SEÑOR DIRECTOR:

Resulta fundamental reflexionar sobre el proyecto de ley conocido como “permisología” (Boletín N° 16.566-03), que propone agilizar la tramitación de permisos sectoriales en Chile. La iniciativa sostiene que los procedimientos actuales, en particular los asociados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), constituyen trabas burocráticas para el desarrollo económico del país. Sin embargo, esta visión omite una realidad evidente: muchos de los retrasos responden a deficiencias técnicas en los proyectos presentados por los propios titulares.

Si bien la iniciativa busca modernizar y agilizar las autorizaciones sectoriales, ello no debe ir en desmedro del rigor en la evaluación de impacto ambiental, instrumento preventivo esencial para anticiparse a eventuales daños significativos al medioambiente. Esto cobra especial relevancia en Chile, país altamente vulnerable al cambio climático y uno de los 34 hotspots de biodiversidad a nivel mundial.

El principio de no regresión ambiental establece que no deben adoptarse medidas que debiliten el nivel de protección ambiental alcanzado. En este sentido, es pertinente ampliar la discusión a la necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental de nuestro país y sus instrumentos de gestión, promoviendo, por ejemplo, una mayor injerencia de los gobiernos regionales y municipalidades en la evaluación ambiental, con miras a avanzar también en descentralización.

Promover una economía sostenible implica adoptar políticas públicas que integren la protección ambiental como un componente esencial del desarrollo económico y resiliente frente a los desafíos climáticos actuales.

Claudia Soto Acuña

Geógrafa, magíster en

Planificación Territorial Rural