Columna de Federico Errázuriz: Permiso para gestionar

Uno de los elementos fundamentales para realizar una correcta gestión hídrica es la normativa y, dentro de ella, toma mucha relevancia en nuestro país todo aquello que tiene que ver con la entrega de permisos.

Mónica Ríos revisó los resultados del Análisis Permisos Sectoriales Prioritarios Para Invertir en el cual, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, analizó 439 trámites clasificando 24 de ellos como de alta complejidad y largos tiempos de tramitación. Cuatro de estos se realizan ante la Dirección General de Aguas (DGA) y tardan hasta 8 veces más que el trámite legal.

Dado su foco en proyectos de inversión de gran envergadura, quedó fuera de aquel estudio el análisis de otros importantes trámites que se desarrollan frente a la DGA, y que son clave para la realización y operación de todo tipo de proyectos que utilizan el agua como un insumo relevante, como es el caso de los proyectos agrícolas, de provisión de agua potable, de generación hidroeléctrica y otros.

En base a la información entregada por la DGA, solicitada desde la Universidad San Sebastián, realizamos un informe respecto de los expedientes resueltos y pendientes desde el año 2000 hasta el año 2023, y los resultados son ilustrativos.

La cantidad de expedientes informados por la DGA para el período señalado son 38.217, de los cuales un 53% fueron aprobados (20.080) y un 47% siguen pendientes (18.137). Es decir, en estas dos décadas, están pendientes casi la mitad de las solicitudes ingresadas a dicha repartición. Cabe destacarse que en este listado no se encuentran los expedientes de fiscalización y de otros tipos

En cuanto al tipo de solicitudes que se encuentran pendientes, la primera mayoría (72%) corresponde a solicitud de nuevos derechos de aprovechamiento (12.998 expedientes), luego el 12% son cambios de puntos de captación, que corresponden al ejercicio de un derecho superficial en un pozo distinto dentro del mismo acuífero (2.188 expedientes). Hay un 10% de solicitudes de regularización de derechos (1.811 expedientes), las que seguro irán en aumento debido a las disposiciones de la modificación del Código de Aguas de 2022, pues hay plazo hasta el 6 de abril de 2025 para ingresar las regularizaciones de derechos de aprovechamiento de aguas, a sanción de perder ese derecho si no se hace. A continuación, hay un 6% de expedientes pendientes de resolver en materia de traslado de ejercicio, es decir, titulares que desean extraer aguas superficiales en un punto distinto de la fuente (1.077 expedientes). Por último, hay 63 expedientes que no corresponden a ninguna de las categorías anteriores.

Quisiera detenerme en los trámites de Cambios de Puntos de Captación y de Traslado de Ejercicio, pues ambos apuntan de lleno a la gestión que los titulares de derechos de aprovechamiento de agua necesitan realizar dentro de sus procesos productivos, además, ambos trámites se realizan teniendo ya un derecho debidamente otorgado y regularizado.

El caudal sumado en los trámites de cambios de puntos de captación pendientes es poco más de 100.500 l/s y se compone un 87% de solicitudes agrícolas (equivalente al riego de casi 90.000 hectáreas) y 5% de solicitudes de agua potable (equivalente al consumo de más de 1,3 millones de personas, considerando 300 litros por persona al día). En este punto, se destaca la región de Valparaíso que concentra el 50% de los expedientes pendientes, con un peak de 421 trámites pendientes ingresados el año 2022.

El mismo análisis anterior, para los traslados de ejercicio muestra un 42% de trámites pendientes relacionados con agua de bebida, un 34% con hidroelectricidad y un 15% con el sector agrícola, y vemos solicitudes tan antiguas como junio del año 2000, que siguen pendientes, es decir, ya cumplieron 23 años.

Podríamos hacer muchos otros análisis, pero lo que queda en evidencia es que la gestión de aguas se ve fuertemente afectada si los trámites que se requieren tardan 2, 3 y hasta más de 20 años. Este es un problema de larga data, que ha atravesado por distintas administraciones, y es uno de los temas que surgen en cada discusión sobre la institucionalidad del agua.

Quienes se ocupan del abastecimiento del agua para consumo humano, quienes invierten y desarrollan actividades productivas que utilizan agua necesitan respuestas oportunas. Por su parte, la DGA necesita foco, apoyo, recursos que se traduzcan en nuevos esquemas normativos y mejores procesos administrativos que le permitan realizar esta importante tarea y fomentar una gestión del agua eficiente por parte de los usuarios.