La acción judicial que remece a Los Prisioneros: Jorge González se querella contra Miguel Tapia y su exmánager

Hacia diciembre de 2019, dos meses después del estallido social en que los temas de Los Prisioneros se convirtieron en banda sonora de marchas y manifestaciones, la relación entre Jorge González y Miguel Tapia atravesaba una tregua de pleno afecto y cordialidad.

“Estoy contento de que toquen esas canciones”, le escribía por esos días vía WhatsApp el cantante al baterista, en alusión al proyecto que Tapia tenía por ese entonces con el otro exintegrante del trío sanmiguelino, Claudio Narea, y donde precisamente revivían composiciones del desaparecido conjunto.

Tapia le respondía que él estaba “eternamente agradecido” de lo que habían logrado como una de las agrupaciones más relevantes del rock local y que siempre se encargaba de mencionarlo en las entrevistas. Mientras González lo trataba de “Miguelito” y de “hermano”, su excompañero lo llamaba “viejo querido” y en alguna oportunidad le dedicó un “te quiero mucho”.

Mientras González le recordaba el antiguo amor que tenían por The Clash, Tapia no se olvidaba de grupos como los alemanes Kraftwerk. Incluso varias veces Tapia le propuso ir a visitarlo a su departamento en San Miguel, donde reside desde 2016, ya retirado de la música luego del accidente isquémico cerebeloso diagnosticado el año anterior y que le dejó graves secuelas en el habla y en su motricidad.

A tanto llegó la sincronía que, por esas mismas fechas de fines de 2019, González le lanzó una propuesta que parecía reescribir la historia:

-Miguelito, juntemos a Los Prisioneros para echar a Piñera. Y que no se haga una constitución trucha. Dile a Claudio.

-Puta! Me encantaría -fue la inmediata respuesta de Tapia a través del WhatsApp-. Si nosotros reunidos pudiéramos hacer algo sería fantástico. Una declaración o algo grande. Sería súper fuerte para nuestro país en este momento tan importante que estamos viviendo.

El intento no prosperó, pero figura entre las tentativas más concretas que han existido en los últimos años para reunir a la banda de parte de sus propios integrantes. Pero también algo más: es la muestra de confianza de dos viejos amigos que se conocieron en 1979 como adolescentes y compañeros del Liceo 6 de San Miguel y que sobrevivieron juntos la gloria de Los Prisioneros en todas sus etapas, hasta 2006, cuando la banda se desintegró con ellos dos como únicos miembros originales.

Sin embargo, hacia mediados de 2020, retornaron las diferencias y toda la camaradería se vino al piso. Ya no hubo más bandera blanca ni saludos fraternos. Una serie de asuntos relativos a la administración del patrimonio de Los Prisioneros volvió a distanciar a González de Tapia, y generó una fractura que nunca más ha vuelto a sanar.

El quiebre deriva por estos días en una de las tramas más ásperas en la historia reciente del trío: Jorge González presentó este martes 6 una querella criminal en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra quien parecía su camarada de toda la vida, Miguel Tapia. Pero no es el único.

La acción judicial también está interpuesta en contra de otro exaliado y amigo, el conocido ejecutivo discográfico de origen uruguayo afincado en Chile Alfonso Carbone, su representante durante los últimos años de su carrera en solitario, precisamente cuando en 2015 sufrió el problema de salud que cambió para siempre su vida.

La ofensiva legal -que ya fue declarada admisible- está a cargo de un equipo liderado por el penalista Giorgio Marino, el experto en litigios Andrés Pérez y el también penalista Andrés Iturra. Por lo demás, apunta a “todos aquellos que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores” de los delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso y administración desleal. Todo aquello, según el texto, se cometió en perjuicio y menoscabo de González. En lo concreto, el cantautor habría sido engañado para firmar una serie de acuerdos que buscaban rentabilizar y explotar el patrimonio de Los Prisioneros.

El hecho no sólo escribe otro capítulo amargo en el destino de los hombres de El baile de los que sobran. También clava la lápida sobre cualquier posibilidad de verlos otra vez juntos como en los días en que despacharon su leyenda.

