SEÑOR DIRECTOR:

El desarrollo de proyectos en Chile a través del mecanismo de concesiones ha traído importantes beneficios al país y sus habitantes, al permitir al sector privado construir y mejorar nuestra infraestructura -carreteras, terminales aéreos, puertos-, poniendo todo su conocimiento técnico y gestión de calidad al servicio de la sociedad.

La licitación de obras públicas con esta modalidad ha logrado atraer grandes montos de inversión extranjera y nacional. Luego de 30 años de vigencia del sistema concesionado, existen 114 proyectos adjudicados con inversiones comprometidas del orden de US$ 28.500 millones. Sin duda, un aporte clave para el crecimiento y el desarrollo de Chile.

Sorprende y preocupa la iniciativa parlamentaria que busca eliminar la facultad del Estado para multar a quienes circulan sin Tag por las autopistas concesionadas del país. Con esto se acabaría el pago automático, con el consecuente efecto en el aumento de tacos, atochamientos y molestias para las personas que circulan por las carreteras. O sea, por proteger a quienes no pagan lo que corresponde por un servicio, se perjudicará a todo el resto de los usuarios de autopistas. Y más grave aún, se pone en riesgo la permanencia del sistema de concesiones, en cuya esencia está el cobro del servicio para recuperar la inversión y ser sostenible en el tiempo.

¿El Estado asumirá los pagos que dejarían de hacer los usuarios? ¿Se pretende legitimar la evasión? ¿Qué incentivos existen para nuevos proyectos de concesiones si se cambian así las reglas del juego? Son algunas de las preguntas que surgen en momentos en que Chile necesita con urgencia aumentar la inversión, para reimpulsar el crecimiento, generar empleos y dar más oportunidades a todos los chilenos.

Susana Jiménez

Presidenta de la CPC

Daniel Mas

Vicepresidente de la CPC