SEÑOR DIRECTOR:

El reciente atentado ocurrido en la central hidroeléctrica Rucalhue, en Santa Bárbara, constituye un hecho de extrema gravedad penal y social. Este episodio no solo representa un ataque a la propiedad privada y a la integridad física de personas, sino una agresión directa contra el desarrollo de infraestructura estratégica para el país.

El nivel de violencia desplegado en el atentado, la coordinación del grupo armado, el carácter selectivo del blanco -una central de generación energética en construcción- y los daños masivos ocasionados, no solo evidencian una ejecución planificada, sino que cumplen con los elementos típicos requeridos por la Ley N°21.732, publicada en febrero de este año, para calificar esta conducta como terrorista. El hecho apunta a afectar gravemente el desarrollo económico de la zona, e incluso inhibir la actuación del Estado en territorios donde el control institucional se encuentra ya tensionado.

En este sentido, la calificación jurídica correcta no puede limitarse a los tipos penales comunes de incendio, daños o lesiones. Resulta imprescindible aplicar el estatuto penal específico que proporciona la Ley N° 21.732, lo que no solo permite una persecución penal proporcional a la gravedad del hecho, sino que también reafirma el compromiso del Estado con la protección del orden democrático frente al uso instrumental de la violencia organizada.

La operatividad de esta ley exige decisión y coherencia jurídica. Si frente a hechos de esta magnitud no se hace uso de las herramientas legales expresamente establecidas para combatir el terrorismo, se corre el riesgo de debilitar la autoridad del Estado y enviar un mensaje de impunidad incompatible con los principios fundamentales del Estado de Derecho.

Daniela Castillo

Asociada Senior Grupo Penal Albagli Zaliasnik