Periodista de Pulso
Desde Sonami, su presidente Jorge Riesco planteó que “no existen incentivos legales, económicos ni estratégicos para imponer este tipo de medidas”, pero de todas maneras valoró que el gobierno tenga un “grupo de trabajo” para evaluar los posibles impactos. En tanto, desde la Cámara Minera de Chile que el tema de “preocupar y ocupar a las autoridades”.
La generadora eléctrica del grupo Matte alcanzó utilidades por US$252 millones en 2024, marcando una baja relacionada al ajuste final del precio venta de Colbún Transmisión, y un Ebitda de US$642 millones. Ambas cifras, menores a las de 2023, se vieron impactadas por las mermas en la comercialización de energía a clientes regulados en los dos países donde opera, y por la caída en el precio del segmento de clientes libres.
El presidente de Estados Unidos afirmó que los aranceles que pretende establecer a la producción extranjera de chips y semiconductores, también podría extenderse a productos como el acero, el aluminio y el cobre, aunque no precisó a qué jurisdicciones afectaría dicha medida. El gobierno analizará los flujos comerciales y sus potenciales impactos.
La entidad, creada tras la salida de cuatro socios de Acera, debía ser ratificada en el Registro de Asociaciones Gremiales.
Pucobre suscribió un crédito sindicado con bancos comerciales de Estados Unidos, consiguiendo un préstamo por los recursos que restaban para concluir la construcción del proyecto, con el que espera producir 26 mil toneladas de cobre y 13 mil onzas de oro en promedio anual, durante 16 años.
El departamento de Ingeniería Eléctrica de esa casa de estudios emitió este lunes un informe, que se contrapone al encargado por la SEC a la Usach, ya que resalta avances y oportunidades de mejora en la gestión operativa y la atención a clientes críticos que son atendidos por la distribuidora, pero descarta las inconsistencias y desviaciones en el tratamiento e información de pacientes electrodependientes.
La misiva, que estuvo liderada por el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022, Sergio Lavandero, sostiene que el megaproyecto de hidrógeno y amoníaco verde INNA “tiene muchos lugares factibles para su desarrollo, en cambio, replicar las condiciones atmosféricas excepcionales de Paranal y reubicar los telescopios es imposible”.
En Acesol, gremio que reúne a casi un centenar de firmas enfocadas en el segmento, ven “una serie de elementos que se pueden mejorar”, mientras que en GPM remarcan en la necesidad de no alterar “las condiciones fundamentales bajo las cuales se diseñaron, financiaron y desarrollaron los proyectos existentes”.
El listado, confeccionado en forma conjunta por la Corporación de Bienes de Capital (CBC) y la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), mostró que 22 de las iniciativas catastradas tienen solo dos focos, proyectos mineros o de hidrógeno verde. En el sector analizan positivamente el dinamismo de la industria, pero no ven con mucho entusiasmo las iniciativas para reducir los tiempos que toma tramitar los permisos para este tipo de proyectos.
En un informe de investigación especial, el órgano contralor planteó que la subsecretaría de Energía aún no ha restituido más de $517 millones a la empresa estatal, de los $591 millones que tuvo como costo total el proyecto. En el gobierno explican que la devolución no se ha concretado ante la falta de una glosa en el Presupuesto para aquello.
La defensa de la compañía ante el Primer Tribunal Ambiental solicitó la medida cautelar en el marco del procedimiento en curso por el cumplimiento incidental de la sentencia, dictada en diciembre y que revivió al polémico proyecto minero-portuario. En enero, el Comité de Ministros volvió a rechazar el proyecto.
El empresario lideró Refimet, firma que impulsó la actual función Altonorte. Antes de ser secretario de Estado, ejerció como intendente de Antofagasta, y durante su período se concretó la Ley de Impuesto Específico a la Actividad Minera. En los últimos años estaba dedicado al negocio agrícola, específicamente a la exportación de arándanos.
El dirigente gremial lideró en tres períodos no consecutivos la Sociedad Nacional de Agricultura, y entre 2001 y 2003, la CPC. En la Enade de 2001, y ante más de 1.500 empresarios, le dijo a Ricardo Lagos: "Señor Presidente, por favor, déjenos trabajar tranquilos".
El proyecto continuó su votación en particular, donde se agregó la posibilidad que personas solicitantes de una autorización sectorial puedan ser multadas con hasta 1.000 UTM en caso de presentar información falsa de forma intencional. La propuesta del Gobierno buscaba sumar a los profesionales de consultoras que cometieran “errores, omisiones o imprecisiones” en sus informes, pero dicho punto fue rechazado.
La misiva, enviada a la comisión de Minería y Energía del Senado, apunta a una “opiniónmayoritaria que se ha formado la academia y los expertos”, y advierte que el diseño del proyecto “podrían afectar la percepción de riesgo en la inversión y la competitividad de la industria energética nacional”.
