Boletas de peluquería, casas y gimnasios: las claves de la acusación de fraude fiscal contra Shakira por la que arriesga cárcel

Un duro revés judicial enfrenta la cantante colombiana Shakira. Esta jornada la Audiencia de Barcelona ha rechazado un recurso interpuesto por sus abogados para evitar su procesamiento por delitos tributarios contra la Hacienda pública española por un total de 14,5 millones de euros.

Se trató de la última jugada de la artista para evitar sentarse en el banquillo de los acusados, aunque los medios locales señalan que todavía puede lograr un acuerdo con la Fiscalía; este consistiría en aceptar los hechos y pagar una multa a cambio de una rebaja en la pena que le zafaría de ir a prisión. No es una alternativa a descartar, ya que medios como El País, detallan que la Fiscalía de delitos económicos de Barcelona, estaba a la espera de la resolución para presentar su escrito de acusación, en que podría solicitar pena de cárcel.

El panorama para la cantante es complejo: la investigación judicial, abierta tras una querella de la Fiscalía en 2018, estableció que la cantante dejó de tributar en España entre los años 2012, 2013 y 2014, a pesar de que, aseguran, allí le correspondía su residencia fiscal. “Existen elementos suficientes para estimar que [Shakira] había fijado su residencia habitual en España”, detalla el texto del auto judicial. La ley española considera una residencia fiscal de un ciudadano al superar los 183 días.

El núcleo del juicio, es determinar si en el período la artista residió en España la cantidad de días necesarios para fijar residencia fiscal. Un asunto complejo porque ha derivado en una acuciosa investigación de la Hacienda sobre su vida privada; por entonces estaba asentando su relación con el futbolista Gerard Piqué.

Por ello, la investigación de Hacienda ha indagado en asuntos mundanos para demostrar su punto. Recopiló facturas de la peluquería a la que asiste con frecuencia en la ciudad condal, e incluso interrogó a su peluquero de confianza para determinar la regularidad de la colombiana. Asimismo, se recopilaron boletas del gimnasio al que asistía y a centros deportivos que frecuentaba con sus dos hijos, quienes por cierto, nacieron en Barcelona, tal como la misma pareja informó a los medios.

La parte acusadora señala que durante los años en cuestión, la colombiana no solo residía de manera continua en España, sino que incluso realizó maniobras comerciales que delatan la intención de asentarse. La Hacienda detalló que en 2012, la artista compró una casa a la que inició labores de remodelación. Asimismo, alquiló un estudio de grabación por el lapso de un año, recibió a familiares e incluso “hizo seguimiento de su embarazo en una clínica de Barcelona”.

Peor aún, la investigación de los Panama Papers, detalló que Shakira administra desde 2007 la Malta Tournesol Limited, una sociedad que está radicada en Bahamas, de allí que figura su domicilio tributario en dicha isla. En declaraciones a los medios españoles como Vanitatis, su abogado Ezquiel Camerini, señaló que Shakira como “artista internacional ha tenido diferentes residencias a lo largo de su vida profesional, estando siempre en total cumplimiento de las leyes de todas las jurisdicciones en las que reside”.

Por su lado, la defensa de Shakira argumentó que en ese período era “residente a todos los efectos, también los fiscales” en Bahamas, además de EE.UU. (donde era jurado del programa The Voice) y visitaba España solo de forma esporádica. En datos recogidos por El País, se señala que los abogados insistieron en que durante ese período, Shakira Isabel Mebarak Ripoll (nombre real de la artista), no pasó “más de 183 días en España”.

En el recurso que la corte desechó, Shakira reconoció “una presencia efectiva de 163, 159 y 178 días” e insistió en que tenía “residencia fiscal en Bahamas”. No bastó. Según El Confidencial, la Fiscalía detalló que “durante los años 2012 a 2014 la querellada no estuvo ningún día de presencia física [en Bahamas] y no consta que presentara declaración de impuesto de renta y patrimonio, ni declaración de ningún otro tipo de impuesto”. Tampoco, aseguran, se pudo comprobar la adquisición de pasajes de avión con destino a Bahamas.

Pero, ante el fallo, la defensa de la artista publicó un comunicado en que detalló que “continuará defendiendo su inocencia, tal y como ha venido haciendo hasta ahora, a través de la presentación de argumentos jurídicos de peso”. Además, remarcó “la conducta de Shakira en materia tributaria siempre ha sido intachable en todos los países en los que ha tenido que tributar, y ha confiado y seguido fielmente el criterio de los mejores especialistas y expertos asesores”.

Además, los defensores han remarcado que la cantante ya pagó a la Agencia Tributaria ibérica los 14,5 millones que se le reclamaban, incluso con sus correspondientes intereses. Ese fue uno de los argumentos usados para sostener el movimiento legal que fue desestimado por la Audiencia.

El caso contra Shakira comenzó en 2018 tras una querella en su contra interpuesta por la Fiscalía. En principio, sus representantes emitieron una dura declaración. “Shakira no ha recibido la querella formalmente, sino que se ha enterado por la prensa, y lo más grave es que Fiscalía lo ha filtrado repartiéndola a la prensa incluso antes que al juez, extralimitándose de su función con el fin de lastimar su reputación, tan relevante para una artista de su estatus”.

Para el 2019, el tono de la artista dio un giro. Un nuevo comunicado de su equipo, detalló que la barranquillera “colabora con todo y tiene la intención de colaborar con todo lo que le pidan”. Sin embargo, fue citada a declarar a los juzgados de Esplugues el 12 de junio de 2019, lo que por cierto, derivó en una amplia cobertura mediática. En esa ocasión entró por un acceso de seguridad y hasta utilizó una doble para confundir a los reporteros que se agolparon para verla. No se conoció a grandes detalles qué fue lo que ella declaró.