SEÑOR DIRECTOR:

Uno de los desafíos menos visibles, pero más urgentes que enfrenta el país es el de la “permisología” sanitaria. Bajo la premisa absolutamente válida de proteger la salud de las personas, hemos construido un entramado normativo y administrativo que, en muchos casos, termina entorpeciendo el acceso a servicios y la innovación en el área.

Hoy, iniciar un proyecto sanitario ya sea la habilitación de un centro médico, la instalación de una planta farmacéutica o la introducción de un nuevo dispositivo biomédico, puede convertirse en una carrera de obstáculos. Diversas instituciones exigen permisos que se superponen, duplican requisitos o interpretan de manera distinta las mismas normativas. Esto genera incertidumbre regulatoria, eleva los costos y desincentiva la inversión privada.

Las cifras del propio Estado lo evidencian: más de 400 permisos distintos pueden llegar a requerirse para ciertos proyectos de salud, y no existe una ventanilla única real que centralice y agilice estos procesos. Esta situación no solo afecta a grandes inversiones, sino que también a medianos y pequeños emprendedores del sector salud, que muchas veces abandonan sus proyectos por no contar con los recursos técnicos o legales para enfrentar este sistema.

Pero el problema no es solo económico. La “permisología” excesiva tiene consecuencias sanitarias concretas. Mientras seguimos enfrentando listas de espera que afectan a millones de personas, existen pabellones nuevos que no pueden operar por falta de autorización, o centros que no pueden incorporar equipamiento de última generación por trabas normativas.

La buena noticia es que este es un problema que tiene solución. Chile necesita una modernización profunda de su sistema de permisos sanitarios, con foco en la eficiencia regulatoria, la digitalización de los procesos, la interoperabilidad entre servicios públicos y el establecimiento de plazos obligatorios para resolver solicitudes. No se trata de desregular. Se trata de regular mejor; con criterios técnicos, con coherencia interinstitucional y con una mirada de Estado que entienda la salud como una plataforma para el desarrollo y no como un terreno estancado por la burocracia.

Autorizaciones más ágiles y transparentes permitirán que más actores contribuyan al sistema de salud, que más soluciones lleguen a las personas y que el país avance con decisión hacia un modelo sanitario más justo, moderno y sostenible.

Luis Castillo Fuenzalida

Decano Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Chile