El origen de los acontecimientos data de fines de 2001, el año en que González, Narea y Tapia retornaron como Los Prisioneros con dos shows en el Estadio Nacional. Sólo semanas después de esos históricos conciertos, el 27 de diciembre, los tres músicos junto al mánager con el que forjaron su carrera, Carlos Fonseca -fallecido en octubre del año pasado-, constituyeron una sociedad mediante escritura pública denominada Producciones Artísticas Los Cuatro Luchos Limitada.

El propósito de dicha sociedad apuntaba a la interpretación y producción musical; la organización y realización de espectáculos; y la fabricación, edición y comercialización de todo tipo de reproducciones artísticas y otros bienes.

En paralelo, Alfonso Carbone oficiaba como director del sello Warner Music Chile y tenía un vínculo de cercanía con Fonseca. Por tanto, decidieron que todo el material discográfico que lanzarían en el retorno sería a través de Warner. El acuerdo incluyó el disco en vivo Estadio Nacional (2002), que recogía los conciertos de resurrección; el álbum homónimo de 2003, donde venían temas como Ultraderecha o San Miguel; y Manzana (2004), el último registro del conjunto.

En esas circunstancias, González comenzó a conocer más en profundidad a Carbone -quien eso sí no formaba parte de la sociedad- y empezó a consolidar una paulatina amistad, la que años después llevaría al directivo a convertirse en su mánager, además de un hombre de confianza con el que planificaban hasta vacaciones.

En julio de 2004, Narea decidió retirarse de la sociedad. Había salido en malos términos de la banda el año anterior y sus diferencias con González se tornaron irreconciliables. De esa manera, vendió sus derechos y dejó como únicos socios a González, Tapia y Fonseca.

Su salida produjo diversas diferencias entre los restantes involucrados, por lo que el propio González pidió en 2006 poner término a la sociedad, ya que no tenía ganas de seguir adelante con dicho pacto comercial. La sociedad se disolvió, aunque no se pudo concretar la liquidación de la misma debido a que no existieron los acuerdos necesarios entre sus miembros. Sin embargo, recién una década más tarde, en 2016, el autor de La voz de los 80 solicitó el término de giro ante el Servicio de Impuestos Internos, fecha desde la cual la sociedad quedó impedida de seguir realizando actividades de todo tipo.

Tras su accidente cerebrovascular de 2015, el cantante se concentró en su proceso de recuperación y se retiró de los escenarios en 2017 con un show en la Cumbre del Rock Chileno en el Estadio Nacional. Por ese entonces, Carbone ya trabajaba como su representante. Eso sí, tras ese concierto, Carbone tuvo un fuerte altercado en camarines con el hermano del cantante, Marco González Ríos, por lo que a partir de ahí se fue alejando de su rol. El espacio lo tomó el propio Marco González, quien empezaría a manejar su carrera en su etapa del retiro.

Bajo esa vida alejada de los micrófonos, en abril de 2019 el músico se mudó por unos meses a Quillota, donde comenzó un tratamiento en una cámara hiperbárica que produjo notables avances en su salud. Se trataba de una exhaustiva terapia diaria de rehabilitación integral realizada en el Centro Médico Oxígeno y que consistía en kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, gimnasia y oxigenoterapia hiperbárica.

En ese mismo período en que residía en Quillota, Carbone, pese a que ya no era su representante, le propuso editar el material fonográfico producido por Los Prisioneros en la disuelta sociedad Los Cuatro Luchos. Según consta en la querella, González rechazó de inmediato la propuesta, ya que en particular no quería volver a relacionarse con Carlos Fonseca, por considerar que no había tenido un buen manejo como administrador y representante legal de la antigua sociedad, sumiéndola en diversos problemas administrativos y contables. Carbone, según relata el texto, estaba enterado de esos antecedentes, ya que el propio González se los había comentado en reiteradas ocasiones.

Sin embargo, el ejecutivo insistió en su idea, garantizando que las nuevas publicaciones se harían de forma seria, resguardando sus intereses artísticos y patrimoniales, asegurándole que este proyecto no significaría bajo ningún aspecto reanudar vínculos contractuales con sus excompañeros y socios. Los exinvolucrados en la desaparecida sociedad sólo autorizarían la edición de esos fonogramas, sin que se firmaran nuevos convenios o se levantaran otras sociedades.

