Una nueva “víctima” cobra la fallida compra-venta por parte del Estado de la casa de Guardia Vieja, que perteneció al fallecido Presidente Salvador Allende.

Esta vez se trata de Bernardita Nazar, abogada asesora del denominado Segundo Piso, quien presentó su renuncia la mañana de este jueves.

Nazar trabajaba directamente con Leonardo Moreno (65), encargado del equipo de Seguimiento de Compromisos Presidenciales del Segundo Piso del Ejecutivo, quien también presentó su renuncia voluntaria, la que fue aceptada, según se informó desde la Presidencia.

Según se ha conocido, a ambos profesionales se les habría informado de la inhabilidad que tenían la senadora Isabel Allende y la ahora exministra de Defensa, Maya Fernández, para suscribir contratos con el Estado.

Así Nazar, se suma a la ya larga lista de autoridades y asesores que han debido salir de sus cargos como consecuencia del proceso.

Todo partió con la caída de la ahora exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien debió renunciar tras conocerse la situación. Con ella salió su jefa de gabinete, Denisse Hernández.

Luego se precipitó la salida de Macarena Díez, exjefa de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales.

Asimismo, Maya Fernández, nieta de Salvador Allende y copropietaria del inmueble, renunció a la cartera de Defensa, luego de la presión por parte de los parlamentarios de la oposición que incluso impulsaron una acusación constitucional en su contra. Juunto con ella dejó su cargo su jefe de gabinete Claudio Pérez y Luis Correa Bluas, exasesor jurídico de la exministra, quien en todo caso, renunció por una decisión política y no por haberse involucrado en el proceso.

Tras ello dejó su cargo el ya mencionado Leonardo Moreno.

Además, Isabel Allende, será destituida como senadora cuando se haga efectivo el fallo del Tribunal Constitucional en su contra.

Nazar es la abogada de más peso que participó en el proceso de revisión luego de la jefa de la División Jurídica de la Segpres, Francisca Moya, quien reconoció que no hizo la advertencia de la inhabilidad para concretar la ejecución de la compra, pese a estar en conocimiento de la restricción. Sobre esta última ha aumentado la presión para que deje su cargo.