Columna de Alejandro Weber y Margarita Vial: Alternativas para pagar la cuenta

Es evidente que la cuenta pendiente de las tarifas eléctricas debe ser pagada. También es evidente que la solución política y popular de haber pateado el problema el año 2022, cuando correspondía pagar la cuenta, ha provocado un problema social mayor que afectará duramente a la clase media, los más vulnerables y las MiPYMES.

El Gobierno, buscando alternativas de financiamiento para ampliar el subsidio, ha señalado que es necesario subir los impuestos. Y es que ese parece ser el mantra frente a cualquier nueva necesidad de gasto. Pero la verdad es que no es necesario subir impuestos para mejorar el subsidio eléctrico. En el marco de las facultades que la ley le confiere al Ministerio de Hacienda, este cuenta con atribuciones para modificar el presupuesto mediante decretos.

Es más, de acuerdo con la información al mes de mayo, las modificaciones realizadas al presupuesto vigente han reasignado recursos desde el componente de inversión pública hacia el gasto corriente del estado por $133.854 millones.

En este contexto, hay al menos cuatro alternativas, todas ellas responsables fiscalmente, que puede utilizar la autoridad.

Primero, revisar los financiamientos comprometidos en proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional. Esto porque la proyección de gastos comprometidos para este y los próximos años, como es habitual, incluye los gastos estimados en los Informes Financieros de proyectos de ley en trámite, de conformidad con el avance esperado de la tramitación de los respectivos proyectos.

Segundo, utilizar recursos de un ajuste fiscal moderado este año. El gasto estimado para 2024 para financiar la ejecución de un semestre del subsidio eléctrico corresponde a la aplicación de un ajuste fiscal de 0,4% del gasto en bienes y servicios de consumo aprobado para el año (sin considerar el Ministerio de Salud).

Tercero, lograr ahorros de eficiencia de un 10% del gasto en suplencias y reemplazos. Según información publicada, las licencias médicas comunes del sector público promedian 24 días al año por funcionario y 35,37 días promedio por funcionario por el total de las causales de ausentismo. Por su parte, el gasto que desembolsa el Estado para financiar las suplencias y reemplazos anualmente asciende a US$420 millones (ejecución 2023), por lo que fijar una meta de ahorro de 10% permitiría dar viabilidad al financiamiento de la expansión del subsidio hasta el 60% de los hogares más vulnerables sin afectar la posición financiera del Estado. Esta medida, iría en línea con las últimas acciones impulsadas por el Ministerio de Hacienda para incentivar la gestión de licencias médicas.

Cuarto, como ocurrió en 2023, es probable que al cierre del presente año persista una fuerte subejecución del gasto de capital (inversión). Si bien los datos muestran un impulso en la ejecución de la inversión pública respecto del año pasado, el desafío de ejecutar los US$ 13.000 millones suponen una expansión irreal, en línea con el avance reflejado al mes de mayo de sólo un 31,5%. En este contexto, es de esperar que, del mismo modo que el año pasado, el Ejecutivo reasigne este espacio para hacer frente a las presiones que ya evidencia el componente de gasto corriente, dentro de las cuales podría priorizar la extensión de este subsidio.

El gobierno busca subir impuestos para financiar su propuesta, y hoy, dado que los ingresos fiscales son menores que los esperados (-8,2%) esta alternativa solo subsana parciamente el desafío de financiamiento.

El conjunto de los instrumentos acá señalados permite redestinar recursos permanentes por a los menos US$160 millones, en condiciones que la expansión del subsidio al 60% del RSH, implica un mayor gasto fiscal de US$40 millones al año.

No podemos seguir dilatando el problema. No es razonable seguir usando el argumento contumaz de que a cada nueva necesidad de gasto la solución es un nuevo impuesto. Hay muchas alternativas y todas son responsables fiscalmente.