SEÑOR DIRECTOR:

Deseo expresar mi preocupación respecto a la reciente aprobación del proyecto sobre las Reglas de Uso de la Fuerza, que ahora está siendo discutido en su tercer trámite en la Cámara de Diputados. Aunque considero acertada la eliminación del principio de proporcionalidad en el Senado, no logro comprender la decisión de mantener el requisito de racionalidad.

La racionalidad, entendida como la capacidad de pensar, comprender y actuar, es esencial en la toma de decisiones, especialmente en situaciones críticas. Sin embargo, la interpretación de este concepto es tan amplia, ambigua y etérea que da margen a que los jueces procesen a los que protegen a la ciudadanía de la delincuencia. Esto plantea serias interrogantes sobre la comprensión que tienen nuestros legisladores y el gobierno respecto a la crisis de seguridad que nos afecta.

Una ley ambigua no solo erosiona la confianza en nuestras instituciones de seguridad, sino que también alimenta un clima de incertidumbre y temor entre la ciudadanía. Es imperativo que nuestras autoridades reflexionen sobre las consecuencias de sus decisiones y se comprometan a crear un marco legal que proteja decididamente tanto al personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad como a todos los ciudadanos.

Eduardo Villalón Rojas