Votar sí o votar no, ese es el dilema que varios parlamentarios han enfrentado en las horas previas antes del inicio de la sesión en que se analizará el polémico proyecto, con la consiguiente presión de sus bancadas y del gobierno, dependiendo del lado en que se sienten.

Este martes durante la mañana, como antesala al cuarto retiro, la Cámara de Diputados discutirá el proyecto que busca despenalizar el aborto, que fue rechazado por la comisión especializada. Las miradas están sobre la DC, que decidió no fijar una postura común por ser un tema valórico. Nadie se atreve con un pronóstico antes de la votación.

Lo sucedido en Iquique el fin de semana obligó a los abanderados de los distintos sectores a apurar sus propuestas sobre el flujo migratorio, que se ha vuelto foco principal en los dos últimos gobiernos. Las ideas van desde generar una cumbre regional hasta fortalecer los controles fronterizos, en particular, para evitar el tránsito por pasos no habilitados.

En la antesala de la votación del cuarto retiro de fondos de AFP, el ministro de Hacienda reveló que había sacado el primero. Sus palabras enredaron la estrategia del gobierno, donde se activaron gestiones para neutralizar los costos.

Transversalmente los parlamentarios criticaron la nueva orgánica propuesta para fijar las dietas de las altas autoridades que lo deja en manos del Presidente de turno, mientras que otros cuestionaron la pertinencia de esta iniciativa al término del mandato. "Al gobierno le gusta jugar con fuego; el tema es relevante, pero no urgente", afirma el senador Iván Moreira (UDI).

Sorpresivamente, el gobierno ingresó ayer en la mañana un oficio con la nueva urgencia, con el objetivo de que la moción se vote lo antes posible. Lo que buscan es distanciar el debate de los comicios de noviembre y también aminorar la incertidumbre en materia económica. En la oposición cuestionaron la medida, acusaron "presiones" hacia los parlamentarios y afirmaron que no tendrían los votos oficialistas necesarios para su aprobación.

Desde el órgano constituyente acusan consideraciones políticas detrás de la negativa del Ministerio de Hacienda a la solicitud que hizo la mesa para incrementar el Presupuesto 2021 con el objetivo de financiar las asignaciones de los convencionales y que el pleno fijó en cerca de cuatro millones de pesos. El conflicto -que además tiene frenadas las negociaciones con el organismo respecto de los montos que se dispondrán para el ciclo 2022 y que deben ser enviados al Congreso a más tardar el 30 de septiembre-, será abordada este jueves en una reunión en que se verán las caras Elisa Loncón y Jaime Bassa y los ministros Rodrigo Cerda (Hacienda) y Juan José Ossa (Segpres).

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad hizo algunas gestiones con el PS, pero no fue más allá, Por lo mismo, algunas voces en la oposición creen que no había un interés genuino por cambiar el rumbo del cuarto retiro.

“No cabe duda que las funciones y responsabilidades de los ministros son absolutamente diferentes a las de los parlamentarios”, indica en el Mensaje, a través del cual también pone fin al Consejo Resolutivo de Asignaciones.

Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se han presentado ya cuatro iniciativas para reformar la Constitución y enfrentar las preguntas que deja este caso, ya que la legislación no contemplaba un mecanismo de renuncia y reemplazo. De ellos, uno se refiere sólo al reemplazo; dos agregan fórmulas de dimisión para convencionales, y uno involucra también a parlamentarios. La mesa de la Convención aún no conoce de estos intentos, aunque algunos de sus autores han tratado de reunirse con ellos.

Los casi $ 1.800 millones solicitados en agosto para aumentar las asignaciones por convencional están trabando las conversaciones, y mientras en el Ministerio de Hacienda calculan que la Convención necesitaría $ 9.600 millones para funcionar este año, en la Constituyente creen que el monto debiera ser $ 11.000 millones. Fijar el total de recursos es vital para proyectar los fondos para el siguiente erario.

De acuerdo a fuentes de gobierno, habría sido la Comisión de Constitución la que solicitó más tiempo para analizar los antecedentes, mientras que fuentes parlamentarias señalan que el Ejecutivo suspendió la urgencia. El punto, señalan, es que el nombre de Jean Pierre Matus no contaba con los 29 votos que se requieren para su nominación.

Los ministros de Hacienda y la Segpres han intensificado los contactos y reuniones principalmente con diputados de Chile Podemos Más para evitar que la moción avance al Senado. En tanto, el abanderado oficialista -quien se reunió ayer con dirigentes del bloque para coordinarse en materia previsional- dijo que “espero que los parlamentarios de Chile Podemos Más prioricen mejorar las pensiones en Chile y, alguna vez, no estemos pensando en los intereses electorales de corto plazo”.

La Ley 18.603 amenaza con la disolución legal a las colectividades que en noviembre no alcancen el 5% de los sufragios de la última elección o logren elegir cuatro parlamentarios. Son varias las que están en la cornisa.