SEÑOR DIRECTOR:

El proyecto de ley que busca imponer una cuota mínima de 10% de programación deportiva diaria en todos los medios de radiodifusión sonora y televisiva presenta una falla de origen al no respetar las garantías constitucionales fundamentales como la libertad de expresión y la autonomía editorial. Pero, más allá, la iniciativa parlamentaria presenta un desconocimiento sobre el funcionamiento de los canales locales y regionales del país, muchos de los cuales enfrentan una crisis de sostenibilidad económica.

La indicación legislativa desconoce la profunda heterogeneidad estructural del sistema de medios chileno. No todos los medios operan con la misma escala, modelo de negocio ni respaldo financiero. Los canales regionales agrupados en Arcatel, por ejemplo, cumplen un rol estratégico en la descentralización informativa y cultural, pero lo hacen en condiciones de alta precariedad económica, bajos ingresos publicitarios y limitada capacidad de producción. Imponerles cuotas programáticas sin un correlato de financiamiento público representa una carga imposible de asumir para muchos de ellos.

La intención de fomentar la diversidad deportiva es loable, pero el instrumento legal escogido no hace justicia al ecosistema mediático del país. En lugar de imponer, se debería incentivar; en vez de sancionar, se debería financiar.

Si queremos una televisión diversa, pluralista y territorialmente descentralizada, lo último que necesitamos son leyes que, con buenas intenciones, terminen empujando al abismo a quienes ya sobreviven con lo justo.

El país y su democracia necesitan fortalecer su ecosistema de medios con criterios de equidad, autonomía y sostenibilidad. Proyectos como este, lamentablemente, hacen lo contrario.

Natalia Arcaya

Periodista

Presidenta de Arcatel