La discusión en torno a la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha tomado fuerza en los últimos años, especialmente desde la promesa de campaña del Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, es esencial examinar las implicaciones económicas de esta medida.
Desde su inicio en 2006 hasta 2023, el CAE ha beneficiado a aproximadamente 1.219.000 estudiantes, según datos de la Comisión Ingresa. De estos, 264 mil todavía están estudiando, mientras que 956 mil ya egresaron o desertaron. Una tendencia preocupante es el cambio en el perfil socioeconómico de los beneficiarios. En 2020, el 64% de los nuevos beneficiarios provenían de los quintiles 1, 2, 3 y 4, los más vulnerables. Para 2023, esta cifra se redujo al 51%, y el quintil 5, correspondiente al 20% de la población con mayores ingresos, pasó a representar el 49% de los beneficiarios, aumentando un 36% en dicho periodo. Esto sugiere una mayor concentración del beneficio en los sectores de mayores recursos.
Actualmente, la deuda total del CAE asciende a $11.900 millones de dólares, con una alarmante tasa de morosidad que ha subido del 29% en 2020 al 56% en 2023, unos 540.000 egresados. Este incremento se ha visto potenciado desde 2020, cuando las promesas de condonación comenzaron a tomar forma. Sin embargo, financiar esta condonación es un desafío monumental. Según la Dirección de Presupuesto, el déficit efectivo del gobierno central se sitúa en el 2,1% del PIB, unos $6.600 millones de dólares, y la deuda pública alcanza el 40% del PIB, equivalente a $125.589 millones de dólares. Para condonar el CAE, el déficit fiscal tendría que aumentar al 5,9% del PIB, unos $18.500 millones de dólares, incrementando la deuda al 46% del PIB, unos $144.089 millones de dólares. El Pacto Fiscal, orientado a recaudar un 2,7% del PIB, ya tiene sus recursos asignados a otras necesidades. Por lo tanto, condonar el CAE significaría incrementar la recaudación esperada del Pacto Fiscal en 1,5 veces.
Desde una perspectiva económica, la condonación del CAE es inviable. Aunque pueda resultar políticamente atractiva para algunos, especialmente en un periodo electoral donde el 30% de la ciudadanía aprueba la gestión del Presidente Boric y el 65% la desaprueba, sus repercusiones económicas serían significativas y perjudiciales. No solo aumentaría el déficit y la deuda, sino que también podría frenar el crecimiento económico y reducir la competitividad del país.
El gobierno ha mencionado que, de implementarse, la condonación del CAE no sería universal, sino que se aplicarían diferentes soluciones según los grupos de beneficiarios. Según la Comisión Ingresa, el 78% de los beneficiarios del CAE pagan menos de 2 UF mensuales ($75.000 pesos), con un promedio de 1 UF ($37.500 pesos). Si el salario promedio en Chile es de $800 mil pesos en 2024, el pago mensual promedio del CAE representa el 5% del salario, con una tasa de interés del 2% y una cuota que no sobrepasa el 10% del salario. Además, la deuda se extingue después de 180 cuotas (15 años). Estas condiciones son razonables, considerando que la educación superior es una inversión para mejorar los ingresos y el bienestar.
Aunque la condonación del CAE pueda parecer atractiva, sus repercusiones económicas serían severas. Es fundamental explorar opciones que impulsen la educación sin poner en peligro la estabilidad fiscal y económica del país. Es momento de considerar alternativas responsables para garantizar un futuro sostenible y próspero para todos los ciudadanos.
