El 24 de enero de este año, una parte de Argentina se detuvo. Por primera vez desde 2019, miles de ciudadanos paralizaron sus actividades en protesta contra las reformas impulsadas por el nuevo presidente, Javier Milei, que lleva poco más de un mes en el cargo.

Doce horas duró la huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT, el principal sindicato del país), a modo de mostrar el descontento por la aprobación del decreto de necesidad y urgencia (DNU), que entró en vigor el 29 de diciembre. Asimismo, este grupo de protesta se opone a la conocida como ley ómnibus –Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos–, un conjunto de más de 660 artículos que modificarían 20 leyes, que conllevan una reestructuración institucional.

Sin embargo, debido a la falta de apoyo que tiene Javier Milei en el Congreso –su partido es minoría–, el gobierno libertario ingresó una serie de modificaciones al proyecto, que ahora solo cuenta con 523 artículos, según consigna La Nación.

Los ciudadanos que han salido a elevar su reclamo le piden al Congreso que rechace el proyecto del mandatario, el que se espera que se discuta el 30 de enero por los diputados y diputadas.

Entre ellos, está el sector de la cultura argentino, uno de los afectados por la aplicación del DNU y, cuyo panorama, se vislumbra incierto ante la eventual aprobación de la ley ómnibus, debido a que esta incluye recortes presupuestarios y la eliminación de organizaciones vertebrales para el rubro.

Argentina cuenta con diferentes instituciones autárquicas que regulan la cultura, es decir, que se rigen por una administración y financiamiento, independiente del Estado o gobierno de turno. Entre las entidades se encuentran el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de la Música (Inamu), el Instituto Nacional de Cine y las Artes Audiovisuales (INCAA) y el Fondo Nacional de las Artes (FNA).

Desde fines de diciembre, las diferentes esferas del sector se han articulado para realizar manifestaciones a su estilo: cantatas, tocatas, charlas, protestas, marchas y exposiciones de películas. Incluso, una carta que firmaron 20 mil artistas (entre ellos Charly García, Fito Páez y Claudia Piñeiro) llegó al Congreso solicitando el rechazo del proyecto de Milei.

Este año, la celebración del Día del Músico en Argentina –23 de enero– tuvo un tono distinto. La jornada estuvo cargada de manifestaciones en defensa al Inamu, un ente no estatal que, de aprobarse la ley ómnibus original, perdería sus rasgos más valorados por los artistas: la transparencia y la descentralización.

“Estamos bastante cansados, pero bueno, estando a la altura de lo que nos tocó”, reflexiona en una llamada con Culto, Gustavo Rohdenburg, músico y presidente de la Unión de Músicos Independientes (UMI).

A modo de contexto, el Inamu se encarga de fomentar la producción musical de artistas argentinos. Este se financia a través de asignaciones específicas, es decir, de los fondos que genera la actividad comunicacional, a través de licencias, multas y publicidad. También, recibe ingresos gracias a su catálogo de Music Hall, un catálogo discográfico propiedad del Inamu, que cuenta con discos nacionales y que genera recursos para los intérpretes.

Desde 2005 –tras aprobación del expresidente Néstor Kirchner– funciona esta entidad, que, además, posee un carácter participativo, ya que la dirige una asamblea federal compuesta por músicos representantes de las 23 provincias argentinas, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Estamos defendiendo esta claridad y transparencia en la distribución de los fondos y su política transformadora, así como también, todos los otros organismos culturales”, indica a Culto Sebastián Echarry, músico y presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes (FA-MI).

En síntesis, el Inamu no se financia con los impuestos de los ciudadanos argentinos. “No es real que el Inamu tome dinero del Tesoro Nacional”, enfatiza Rohdenburg.

En medio de las negociaciones de la oposición con el gobierno de Milei, este último eliminó de la ley ómnibus las modificaciones al Inamu, e incorporó solamente un ajuste al nivel de gastos de la entidad, que no podrá exceder el 20% de sus ingresos.

Si bien parece un triunfo para el área, los músicos entrevistados ven con cautela el escenario que se avecina.

