SEÑOR DIRECTOR:

En una carta el día de ayer, Julián Cortés repite un argumento que se aduce con frecuencia en el debate de la “permisología”: las demoras son responsabilidad de los titulares. Lo ha señalado también la directora del SEA: los plazos legales se cumplen, son los titulares los que piden suspensiones para complementar sus estudios o declaraciones de impacto ambiental.

Sin embargo, lo que se omite es por qué los titulares destinan en ocasiones años completos a recabar información para complementar sus estudios. Les adelanto que flojera o torpeza no es. La razón es que el sistema fomenta solicitudes indiscriminadas y excesivas de información. El Hospital del Cáncer en Independencia no planteó mal su proyecto al no incluir refugios para insectos y arácnidos. El titular recibió solicitudes desproporcionadas de información que lo obligaron a pedir suspensiones para responderlas y no arriesgar el rechazo de su proyecto.

Ese caso está lejos de ser una anécdota, es la realidad de un sistema de evaluación que no identifica los riesgos principales a considerar, que no enfoca el cómo se evaluará un proyecto a partir de sus principales riesgos, y que aplica un modelo único a todas sus evaluaciones generando ineficiencias.

Negarse a ver que existe un problema con nuestro sistema de permisos, impide hacer mejoras oportunas. Esto, a la larga, hará que crucen la cordillera las motosierras que ya no buscarán mejorarlo, sino que ponerle fin, con todos los costos que esto puede generar.

José Antonio Valenzuela M.

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