El jueves 2 de mayo, efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a nueve ex cadetes del club de fútbol Cobreloa. Una joven identificada como Valentina denunció haber sido víctima, en septiembre de 2021, de una violación grupal en dependencias de la casa de cadetes del equipo.

¿Cuándo? Durante una fiesta en la casa de los ex cadetes, en Calama, entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de septiembre de 2021.

Detalles del caso: De acuerdo con los testimonios recopilados, V. fue abordada por los imputados, no estando en condiciones de oponer resistencia (por consumo de drogas y alcohol), según ha determinado la Fiscalía.

¿Por qué no siguió el caso en el 2021? Valentina aseguró que su familia no le creyó y que cuando fue a interponer la denuncia ante la PDI, tampoco recibió la respuesta que esperaba. “La PDI influyó mucho, porque me decían que como eran figuras públicas, tenían mejores abogados que yo, y que era poco probable que yo ganara”. Pero, tiempo más tarde, V. volvió a manifestar su intención de que los hechos se indaguen, por lo que en junio de 2023 el Ministerio Público reactiva las diligencias.

Proceso judicial: La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó que, por constituir un riesgo para la seguridad, ocho de los imputados deberán permanecer en prisión preventiva y uno se encuentra con firma quincenal y arraigo nacional.

¿Cuál fue la respuesta de la ANFP? La Asociación Nacional de Fútbol Profesional lanzó un potente comunicado entregando sus primeras determinaciones.

  1. Suspensión deportiva inmediata de los jugadores
  2. “En el caso de que los investigados resulten condenados por la justicia, la ANFP ejercerá todas las acciones que correspondan para que se les apliquen las máximas sanciones deportivas que se encuentran comprendidas dentro de las normas que rigen la actividad del fútbol profesional”, señalan.
  3. Aclararon su total apoyo al proceso que se está desarrollando. “La ANFP es una institución respetuosa de la institucionalidad y del Estado de Derecho, por lo que colaborará de manera activa -dentro del ámbito de sus competencias- con esta investigación hasta su total esclarecimiento”, agregan.

El tribunal fijó 120 días de plazo para el desarrollo de la investigación. En caso de ser declarados culpables, los ex cadetes arriesgan una pena de cárcel de hasta 15 años.