El área del libro es otra arista que se podría ver fuertemente afectada si las medidas propuestas se implementan. Se quiere derogar la Ley de defensa de la actividad librera, creada en 2001, que principalmente establece un precio uniforme para la venta de textos, lo que en gran medida, ayuda a que exista una competencia justa entre las librerías de cadena y las de barrio.

Además, las bibliotecas públicas también sufrirían una restricción, que al igual que el Inamu, no podrán exceder el 20% de los gastos, según el artículo que refiere a la Comisión Nacional de Bibliotecas Públicas (Conabip).

“Todos en el campo de la cultura estamos sumamente preocupados, en estado de alerta y movilización, por las leyes que se quieren derogar y que tienen que ver con el acceso, el fomento y el desarrollo del arte y la cultura en general”, comenta a Culto Leonora Djament, directora de la editorial independiente Eterna Cadencia.

“Las leyes sobre la actividad librera evitan que las grandes empresas puedan vender los libros con grandes descuentos, si esto ocurre, las pequeñas y medianas librerías terminarían cerrando sus puertas, luego pasaría lo mismo con las editoriales independientes, que son las que publican, en líneas generales, la mayor diversidad de títulos, con apuestas de riesgo, promoviendo pensamientos alternativos o escritores emergentes”, agrega.

A pesar de que los proyectos aún no se aprueban, según María Mazzocchi, autora chileno-argentina que reside en el país trasandino, incluso desde los debates presidenciales de 2023 comenzó una especie de incertidumbre. “La gente se asustó y dejó de comprar libros. Por supuesto que no se ven esenciales para la situación, pero son necesarios, sobre todo en estos tiempos de tantos cambios, de tanta incerteza”, reflexiona. Mazzocchi tenía una librería de barrio en Coghlan, en Buenos Aires, pero por lo mencionado, tuvo que cerrarla hace algunos meses. “Hacíamos talleres, conversatorios, era un lugar de encuentro bien bonito con la gente del lugar. Fue muy triste, pero no podíamos mantener el proyecto”.

Cecilia Fanti, autora, librera y vicepresidenta de la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), aporta: “Del libro solo hay una ley afectada, pero la ley general bota un poco la vitalidad del país. Esta ley –22.542– no tiene aporte fiscal, es un acuerdo que se hizo hace muchos años para crear un mercado justo, a diferencia de otros atropellos que se hacen en otras áreas, que sí involucran dinero del Estado”.

Sofía Rey de la librería Las Perlas Rojas, ubicada en CABA, al respecto, comparte: “El libro es un objeto de venta y todos tenemos que pagar las cuentas al final del día, pero tiene mucho más detrás de eso, en parte lo que peligra es la bibliodiversidad. El libro tiene un papel muy importante en Argentina porque la gente lee mucho, a la gente le gusta consumir cultura, es parte su vida cotidiana”. Además, agrega: “Me parece que no es la forma de solucionar ninguno de los problemas, no da a lugar cortar tantas cosas, porque quita la esperanza a futuro, solo hay una sensación de desolación que no ayuda a nadie”.

El teatro es otra de las áreas que se ha visto afectada. El Instituto Nacional del Teatro (INT) es uno de los organismos que se planeaba eliminar, sin embargo, según los dictámenes recientes, la medida no seguiría su curso. De todas maneras, estos dichos no encontrarán formalidad y fidelidad hasta el próximo martes 30 de enero, cuando se formalicen las conversaciones en el Congreso sobre la ley ómnibus. Muchas de las instalaciones, sobre todo de lugares alejados de la capital, funcionan en gran parte gracias al sustento estatal, que les permite tener en funcionamiento espacios de recreación y bienestar, para personas de todo el país.

“Tenemos una larga trayectoria de un desarrollo cultural sostenido, acompañado por el Estado, de otra manera sería imposible”, comenta Laura Vinaya, Secretaria general del Instituto Nacional del Teatro (INT). “Tenemos que estar explicando que la cultura es importante, somos un faro cultural en el mundo, por el fomento al área, no se le está quitando el pan de la boca a la gente, ni los medicamentos”, argumenta.

