SEÑOR DIRECTOR:

¿Cumplió sus obligaciones funcionarias la jefa de la división jurídico-legislativa de la Segpres, Francisca Moya, al no comunicar al Presidente de la República la inhabilidad que pesaba sobre la senadora Isabel Allende y dar por válido el decreto que autorizaba la adquisición del inmueble de su propiedad? La abogada defiende su actuar afirmando que solo se le pidió verificar la validez del decreto y no si existía alguna inhabilidad en los compradores.

El artículo 6° de la ley que crea la Segpres, le encomienda a la jefa de la división jurídico-legislativa “la revisión técnico legal y de coherencia global de los decretos supremos”. De ese punto de vista, la revisión técnica legal y de coherencia supone un análisis completo del decreto en cuestión, no solo la legalidad formal del mismo. Debió, entonces, advertir los riesgos .

Pero incluso si nos atenemos a la legalidad formal, se dio una asesoría incorrecta, pues la legalidad del decreto no solo debe ser vista en términos de la conformidad con las normas y antecedentes en que se funda, sino tomando en cuenta el acto específico que se está autorizando. El decreto, al permitir la celebración de un contrato del Estado con una senadora, está validando un acto jurídico prohibido por la Constitución. Y, un decreto que autoriza un acto ilegal, es contrario a derecho.

Por tanto, es evidente que la jefa de la división jurídico-legislativa incumplió su deber funcionario de dar una correcta asesoría al Presidente de la República, pues dio por válido un decreto contrario a derecho, y no advirtió los problemas jurídicos que implicaba su dictación.

Sebastián Kaufmann

Abogado y académico U.Central