Una cascada de fallos, errores u omisiones terminó el pasado martes con una crisis eléctrica sin precedentes. Lo que comenzó con un desperfecto en una línea de transmisión, terminó en milisegundos con todo Chile a oscuras. De sus causas y consecuencias, los intervinientes del sistema, que opera unificado desde 2017 desde Arica hasta Chiloé, se culpan unos a otros. Pero aún faltan detalles que podrán hacer la diferencia respecto a las responsabilidades y los pagos de multas y/o compensaciones.

Ricardo Raineri fue el primer ministro de Energía durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Según el consultor, la carga de energía que transportaba la línea que falló debió ser menor, ya que desde hace años “se sabía que iba a ser una línea con un riesgo elevado de generar un colapso del sistema”. Pero también ve clave “saber qué realmente pasó con el sistema Scada, el que está a cargo de Transelec”.

Al retraso en los planes de defensa contra contingencias extremas, que sigue sin ser ejecutado desde 2018, ahora se suman otros antecedentes que involucran a las centrales que operan en el sistema eléctrico y que cuentan con capacidad de partida autónoma. Aunque son claves para recuperar el suministro en incidentes como los del martes, el Coordinador dio, en 2021, tres años para que dichas centrales quedaran validadas para entregar ese servicio. El plazo venció sólo ocho días antes del apagón total.

Giuseppe Turchiarelli abordó el reciente incidente que dejó a todo el país sin suministro eléctrico, destacando responsabilidades y posibles sanciones a Enel Distribución por la interrupción en el suministro. “Al día de hoy, nuestra información es que todo proviene de una interrupción en la línea de transmisión”, dijo. También abordó los efectos del corte masivo de agosto, tanto en resultados como en la posible revocación de la concesión.

Carlos Finat, uno de los miembros más recientes de organismo técnico encargado de operar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), calificó como un “bulo” un comentario que publicó Arturo Vásquez, exviceministro de Energía del Perú, en que ligaba el masivo corte de suministro eléctrico a la alta penetración de fuentes eólicas y solares en la matriz energética chilena.

Los montos se aplicarían a cada empresa, en caso que las investigaciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y el Coordinador así lo permitan. Sin embargo, los gremios del sector piden prudencia. Acera llamó a no “emitir juicio anticipados”, mientras que Generadoras de Chile demandó la asesoría de “expertos internacionales imparciales”, asegurando que sus asociadas “estuvieron siempre preparadas para aportar con su capacidad de generación para la pronta reposición del servicio eléctrico”.

En un extenso documento de 711 páginas, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publicó el segundo informe técnico que permitirá profundizar en la información del proyecto y del área de influencia requerida por los 65 servicios que entregaron observaciones a la Adenda 1 de la iniciativa.

En reunión extraordinaria, el Consejo Directivo acordó la realización de auditorías a las instalaciones que originaron la falla, operadas por ISA Interchile, así como a los sistemas de supervisión y control de empresas coordinadas.

Jorge Moreno, de la consultora eléctrica Inodú, explica que hay elementos del corte masivo de luz en 14 regiones del país que superan la falla en la línea operada por ISA Interchile, como una regulación relacionada a la desconexión automática de las centrales PMGD.

El país retuvo en 2024 el cetro como el mayor productor mundial del metal rojo, elevando levemente su peso versus 2023. Pero está lejos del 30% que tenía hace diez años. La distancia con el segundo mayor actor global se reduce ahora a solo 10 puntos de participación. Pero ya no es Perú: el año pasado la República Democrática del Congo consiguió el 14% del mercado. Perú tuvo el 12%.

INNA, un proyecto de hidrógeno y amoníaco verde que la norteamericana pretende levantar en Antofagasta, vive un día crucial en su proceso de tramitación ambiental. El SEA regional tiene plazo hasta este lunes para emitir un pronunciamiento que ponga término anticipado a la iniciativa, ante la posible falta de información relevante o esencial. Los detractores del mundo científico presionan al servicio, mientras desde la empresa confían en los antecedentes entregados.

Javier Naranjo y Marcelo Mena, ex titulares de Medio Ambiente durante los segundos gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, respectivamente, analizaron el nuevo pronunciamiento del Primer Tribunal Ambiental, que ordenó al Comité de Ministros dictar una resolución complementaria, tras considerar en fallo dividido que incumplió parcialmente la sentencia que revivió el polémico proyecto minero-portuario en La Higuera.

Maximiliano Proaño, quien ejerce como ministro (s) de Medio Ambiente, defendió la legalidad del rechazo adoptado por el Comité al proyecto de Andes Iron, señalando que fue “tomó una decisión apegada a la Ley y a la sentencia del propio tribunal”. Además, cuestionó la orden dictada para que el SEA dicte una nueva resolución.

El gremio reaccionó al proyecto con que el Ejecutivo busca modificar la gobernanza interna de la estatal, que pretende reducir el directorio y eliminar los puestos que ocupan la propia Sonami y el Instituto de Ingenieros de Minas. En tanto, desde el mundo político se dividieron ante la propuesta.

Lutz Kinderman, CEO de la firma presente en Chile hace 15 años, se muestra convencido en que las distintas escalas de generación eléctrica “tienen que coexistir”, pero en una cancha más pareja.