“La cultura de este país tiene una historia tan grande, sensible y arraigada, que va a ser imposible que se haga pequeña. Incluso durante la pandemia, el Estado fue el que nos ayudó a mantener nuestros espacios funcionando, esperamos que siga siendo así”, finaliza.

Juan Manuel Correa, miembro de la Asociación Argentina de actrices y actores, por su parte, comenta: “El arte que se genera en los teatros, forma actores, para cine, televisión, para las plataformas, es una pieza esencial del engranaje”. En ese sentido, el fomento al área actoral sirve incluso para exportar artistas que podrían ver una expansión en sus carreras, según comenta Correa.

El proyecto original de la ley ómnibus planteaba modificaciones al artículo 21 de la conocida como Ley de Cine, que establecía cambios en el financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). No obstante, frente al ajetreo que causó la idea y el bajo respaldo, el gobierno libertario desistió de intervenir dicho artículo y mantener su modo actual de financiamiento.

De esta forma, el INCAA seguirá recibiendo un monto indeterminado de dinero que proviene de un impuesto del 10% sobre el precio de las entradas de cine, el 10% del precio de venta de ‘videogramas grabados’ –como DVD’s– y el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

“Desde el Instituto, los trabajadores celebramos el compromiso de los sectores y de la población en apoyo a la cultura, hoy vivimos en la incertidumbre sobre qué ocurrirá con las políticas culturales y con nuestras fuentes de trabajo”, explica una funcionaria del INCAA, en reserva.

Tras la pandemia, el escenario para el cine ha sido muy complejo, explica Virma Molina, directora y productora de cine, quien integra la organización Realizadorxs Integrales de Cine de Argentina (RDI) y Cine Argentina Unido. “Más allá de que el gobierno anterior tuvo o no errores, hay una realidad que es irrefutable, que es lo que está pasando. Es difícil, porque también hay mucha bronca, porque el gobierno anterior tampoco hizo las cosas bien. Se ha perdido el sentido común”, indica.

“Es todo muy perverso”, dice Molina sobre las modificaciones que ingresó el mandatario. Desde su vereda, no confía en que después no se pueda volver a instaurar su proyecto original. “Hay muchas películas que le molestan a este gobierno, porque generan un pensamiento crítico”, agrega.

Entre exposiciones de cine gratuitas, el gremio del cine sigue atento a lo que pasa en el Congreso argentino.

A raíz del descontento general, autoridades de las distintas áreas artísticas han hablado con los diputados argentinos, expresando las afectaciones que podrían producirse en la cultura. Es por esto, que salir a la calle ha sido una de las demostraciones de unión esenciales.

“Lo colectivo es más importante que lo individual”, señala el músico Rohdenburg de la UMI. “Terminamos uniéndonos en una causa que es común, porque necesitamos el mayor apoyo para intentar frenar los avances de los proyectos, porque terminarán por destruir la cultura”, agrega Mazzocchi.

En 24 de enero fue el Paro Nacional convocado por la CGT, a este se unieron miles de personas de los distintos sectores. Correa, de la Asociación de actores y actrices, reflexiona: “Produce mucha angustia volver a casa en la noche y tener que vivir una situación que no habíamos previsto. Hay mucha fuerza en encontrarse con un montón de colegas, todos juntos, con alegría. Soñamos con que mañana vamos a recuperar los espacios, la esperanza colectiva es muy importante en estos momentos de incertidumbre”.

Al respecto, se ha suscitado un amplio debate en la opinión pública argentina, donde también algunos sectores han cuestionado que la escena artística sigue recibiendo un amplio financiamiento, tomando en cuenta que desde el propio gobierno se ha subrayado que hoy las prioridades son otras.

De hecho, el propio Milei defendió la “ley ómnibus” ante las críticas de los artistas: “O financiamos películas que no mira nadie o damos de comer a la gente”, sentenció tajante en una reciente entrevista con radio Rock and Pop.

De hecho, reiteró que en las cuentas del Estado “no hay plata” y afirmó que por eso debe elegir “adónde van” esos recursos, al responder los cuestionamientos de artistas por el desfinanciamiento de la actividad cultural que implicarían muchas de las medidas de la ley ‘Bases’.