González finalmente aceptó, confiado además en el compadrazgo de años que tenía con Carbone, aunque con la expresa condición de que su hermano Marco supervisara la iniciativa, revisara los acuerdos y negociara en su nombre las regalías por las ventas.

Por lo mismo, Carbone llegó hasta Quillota el 19 de julio de 2019 para pedirle su firma en un documento que autorizaba la fabricación de discos de Los Prisioneros. Además, le dijo que su abogado había gestionado que la firma se realizara en su domicilio, por lo que no era necesario que se trasladara a la capital a realizar dicho trámite en una notaria de modo más formal.

A su vez, Carbone le comentó a González que aprovecharía de llevarle un segundo documento para su firma: un escrito en el que la productora audiovisual Parox solicitaba la rúbrica de González para entregarle un pago pendiente de US$50 mil por concepto de derechos autorales desprendidos del uso de 12 canciones que se utilizarían para la nueva serie Los Prisioneros que la plataforma de streaming Movistar finalmente estrenaría en 2022.

Antes de firmar ambos documentos, el hombre tras Muevan las industrias le preguntó a Carbone si su hermano Marco había visado los textos, a lo que el uruguayo respondió afirmativamente. Confiado en aquello, González firmó y estampó su huella en los escritos. Eso sí, la demanda establece que la realidad fue otra: Marco González no había leído ni autorizado lo que su hermano estaba aprobando.

“Dichos documentos se firmaron de manera totalmente informal, en horario de almuerzo, sin la presencia de un ministro de fe y sin haberse leído, puesto que como está dicho, Carbone le aseguró al señor González que ya habían sido revisados por su representante y hermano don Marco González Ríos”, dice la querella.

Cuatro meses después, el 7 de noviembre de 2019, González se enteró a través de un comunicado y de publicaciones en prensa que debutaba en la web el sitio Planeta Prisionero, donde se informarían los proyectos discográficos que resucitarían a la banda y se pondrían a la venta los álbumes que había acordado con Carbone. Él aparecía como uno de los gestores de ese espacio virtual. Es más: el cantautor se enteró que tras la iniciativa se había constituido la nueva sociedad San Miguel Spa, donde él también aparecía como accionista junto a Carbone, Fonseca y Miguel Tapia.

Eso sí, González no había sido informado en ningún momento de la creación de esta sociedad ni había aprobado su inclusión en ella.

¿Qué pasó entonces? El escrito judicial establece que Carbone habría engañado al cantante cuando le hizo firmar los dos documentos meses antes en Quillota. “En este punto quedó claro que, de los documentos que Carbone había hecho firmar a mi representado (usando el supuesto visto bueno de su hermano Marco González), la firma puesta en uno de ellos fue utilizada con dolo para forjar falsamente la matriz de una Escritura Pública de constitución de sociedad (San Miguel Spa), en concierto con los demás querellados”, dice.

La querella también relata que la escritura pública de la nueva sociedad tiene la expresión “ante mí” por parte de un notario público, a quien se identifica como Juan Ricardo San Martín Urrejola. González en Quillota nunca firmó los documentos ante un notario. Por tanto, la querella también es contra tal funcionario.

Ante todo el embrollo, González le pidió explicaciones vía WhatsApp a Carbone y Tapia. El primero “negó de forma descarada la existencia de la nueva sociedad San Miguel, negativa en la que insistió en reiteradas ocasiones, señalando con la más absoluta desfachatez, en sus respuesta, que siempre había obrado de buena fe y en favor del señor González”, dice la querella.

Por su lado, el baterista le respondió que pensó que Carbone seguía siendo su mánager y que este último decía contar con un poder por parte de González que le permitía materializar tales acuerdos. El intérprete les pidió a ambos que no siguieran adelante con la sociedad San Miguel.

Tapia también le aseguró que debían reunirse con un abogado para aclarar todo el tema. La reunión nunca se produjo. González le insistió a Carbone y al propio Tapia que le enviaran todo el detalle de la sociedad San Miguel. Según la querella, durante meses, no se la enviaron. “(…) dejando en claro que estos tres últimos (Fonseca, Carbone y Tapia) obraban en bloque y de consuno contra los intereses de mi representado”.

Sólo en agosto de 2020, casi un año después, Tapia finalmente le envió los escritos a su excompañero, quien comprobó que había sido sumado al proyecto sin su consentimiento y su voluntad.

