Era una reunión inusual. En vez de los encopetados salones del Congreso, el Teatro Municipal, o el Club de la Unión, los dirigentes políticos se reunieron en medio de las montañas y la quietud de las Termas de Chillán. A pesar de que ya en ese 1930 era un destino ideal para vacacionar, lo cierto es que no se encontraban ahí por asueto. Eran asuntos urgentes.

Al lugar, los había citado el entonces Presidente, Carlos Ibáñez del Campo. El “Caballo” gobernaba Chile de manera dictatorial, sin permitir oposición a su gobierno. Había sido electo como candidato único en 1927, obteniendo el 98% de los votos. Su idea, era fortalecer el Estado y darle solución a los problemas sociales y económicos, que entre otras cosas, lo habían motivado a ingresar a la acción política desde el levantamiento militar de 1924 (que derrocó a Arturo Alessandri Palma). Así, desplegó una serie de medidas: fortaleció la Contraloría, creó la Tesorería General de la República, el ministerio de Agricultura, la Línea Aérea Nacional (LAN Chile), la Superintendencia de Salitre.

Pragmático, y respondiendo a su carácter parco, a Ibáñez los partidos políticos no le gustaban. De hecho, el movimiento militar de 1924 (con el famoso “ruido de sables” incluido) atacaba justamente “la politiquería”, a la cual Ibáñez veía como un obstáculo. Por ello, como buen militar, decidió actuar de manera estratégica con los partidos. Así lo explica a Culto el historiador Joaquín Fernández Abara, profesor Investigador de la Escuela de Historia de la Universidad Finis Terrae (UFT).

“La dictadura de Ibáñez defendió un tipo de gobierno caracterizado por el fortalecimiento del Ejecutivo y la figura presidencial, esto en detrimento del congreso y los Partidos, los que si bien no fueron suprimidos si fueron intervenidos subordinados a la presidencia. Ibáñez reprimió a los opositores al interior de los partidos a la vez que generó acercamientos a los sectores proclives a su gobierno, ofreciéndoles prebendas e influencia política. Podríamos decir que Ibañez intervino y dividió para gobernar”.

“El carácter de su programa, que enfatizaba la defensa de la autoridad presidencial y el orden público a la vez que el reformismo social, le permitía buscar apoyos en las más diversas tiendas políticas. El énfasis que ponía en la eficacia administrativa en detrimento de la deliberación política, su antiliberalismo y desconfianza de los políticos y la receptividad ante tenían ideas corporativistas, autoritarias y antiliberales lo llevaban a desconfiar del Congreso y buscar disciplinarlo y sincronizar su acción con la del Ejecutivo”.

En mayo de 1930 correspondía elecciones parlamentarias. Astuto, Ibáñez decidió aprovechar la ocasión para manejar a los partidos políticos basándose en el olvidado artículo 104 del decreto ley 542, del 19 de septiembre de 1925.

En su texto, el documento decía: “Al calificar elecciones ordinarias de Diputados y Senadores pluripersonales extraordinarias, el Tribunal Calificador examinará primero los antecedentes que en virtud del artículo den testimonio de que en circunscripciones determinadas, el número de candidatos oficialmente declarados no ha sobrepasado al número de Diputados o Senadores por elegir en la respectiva circunscripción. Comprobada fehacientemente la exactitud del hecho, procederá a proclamar, sin más trámite, Diputados o Senadores, a las personas que aparecieren favorecidas”

Es decir, si habían tantos candidatos como cupos, no sería necesario realizar elecciones. Por ello, y para no arriesgar de que resultaran elegidos opositores a su gobierno, Ibáñez decidió convocar a los presidentes de partidos políticos a las Termas de Chillán, donde descansaba, y arreglarlo todo entre cuatro paredes. “Llegó a un acuerdo con los distintos partidos políticos que le entregaron listas de candidatos, presentando un solo candidato por cada escaño. Esto hacía que no fuese necesario realizar la votación. Un procedimiento que formalmente no violaba la ley, pero que sí atentaba contra el espíritu democrático que debían tener los comicios”, señala Fernández Abara.

Así, fue Ibáñez quien amañó la totalidad de parlamentarios para el período 1930-1934. A esta conformación del parlamento se le dio un mote revelador: el “Congreso Termal”.

¿Qué ocurrió después? Por supuesto, semejante ejercicio no dejó a la opinión pública indiferente. “El Congreso termal generó un fuerte cuestionamiento a la legitimidad de los parlamentarios y del orden político en general. Esta situación se hizo evidente tras la caída de la Dictadura de Ibáñez en 1931, cuando diversos sectores políticos cuestionaron la legitimidad de la legislatura en funciones por haber sido nombrada por Ibáñez y carecer de legitimidad democrática. Este fue uno de los factores que acrecentó la inestabilidad política entre 1931 y 1932″, señala Fernández Abara.

El “Congreso termal” solo duró dos años. Tras el fin de la dictadura de Ibáñez, en 1931, y la inestabilidad política generada tras la caída de su sucesor, Juan Esteban Montero, fue la llamada República Socialista, de junio de 1932, el que cerró el parlamento. “De hecho, la permanencia del congreso fue utilizado como justificación de la insurrección, al señalar la falta de legitimidad democrática de las autoridades vigentes. El Congreso permanecería cerrado, y recién en octubre de 1932, tras la reacción ‘civilista’ que clausuró el período de intervenciones militares en política, se realizaron nuevas elecciones parlamentarias”, indica Fernández Abara.

Aunque el historiador de la UFT también rescata algunos puntos positivos de este particular Congreso: “El Congreso Termal fue una instancia utilizada por algunos sectores reformistas de extracción mesocrática y popular para adquirir influencia política y tratar de llevar adelante sus demandas y programas. Por ejemplo, el partido Democrático, Agrupación popular y reformista en general apoyó fuerza la instauración del Congreso y en dicha instancia obtuvo la mayor representación parlamentaria en toda su historia. De la misma manera diversos dirigentes social obreros vieron en la colaboración con Ibáñez la posibilidad de concretar una legislación social reformista y acceder a puestos de influencia. Esto se notó en su participación en el congreso Termal a través de las CRAC (Confederaciones Republicanas de Acción Cívica) creadas n 1929. Se trataba de una agrupación política que reunía empleados y obreros provenientes de sindicatos legales ibañistas y buscaba darles representación política, proyectando ,de manera atenuada, ideas corporativistas y de “representación funcional” en el sistema político chileno”.

Como el presente siempre dialoga con la Historia, en redes sociales varios usuarios recordaron este episodio con el recién firmado acuerdo constitucional. Para Fernández Abara, el paralelo no corresponde. “La comparación del congreso termal con las instituciones cuya creación se acordó para el nuevo proceso constituyente es extemporánea y excesiva. Esto en cuanto el comité de expertos nombrado por los partidos coexitirá con un Consejo Constitucional electo y, que el resultado de sus labores será plebiscitado”.

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