Con una pieza audiovisual de cerca de dos minutos, el colectivo Vamos por Chile quiso transmitir una señal de unidad y hacer un llamado –dicen– a los sectores de izquierda en la Convención a construir acuerdos para la redacción del nuevo texto.

Tras la salida del convencional de la ex Lista del Pueblo del órgano constituyente, el colectivo envió un oficio a la mesa para que el cargo fuera ocupado por su par del distrito 9 Natalia Henríquez. Sin embargo, diferencias de interpretación acerca de la cantidad de firmas requeridas -tras la aprobación del Reglamento General- retrasaron su nominación. Tras casi 20 días del trámite y luego de que la convencional sumara nuevos apoyos, la mesa oficializará mañana en la cuenta su asunción al cargo.

A dos años del estallido social que abrió paso al proceso constituyente, la Convención Constitucional inició una nueva etapa oficializando la apertura del debate para una nueva Constitución. El hito se dio en un clima en que se enfrentaron distintas visiones sobre la fecha. En paralelo, los convencionales buscaban, hasta el cierre de esta edición, una fórmula para integrar las siete coordinaciones de las instancias permanentes que ordenarán el debate de contenidos.

En la primera elección que ambas regiones tendrán bajo el nuevo sistema electoral, la competencia -dicen en los distintos sectores políticos- está abierta, aunque entre decenas de candidatos, solo un puñado tiene posibilidades reales de triunfar.

Presidía la UDI cuando estallaron las manifestaciones sociales, en octubre de 2019. En ese rol, la senadora fue protagonista de las conversaciones que derivaron en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Aunque dice que no se arrepiente de haber firmado, su balance del proceso es negativo y sus expectativas, pesimistas.

A tres meses de iniciado su trabajo, el próximo lunes la Convención comenzará formalmente la discusión de las normas constitucionales que incluiría un nuevo texto. Para esta etapa, la alianza entre Horizontal, IdeaPaís y el IES junto a los representantes de centroderecha elaboraron un texto que fija sus lineamientos para dar comienzo a la discusión. En este plantean una lectura propositiva ante el proceso, junto con la necesidad de avanzar en la protección de derechos sociales.

Tras la aprobación del “plebiscito dirimente” como parte del proceso constituyente, sectores de centroderecha ven con preocupación que una mayoría de centroizquierda más amplia de la que existe actualmente pudiera modificar de manera sustancial el mandato del órgano que redactará una nueva Constitución.

Lo habían anunciado apenas pocos minutos después de aprobado el mecanismo en el reglamento de Participación Popular, pero los convencionales de centroderecha no lograron conseguir las 39 firmas que requerían para impugnar la norma en la Suprema. Pese a que Evópoli y RN optaron por dar una señal de unidad y se sumaron a la iniciativa impulsada inicialmente por la UDI, el fracaso de todas formas dejó tensiones en el sector.

Pese a que algunos colectivos pedían actividades como instalar una escultura “Matapaca”, la mesa definió solo citar al Pleno para dar inicio al debate constitucional de fondo y organizar una exposición fotográfica.

A tres meses de la instalación del órgano constituyente, cerca de una veintena de convencionales se han posicionado como los principales negociadores de sus sectores. Han liderado las conversaciones para articular los distintos acuerdos que se han forjado y han tejido redes incluso entre sus adversarios políticos.

Los distintos colectivos inscribieron sus respectivos patrocinios para asegurar su participación en las instancias que tendrán el rol de iniciar la discusión de fondo el próximo 18 de octubre. Acá el detalle de cómo quedaron configuradas -a la espera de las correcciones de paridad- las siete comisiones permanentes del órgano constituyente y los apoyos cruzados que permitieron a los comités más pequeños no quedar aislados.

El Pleno, en el marco de la discusión y votación del Reglamento de Participación Popular de la instancia, validó que aquellas propuestas que -en una segunda votación- no hubieren obtenido el quórum de aprobación de normas constitucionales, pero alcancen 3/5, sean sometidos a una consulta ciudadana. También se visó que participen mayores de 16 años. En todo caso, distintos sectores apuntan a que la aplicación de esta norma quedará sujeta a una modificación a la actual Constitución por parte del Congreso para poder ejecutarse.

El plazo de inscripción para integrar las instancias comenzó en la mañana de hoy y, aunque ha habido conversaciones con distintos colectivos para conseguir los patrocinios faltantes, en la centroderecha creen que existe escaso (o nulo) margen para que la negociación les permita presidir alguna de las orgánicas que debatirán los temas de fondo de la nueva Constitución.

En medio del debate reglamentario, los distintos sectores del órgano constituyente han avanzado en las conversaciones al interior de sus propios comités, pero también con otros, para lograr una compleja -y determinante- misión: conformar las instancias que tendrán la tarea de iniciar el debate de contenidos del nuevo texto constitucional. Lograr un equilibrio entre las aspiraciones de cada convencional y los cupos a los que podrán aspirar, no será fácil y así lo admiten en todos los colectivos. La pelea mayor, dicen en la Convención, estará concentrada en las siete coordinaciones.

Ante el fin del Estado de Excepción Constitucional, los parlamentarios deberán volver a sesionar de manera presencial, por lo que se está readecuando el funcionamiento del Congreso a partir de las nuevas normas de aforo. Sin embargo, en ningún momento se les ha pedido a los legisladores que cuenten con Pase de Movilidad, como sí se exige a todos los funcionarios.