en municipios clave. Votaciones divididas, ordenanzas municipales controversiales y hasta auditorías forenses marcan las primeras definiciones desde hace cuatro meses en los cuerpos colegiados.
Manuel Macaya (RN), edil de la comuna perteneciente a la Región de La Araucanía, detalla la situación que se vive en su zona, una de las más afectadas por los recientes focos que hasta el momento han devastado más de seis mil hectáreas. Asegura que no ha recibido ayuda del gobierno y que el fuego es por causa de terceros, aunque desmarcándose de las palabras de la titular de Interior, quien lo atribuyó a "reivindicaciones territoriales".
Nueva normativa exige a organizadores mayor responsabilidad en seguridad y sería publicado el viernes en el Diario Oficial. Entre los requisitos están la presentación de un plan de seguridad, un informe de factibilidad previo a la venta de entradas y la contratación de un seguro de daños a terceros.