A partir de ahí, el círculo cercano del cantautor detectó un segundo documento en donde aparecía su firma y su huella, esta vez rotulado como Disolución, Liquidación y Declaración Producciones Artísticas Los Cuatro Luchos Limitada, del que González tampoco habría tenido conocimiento ni incumbencia. Según la querella, Carbone nuevamente había utilizado una de las firmas de Quillota para otra clase de objetivo.

Para evitar una escalada judicial, González les ofreció al resto de los involucrados disolver y liquidar rápidamente la sociedad San Miguel. Para ello, en diciembre de 2021, se acordó una junta extraordinaria de accionistas, por lo que Tapia y Fonseca despacharon a González una citación, aunque esta iba con la dirección equivocada de su casa.

“Sabían que no correspondía a su residencia”, puntualiza la acción judicial.

Sin la presencia del cantante, en tal encuentro Carbone informó su salida de la sociedad, mientras que Tapia y Fonseca se autodesignaron con amplias facultades, como únicos administradores de la entidad, “excluyendo por completo al autor, compositor y productor de toda la obra de Los Prisioneros (…), en lo que a la postre representó otra deleznable maniobra de estos sujetos, para perseguir su verdadero interés, cual era, perjudicar al señor Jorge González y apropiarse del trabajo de toda su vida (…)”.

La sociedad San Miguel logró importantes contratos que significaron amplios ingresos por la discografía de Los Prisioneros. Por ejemplo, en septiembre de 2019 llegaron a un acuerdo con la compañía española Altafonte, a quienes entregaron la distribución comercial, promoción y marketing del catálogo de Los Prisioneros. Por los derechos en territorio español, la empresa les adelantó US$80 mil. La querella dice que nada de ese monto fue rendido o entregado a González.

A fines de ese año, también suscribieron un contrato de fabricación y distribución exclusiva con el sello de origen chileno Al abordaje muchachos. El trato incluía pagar regalías del 30% a San Miguel Spa por la venta de fonogramas, mientras que Al abordaje muchachos conservaba un 70% de las utilidades de explotación. Al abordaje muchachos ha lanzado en el último tiempo abundante material de los sanmiguelinos, como casetes, CDs y vinilos.

Eso sí, Al abordaje muchachos está formada por dos personas jurídicas: AGC Musica Spa y Al por mayor media Spa. “Lo escandaloso es que el único socio de AGC Musica Spa es justamente Alfonso Carbone, el mismo que había asegurado que la sociedad San Miguel Spa no existía”, narra el texto. O sea, Carbone, pese a que se había retirado de la sociedad San Miguel, seguía teniendo injerencia en el catálogo de Los Prisioneros a través de Al abordaje muchachos.

Sin recibir ninguna ganancia de estas tratativas, el exlíder del trío siguió insistiendo con la desaparición de la sociedad San Miguel Spa, agregando que se le entregaran las regalías y los beneficios que ella había generado. Los otros involucrados se negaron, pidiéndole que él pagara los honorarios de las auditorías respectivas para resolver esos detalles.

Según cercanos al músico, el tema lo ha afectado profundamente en los últimos meses, por lo que se vio en la obligación de recurrir a la justicia para reparar lo que considera un engaño de personas que alguna vez fueron sus amigos más íntimos. Entre otros aspectos, le duele la actitud pasiva que tomó Tapia en el conflicto.

Desde 2020, casi no ha vuelto a tener contacto con él. Pese a que González le siguió pidiendo explicaciones por lo sucedido, su excompañero le respondió el 30 de agosto de ese año: “no me escribas más, porque no te voy a responder”. Desde 2023, el baterista ha presentado un proyecto en solitario donde revive composiciones de su exbanda, sobre todo del período del álbum Corazones (1990). Por otro lado, la sociedad San Miguel Spa sigue funcionando.

“Queremos que se repare el daño patrimonial y moral que se ha causado al señor Jorge González en las difíciles circunstancias por las que ha atravesado en los últimos años y de las que los querellados se han aprovechado vilmente”, remata la demanda.

Con Jorge González distanciado desde hace años de Narea y hoy enfrentado a Miguel Tapia a través de esta querella, el cortocircuito en el mundo de Los Prisioneros es total y parece irreversible.