Ciertamente debe llamar a escándalo que desde comienzos de enero -tal como reportó este medio- la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital El Carmen de Maipú no esté operativa, producto de desperfectos en el sistema de aire acondicionado. La situación ha generado múltiples trastornos tanto a los pacientes como al personal médico, obligando a derivaciones a otros establecimientos o a la suspensión de determinadas cirugías ante la falta de UCI.

La crítica situación que vive este recinto se replica en otras zonas del país. Es el caso del Hospital Carlos van Buren, en la Región de Valparaíso, donde las abultadas deudas que arrastra han ocasionado que registre una estrechez de suministros básicos, lo que ha devenido en la constante suspensión de cirugías así como de consultas médicas, como asimismo alteraciones en la entrega de medicamentos para algunos tratamientos, entre otros graves problemas. No debe extrañar que algunos profesionales que trabajan en el hospital hayan calificado la situación como “catastrófica”, exigiendo la intervención de las autoridades. Algunos avances en gestión registrados por este hospital, según acaba de reportar el Comité de Eficiencia Hospitalaria, no parecen suficientes para aplacar la crisis.

La compleja realidad que se vive en estos hospitales se replica a lo largo del país, donde con mayor o menor intensidad los recintos públicos viven constantes dificultades, lo que ciertamente golpea muy fuertemente la calidad de vida de los millones de personas que se atienden allí, afectando además el derecho a recibir una atención de salud digna. El senador Juan Luis Castro, ex presidente de la Comisión de Salud del Senado, ha planteado que los 60 grandes hospitales de Chile están en crisis.

Sorprende por lo mismo que el gobierno así como una parte importante de la dirigencia política escasamente aborden de manera abierta esta dramática realidad; en cambio, muchas veces se prefiere poner el acento en los problemas que se viven en el sector privado -como por ejemplo todo lo relativo a la crisis de las Isapres-, invisibilizando lo que debería ser la principal preocupación en materia de salud, justamente porque afecta a la mayor parte del país. Ello ciertamente agrava la situación, porque impide colocar el énfasis necesario.

Sigue pendiente un debate en profundidad que permita dar solución a los problemas estructurales que aquejan a buena parte de los hospitales públicos. Es evidente que hay un problema de recursos -siempre escasos-, pero también es un hecho que hay enormes espacios de mejora en materia de gestión; para el caso del Van Buren, por ejemplo, inexplicablemente recursos destinados a dicho establecimiento no habían sido entregados a tiempo por parte de la autoridad de salud regional.

Es habitual que para septiembre muchos recintos hayan agotado su presupuesto anual o estén al límite de consumirlo, obligando al gobierno a suplementar en forma extraordinaria. Al término del primer semestre de 2024, la deuda de la red hospitalaria completa ascendía a 112 mil millones de pesos, un 147% superior a lo registrado en igual período del año anterior, y pese a los esfuerzos por parte de la autoridad y de los propios recintos, estos montos no logran disminuirse en forma sustancial.